El Colectivo 46/2 —una coalición de organismos no gubernamentales internacionales y nicaragüenses— abordó a través de una rueda de prensa con personas defensoras de los derechos humanos, nicaragüenses y de organizaciones internacionales, la situación actual del país y propuso que las Naciones Unidas creen un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas, a fin de contribuir a la solución pacífica de la crisis.
El Colectivo insta a las Naciones Unidas a través de su Consejo de Derechos Humanos y de los estados que lo componen, que se cree un mecanismo internacional de investigación y rendición de cuentas compuesto por expertos que investiguen las graves violaciones de derechos humanos que se han producido en el país desde abril de 2018, así como sus causas estructurales y que identifiquen a los perpetuadores de dichas violaciones al derecho internacional.
La propuesta es que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas oriente la creación de este mecanismo en su próxima reunión en marzo de 2022.
Antes de marzo, el 14 de diciembre se darán a conocer las últimas informaciones recibidas por la alta comisionada sobre el país.
«Estado de decepción»
Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, manifestó que no existe Estado de derecho en el país, recordando la detención de opositores, el cierre de organismos no gubernamentales y otras acciones con las que el presidente Daniel Ortega consolidó un «Estado de decepción».
«La violación sistemática a los derechos humanos, la impunidad y la imposición de una narrativa oficial que exime al Estado y sus agentes de los crímenes cometidos son parte de las acciones gubernamentales para mantenerse en el poder», indicó Arce.
Por su parte Olga Valle, de Urnas Abiertas, remarcó que no se puede reelegir a un gobierno señalado de crímenes de lesa humanidad. «No se puede permitir un precedente de impunidad tan grande en la región latinoamericana y en el mundo. No se dan las condiciones de respeto mínimo a los derechos humanos para hablar de elecciones este 7 de noviembre», señaló.
Delitos contra las mujeres antes de 2018
Karina Sánchez, de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos, indicó que antes del 2018 ya las mujeres habían señalado violaciones a sus derechos de parte del gobierno de Daniel Ortega.
«Mucho antes del inicio de la crisis de 2018 las defensoras de derechos humanos y feministas denunciaron la deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, como también denunciaron su misoginia, su corrupción y su carácter neoliberal», dijo Sánchez.
Asimismo detalló algunas de las características en las que se encuentran los opositores detenidos en los últimos meses, destacando el aislamiento de otros reos, sus familiares y sus abogados, lo que es considerado delito de lesa humanidad.
Violaciones a derechos de comunidades indígenas
María Luisa Acosta, del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (Calpi), se refirió a las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, haciendo referencia a los ataques de hombres no indígenas que vienen ejecutando desde el año 2015.
«Recientemente la reacción de la Policía Nacional lejos de resolver el asunto ha dejado más preguntas que respuestas al incriminar a miembros de estos pueblos indígenas como supuestos responsables de los ataques contra sus mismos pueblos», remarcó Acosta.
Tania Gosti, del Instituto Internacional de Raza, Igualdad y Derechos Humanos, indicó que hay tres resoluciones sobre Nicaragua emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, pero es momento que responda de manera «contundente» en su próxima reunión en marzo de 2022.
