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El más reciente informe sobre Nicaragua que presentó Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), durante el 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), ofrece una visión comprensiva de la crisis de los derechos humanos en el último año.
El documento es resultado de un trabajo difícil, porque al no tener acceso al país se realiza de manera remota y sin dejar de aplicar la rigurosa metodología aprobada en esa materia. Tampoco cuenta con la colaboración del régimen Ortega Murillo, que cesó su participación en el CDH.
Pese a los obstáculos, evaluó la situación a la luz del derecho internacional y de la legislación nacional; y determinó que existe un persistente y alarmante deterioro del respeto a los derechos humanos y al Estado de derecho. También, una realidad marcada por el temor a las represalias, de parte de las víctimas y testigos de las graves violaciones, que dificulta aún más su labor.
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El informe destaca la profundidad de la reforma que, mediante un proceso anómalo que no cumplió con el procedimiento establecido para un cambio de tal calado, modificó o derogó 185 de los 198 artículos de la Constitución anterior.
Esto equivale a una reforma total que, al reducir los poderes Legislativo, Judicial y Electoral a entidades subordinadas a la Presidencia, conculcó la indispensable independencia de los poderes del Estado que garantiza la democracia.
Reforma contribuyó al agravamiento
Con la reforma, el incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos quedó constitucionalmente ratificado. Establecieron un modelo de Estado totalitario y centralizado, que eliminó protecciones fundamentales a los derechos humanos, entre ellas la prohibición de la tortura y derechos esenciales al debido proceso.
Al eliminar entre otras medidas, la prohibición de la censura y otorgar al Estado amplias facultades para controlar el contenido de los medios de comunicación y redes sociales, conculcaron aún más la libertad de expresión y de prensa.
El análisis detalla minuciosamente que la nueva Constitución desmanteló las normas que garantizaban el funcionamiento de una República democrática, y elevó a rango constitucional prácticas arbitrarias y abusivas que ya utilizaban.
También aborda la restricción de espacios cívicos y democráticos, de los derechos a participar en asuntos públicos, la libertad religiosa, la libertad e integridad personal y a juicios justos. Incluso, los derechos de los pueblos indígenas, y los económicos, sociales, culturales y de género, que continúan seriamente afectados.
Es especialmente preocupante que, en los patrones de violencia y amenazas utilizados durante la detención y reclusión de personas consideradas opositoras que ACNUDH documentó, en 16 destacan la violencia sexual, torturas físicas y malos tratos.
La descripción de los vejámenes refleja prácticas inhumanas. Diferentes formas de tortura diseñadas para causar dolor extremo, que dejan fuertes secuelas a las víctimas; y refleja las duras condiciones carcelarias que enfrentan los presos políticos, muchos de ellos en condición de desaparición forzada.
Nicaragua fabrica apátridas
El ACNUDH puso especial énfasis en la restricción del derecho a la libertad de movilización y a la nacionalidad. Documentó 52 casos de nicaragüenses a quienes, en el último año, les negaron arbitrariamente el ingreso al país, tanto por tierra como por aire. Ellos no recibieron ninguna notificación oficial y tampoco contaron con medios para impugnar la prohibición, ya que ordenan directamente a las líneas aéreas y empresas de transporte terrestre que no los trasladen.
Además, revela que la mayoría de afectados no denuncia estos abusos, por temor a represalias contra sus familiares que están en Nicaragua. Esto sugiere que la cifra de personas a las que impidieron ingresar es mayor. Incluso, un dirigente del sector turístico detalló a un medio de comunicación nicaragüense que ya afectaron a más de 7,000 personas con esta prohibición.
Esa cifra tampoco incluye a miles de nicaragüenses que, al negarles servicios consulares para renovar sus pasaportes, los convirtieron en apátridas de facto. Ellos se suman a los cientos que expulsaron del país y despojaron de su nacionalidad en forma expresa. Con estas prácticas la dictadura Ortega Murillo convirtió a Nicaragua en una fábrica de apátridas.
La Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) reconoce la labor del Alto Comisionado y de su personal residente en Panamá, por su compromiso para seguir denunciando las contravenciones a normas internacionales de respeto a los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, en un contexto internacional adverso para defenderlos y protegerlos.
Además, considera que el informe permite conservar la esperanza de que en el futuro los nicaragüenses recibiremos protección internacional y llevaremos ante la justicia a los responsables de estos abusos.
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*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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