La relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Gina Romero, denunció a través de su cuenta en X la situación de la libertad religiosa y de asociación en Nicaragua.
“Nicaragua ha prohibido más de 16,500 procesiones religiosas, expulsado a decenas de sacerdotes y monjas, y cancelado la personalidad jurídica de más de 1,300 organizaciones religiosas. Junto a otros expertos de la ONU, exigimos al Gobierno que ponga fin a esta represión”, escribió la experta.
Romero también se refirió al caso del pastor Efrén Vílchez López, de quien afirmó “lleva años preso en condiciones que apuntan a tortura: sin insulina, sin Biblia, sin luz natural, con hematomas visibles”.
Asimismo, señaló que “las líderes laicas Carmen Sáenz y Lesbia Gutiérrez estuvieron desaparecidas forzadamente por meses”.
En su mensaje, la relatora sostuvo que “reprimir procesiones, confiscar iglesias y exiliar a líderes religiosos no es gobernanza, es la destrucción sistemática del espacio cívico y de la libertad de reunión y asociación”. Además, instó a que “Nicaragua debe liberar a todos los presos políticos y religiosos”.
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Envían denuncia a dictadura de Ortega
Romero adjuntó a su publicación la comunicación oficial AL NIC 5/2025, fechada el 30 de marzo de 2026, suscrita por representantes de cinco mandatos de derechos humanos de Naciones Unidas y dirigida al Gobierno de Nicaragua.
En el documento, los expertos expresan su preocupación por un “patrón amplio y persistente de graves violaciones de derechos humanos”, que incluiría “violaciones del derecho a la libertad de religión o de creencias, discriminación contra comunidades religiosas, detención arbitraria y desaparición forzada, malos tratos y tortura, privación arbitraria de la nacionalidad, exilio forzado, censura, clausura y confiscación de bienes, y represión de manifestaciones y expresiones religiosas pacíficas”.
La comunicación sostiene que, desde al menos 2018, Nicaragua habría “institucionalizado un patrón de severa represión religiosa dirigida contra instituciones y voces religiosas”, afectando a iglesias católicas, protestantes, evangélicas y bautistas, entre otras.
Asimismo, los expertos señalan que entre 2018 y julio de 2025 “se habrían prohibido más de 16,560 procesiones y actividades religiosas”. El documento también indica que 1,311 organizaciones religiosas habrían perdido su personalidad jurídica mediante “procesos carentes de transparencia, de salvaguardias administrativas y de debido proceso”.
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El documento también señala un patrón de exilio forzado de líderes religiosos. Según los expertos, desde 2018 las autoridades habrían implementado una estrategia de represión que incluiría “censura litúrgica, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, exilios forzosos, confiscaciones, vigilancia y restricciones administrativas”.
En relación con el pastor Efrén Antonio Vílchez López, la comunicación recoge denuncias sobre sus condiciones de detención y señala que testimonios de antiguos presos políticos y conclusiones del Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua “señalan una alta probabilidad de que esté siendo sometido a tortura”.
En esa oportunidad, los expertos también solicitaron al régimen información sobre las condiciones de detención de Vílchez López, las restricciones impuestas a procesiones y otras manifestaciones religiosas, así como la cancelación de la personalidad jurídica de más de 1,300 organizaciones religiosas.
Ortega y Murilllo siempre han negado las denuncias
Pese a que el régimen de Daniel Ortega ha rechazado reiteradamente las acusaciones de persecución religiosa y sostiene que en Nicaragua existe libertad de culto, en los últimos años organismos internacionales, líderes religiosos y organizaciones de derechos humanos han denunciado restricciones crecientes contra las actividades de las iglesias y otras expresiones de fe.
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Entre las denuncias más recurrentes figuran la prohibición de procesiones y actividades religiosas públicas, la vigilancia policial dentro y fuera de los templos, el destierro y expulsión de sacerdotes, obispos y monjas, así como la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones religiosas. También se ha denunciado el impedimento de ingreso al país de Biblias y otros materiales religiosos.
Durante la Semana Santa 2026, numerosas actividades religiosas se realizaron bajo estrictos controles y limitaciones impuestas por las autoridades. Diversas parroquias celebraron viacrucis, procesiones y otras expresiones de religiosidad popular únicamente dentro de los templos, en medio de una fuerte presencia policial y restricciones a las manifestaciones públicas de fe.
