Avión a punto de despegar. Foto: Archivo.

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ONU documentó negativa de entrada al país a 52 nicaragüenses y expulsión de 156 en un año

El informe advierte que las medidas adoptadas han tenido un fuerte impacto en la niñez, con casos de separación de menores de sus familias

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El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (Acnudh) documentó 52 casos de nicaragüenses a quienes el régimen negó el retorno al país entre el 15 de junio de 2024 y el 15 de junio de 2025, según el informe presentado este martes en el marco del 60 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La ONU advierte que las negativas de retorno y las expulsiones arbitrarias provocaron separaciones familiares, incluyendo la de al menos diez niños respecto a sus padres o abuelos. En tres casos, los menores quedaron desamparados después de que a sus familiares se les denegara la entrada.

El informe señala que la mayoría de las víctimas de esta medida del régimen Ortega-Murillo prefirió no denunciarla por temor a represalias, lo que sugiere que la cifra real podría ser mayor.

De los 52 casos documentados, 27 corresponden a mujeres y 25 a hombres, incluyendo siete personas indígenas. Acnudh detalla que la mayoría no recibió una decisión oficial ni tuvo acceso a mecanismos para impugnar la medida.

«Las empresas de transporte privado comunicaron estas decisiones de las autoridades, a menudo por correo electrónico, e impidieron el embarque», señala el informe.

Por otro lado, el informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN), presentado este martes, documentó 318 casos de negativas de ingreso al país entre junio de 2018 y agosto de 2025.

El dictador Daniel Ortega (izquierda) y Luis Cañas (derecha), viceministro del Interior. Es señalado de ser cómplice en la negativa de ingresos al país y la expulsión de nicaragüenses. Foto: Presidencia.

Pedir permiso para viajar

El documento destaca que, desde las reformas impuestas con la nueva Constitución sandinista, se introdujeron disposiciones vagas sobre “traición a la patria” que permiten despojar de la nacionalidad a opositores. A esto se sumó la aprobación de una nueva Ley General de Migración el año pasado, que amplió las causales de pérdida de ciudadanía y restringió el derecho a entrar o salir del país. Sobre esa base jurídica, el régimen ejecutó expulsiones y negativas de ingreso.

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Por otra parte, aunque no precisó la cantidad exacta de denuncias, Acnudh asegura que continuó documentando casos de personas obligadas a solicitar autorización a funcionarios del régimen para viajar al exterior.

En algunos casos, según el informe, se prohibió específicamente la salida del país y se procedió a la confiscación de pasaportes.

Apatridia

También se documentaron casos de denegación de servicios consulares a personas que la dictadura percibe como opositoras, e incluso a quienes previamente ya se les había negado el retorno. En concreto, se restringió el acceso a certificados de nacimiento, estudios y renovación de pasaportes.

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Según el informe, se registraron 29 casos desde 2021, aunque se estima que la cifra real sea mucho mayor.

En un caso, una persona pidió la emisión de un certificado universitario, la renovación de su cédula de identidad y una copia de su acta de nacimiento. Las autoridades respondieron que no figuraba en ningún registro oficial, negándole en la práctica el acceso a documentación esencial relacionada con su identidad legal, calificaciones profesionales y cualquier vínculo con la nacionalidad nicaragüense.

156 expulsiones

El informe reportó 156 expulsiones de Nicaragua: 79 hombres y 77 mujeres, incluyendo ocho indígenas. Esta cifra incluye a los 135 excarcelados políticos que el régimen Ortega-Murillo expulsó el 5 de septiembre de 2024 y envió a Guatemala, revocándoles posteriormente la nacionalidad.

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Esto significa que, además de los 135 excarcelados desterrados el año pasado, Naciones Unidas documentó otras 21 expulsiones más. A estas personas, según el informe, se les prohibió posteriormente regresar al país bajo amenaza de detención.

«Ninguna recibió una decisión por escrito ni acceso a mecanismos de apelación. Muchas eran percibidas como opositoras políticas, incluidas periodistas, artistas, figuras religiosas y personas que habían ejercido la función pública»; refleja el informe, que cita el caso del periodista Henry Briceño, de 75 años, quien fue despojado de sus pertenencias y llevado por la fuerza a la frontera con Costa Rica para ingresar al vecino país del sur por puntos irregulares.

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