La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos (Ley 977), que expulsa al poder judicial y al Consejo Nacional de Microfinanzas (Conami) del Consejo Nacional Anti-Lavado de Activos y Contra el Financiamiento al Terrorismo y Contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Consejo Nacional ALA).
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A la vez, esta reforma solicitada por el dictador Daniel Ortega integra al Consejo Nacional ALA al comisionado general en retiro de la Policía, Horacio Rocha, en calidad de Ministro Asesor del Presidente de la República para Asuntos de Seguridad, y al viceministro del Ministerio del Interior, Luis Cañas.
La reforma fue particularmente al artículo 6 de la Ley, que crea el Consejo Nacional ALA ahora con 9 miembros, entre los que se mantiene al Ministro de Hacienda y Crédito Público, la Procuradora General de la República, el Fiscal General de la República, el Director General de la Policía Nacional, el Superintendente de Bancos y de otras Instituciones Financieras y el Director de la Unidad de Análisis Financiero. El Presidente del Banco Central también es un nuevo miembro del Consejo Nacional ALA.
Antes de la reforma eran 10 miembros. También se sacó al Ministerio Público y el Ejército Nacional del Consejo Nacional ALA.
Ejecutores de acciones represivas
Horacio Rocha y Luis Cañas son dos leales a la dictadura de Ortega y su esposa, Rosario Murillo. Ambos son ejecutores de acciones represivas tanto contra los opositores, como contra los mismos trabajadores públicos, funcionarios orteguistas y policías que traicionan al régimen.
Particularmente el comisionado general Rocha ha estado al frente de la purga en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que ha significado dejar inoperante ese poder del Estado, porque apartó de sus funciones a todos los magistrados judiciales, incluyendo a la presidenta del poder judicial, Alba Luz Ramos, quien permanece en su casa, bajo vigilancia judicial. Esta acción contra la CSJ también significó decenas de despidos de trabajadores del poder judicial en todo el país.
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Mientras que el Ministerio del Interior es la institución encargada de cancelar a cientos de Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL/ONG), muchas de estas en manos de opositores, que también han sido despojadas de sus bienes y propiedades. El Ministerio del Interior también ha tenido que ver con la detención y encarcelamiento de opositores.
Otro instrumento para reprimir
El opositor y ex preso político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, quien además es uno a quien la dictadura robó sus bienes, dijo que con esta reforma la Ley 977 se consolida como otro instrumento represivo de la dictadura Ortega Murillo, porque las acusaciones de lavado de dinero han sido uno de los argumentos para encarcelar a críticos y opositores, incluyendo obispos y sacerdotes de la Iglesia católica.
“Con esta reforma que hace la dictadura elimina todo tipo de supervisión básicamente bancaria, microfinanciera en este caso o judicial, y se consolida más como un aparato represivo, para acusar a activistas como lo ha venido haciendo en el pasado o incluso también miembros de la iglesia Católica que han sido acusados de lavado de dienero”, dijo el opositor.
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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó el miércoles 24 de abril la reforma a la Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (Ley 977).
El Legislativo es otra institución bajo el total control de la dictadura Ortega Murillo, así que no tienen obstáculos para aprobar las leyes y decretos que envía el Ejecutivo.
