LA PRENSA ha confirmado varios casos de nicaragüenses a quienes la dictadura de Daniel Ortega les ha impedido ingresar al país, aunque estas personas tenían una vida común y corriente en Nicaragua, sin problemas políticos ni aparente relación con opositores.
Diferentes fuentes confirmaron los casos de personas a quienes en los últimos días se les informó que las autoridades de Nicaragua les negaron el ingreso al país, con lo cual tuvieron que dar marcha atrás a su viaje de retorno.
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Aunque la política de destierro de facto del orteguismo no es nueva, lo que se sabe es que este año, sobre todo en las últimas semanas, ha arreciado.
Entre 5 y 15 al día
El medio 100% Noticias informó este jueves 30 de enero que la expresentadora de televisión Valeria Sánchez fue una de las afectadas con la medida represiva. «Sánchez tenía previsto regresar al país esta semana, pero en el counter de la aerolínea le informaron que su ingreso había sido negado», afirmó el medio.
El activista nicaragüense radicado en Estados Unidos, Ronmel López, publicó en sus redes sociales que contactos en las aerolíneas Avianca y Copa le confirmaron que al menos 15 personas al día reciben la notificación de no poder regresar a Nicaragua, aunque solo habían viajado por un fin de semana.
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«Muchos no podemos entrar a Nicaragua y esto no solo afecta a opositores, sino también a ciudadanos comunes». «Muchos no lo denuncian por miedo, pero es una realidad alarmante», escribió López.
LA PRENSA supo, por medio de fuentes cercanas a Migración, que el promedio al día es de cinco personas y que el patrón del destierro de facto es por publicaciones en redes sociales, incluso las antiguas.
Asimismo se supo de algunos casos de personas que estaban ligadas familiarmente a opositores, pero nunca se han metido en política ni se consideraban en la mira del régimen, porque no eran cercanos.
«Fábrica de apátridas» arreció en 2023
En 2023, el régimen de Ortega arreció el impedimento de entrada al país a ciudadanos nicaragüenses que volvían de vacaciones, viajes de trabajo, por motivos médicos, entre otros.
Al inicio pasó con periodistas, opositores, críticos, familiares de presos políticos o cualquier persona que en algún momento mostró alguna crítica u oposición a las políticas del régimen, sin embargo con el tiempo se fue aumentando a personas sin vinculaciones opositoras.
Muchos decidieron denunciar en redes sociales, pero otros deciden callar por temor a represalias en contra de sus familias que se quedaron en el paós. Esta situación, para defensores de derechos humanos, ha convertiido a Nicaragua en una fábrica de apátridas.