Cada semana en Nicaragua se conocen casos de personas a las que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les niega la entrada a su propio país. Muchos denuncian en redes, pero otros deciden callar por temor a represalias en contra de sus familias que se quedan aquí. Esta situación, para defensores de derechos humanos, ha convertido a Nicaragua en una fábrica de apátridas.
Los casos públicos de apatridia incluyen a los 317 nicaragüenses a quienes la dictadura les quitó la nacionalidad —entre ellos 222 ex presos políticos a los que desterró a Estados Unidos, los 94 nicaragüenses que en su mayoría ya se encontraban en el exilio y el obispo encarcelado Rolando Álvarez— en febrero pasado. Sin embargo, antes y después ha implementado como método represivo prohibir el ingreso o retorno a Nicaragua a decenas de ciudadanos, lo que implica un destierro de facto.
Con esta decisión los ha obligado a permanecer en otros países con dificultades y obstáculos legales y económicos, pues en Nicaragua han dejado todo, no por decisión sino por imposición.
Lo que dejan
Dejaron a sus familias, incluyendo hijos menores de edad, sus bienes, sus trabajos y todo lo que con esfuerzo construyeron a lo largo de sus vidas. Los adultos mayores que están fuera del país atraviesan problemas económicos debido a que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) se ha apropiado de sus pensiones y sus ahorros en el sistema bancario nicaragüense han sido confiscados.
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La apatridia también ha afectado directamente a los niños, niñas, y adolescentes debido a que la situación de sus padres o madres dificulta la reunificación familiar y limita el acceso a los derechos fundamentales como nombre, nacionalidad, educación y salud.
“Día a día de manera institucionalizada y sistémica vienen agregando apátridas a todos aquellos que le niegan ilegítimamente su ingreso al país y los obliga a permanecer en el extranjero sin protección estatal, desconociendo su nacionalidad nicaragüense convirtiéndolos en apátridas de hecho, a los cuales cuando se les venzan sus documentos van a quedar totalmente sin identificación válida, es decir no van a poder determinar su identidad y estarían sometidos en una situación que difícilmente podrán establecerse esos países”, denunció uno de los desterrados, bajo la condición de anonimato por temor a represalias.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos —de la que Nicaragua es firmante— establece en el artículo 22, inciso 5, que “nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo”. Nicaragua ratificó este tratado el 25 de septiembre de 1979, escasos meses después desde que el propio Ortega quedó como coordinador de la Junta de Gobierno, tras la revolución que derrocó a la dictadura somocista.
Sin embargo, desde el estallido de las protestas antigubernamentales que fueron aplacadas a punta de la represión estatal sumergiendo al país en una grave crisis sociopolítica desde abril 2018, Ortega ha violado sistemáticamente todo acuerdo o estatus internacionales firmados.
Más de 300 apátridas de hecho
El secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh), organización con sede en Argentina, Danny Ramírez-Ayérdiz, explicó a LA PRENSA que hay una especial preocupación por los apátridas de hecho o facto.
“Apátridas de hecho son todos los que han sido expulsados de Nicaragua, y a aquellos que no los dejaron entrar al país y sus documentos se han vencido, hay una gran cantidad, más de 300 personas que han sido devueltas de Nicaragua o ni siquiera los han dejado abordar el avión, y eso es una situación que le compete al Acnur resolver”, subrayó el defensor, en referencia a la Agencia de la ONU para los Refugiados.
De acuerdo con Ramírez-Ayérdiz, ellos “lamentablemente son invisibilizados porque el foco está en los apátridas y exiliados. Lamentablemente a los que no los han dejado entrar a Nicaragua no se le toma con la relevancia que se debería tomar y por eso le pedimos a Acnur que lo visibilice”.
En una declaración, Calidh denunció que “existe una voluntad clara del Estado de Nicaragua de crear una desmejora de las condiciones de vida de los adultos mayores desterrados y apátridas, conductas propias del terrorismo de Estado y que están prohibidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
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La situación que viven apátridas de hecho es más dramática que la de los propios desterrados y exiliados, respectivamente en EE. UU., y países como Costa Rica, Colombia, Perú, España, Suiza, Argentina, entre otros.
“Lo triste es que además de que deben empezar de cero en los países de acogida forzosa. Es importante mencionar que no es lo mismo que decidás exiliarte a que te obliguen a estar en una nación distinta a la tuya. Ese país te tiene que acoger de manera forzada e incluso los trámites migratorios son más difíciles porque (las autoridades de Migración) en pleno siglo XXI no se puede imaginar que tu propio país no te esté dejando entrar. Generalmente las leyes migratorias no contemplan este tipo de situaciones, así que a este tipo de apátridas les va peor en términos jurídicos”, denunció el defensor.
El papel que debe tomar Acnur
La declaración de urgencia de Calidh, respaldada con 133 firmas de connacionales despojados de su nacionalidad, exiliados, representantes de organizaciones, entre otros, fue enviada a Acnur y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
En la comunicación enviada le solicitan al alto comisionado de Acnur que establezca una política de alto nivel de coordinación entre su oficial (sede) y las regionales, asimismo que las últimas respondan en tiempo las peticiones de refugio, asilo o protección internacional y finalmente, que en el marco de su mandato “inste a los Estados que han ofrecido asilo, refugio o nacionalidad a que hagan más rápido los tramites, porque solo así se puede ejercer los derechos plenos en las naciones de acogida forzosa”.
Sobre lo solicitado a Acnur, Ramírez-Ayérdiz manifestó que en cuanto a los apátridas es importante que Oacnudh tome nota y establezca una política de coordinación con Acnur, para que “se comuniquen con los otros Estados para que se sigan buscando alternativas para los apátridas y asimismo que utilizara sus buenos oficios para hablar con las cancillerías de los países”.
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Los nicaragüense que son expulsados, forzados a emigrar o impedidos de retornar a su país, son víctimas del delito de deportación o traslado forzoso de personas conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma —que ha sido ratificado por 111 países y Nicaragua es uno de los cuatro países de América Latina que aún no lo ha firmado— en concurso con el delito de persecución.
“Todas las expulsiones que ha cometido el Gobierno de Nicaragua son constitutivos de crímenes de lesa humanidad, y por eso el régimen de Ortega está en doble falta porque está violando los tratados de derechos humanos de los que es parte. En el ámbito de derecho penal internacional, los altos funcionarios que toman las decisiones de la expulsión forzada son crímenes de lesa humanidad porque es un desplazamiento no voluntario de la persona”, dijo Ramírez-Ayérdiz.