«A Ricardo Martinelli, amigo, misión cumplida (…) se acabó la persecución política en este país», fue lo que el derechista y hombre de confianza del expresidente condenado, José Raúl Mulino, mencionó en su discurso tras haberse alzado con la victoria en las elecciones en Panamá. Ante este escenario, expertos no dudan que el gobierno electo buscará arreglar la situación de Martinelli.
Aunque Mulino ganó las elecciones, la situación de Martinelli aún está en manos del gobierno de Laurentino Cortizo —quien ha mantenido una postura crítica por el asilo político que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo le otorgó al expresidente refugiado en la Embajada de Nicaragua en Panamá—, por lo que sin duda todo dependerá de la decisión que Cortizo tome de aquí al traspaso de poder que debe realizarse el próximo 1 de julio.
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Previo a las elecciones, el caso de Martinelli —condenado en su país a diez años y ocho meses de cárcel por blanqueo de dinero en el caso New Business— provocó tensiones en las relaciones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua, al punto que el gobierno de Cortizo llamó a José de Jesús Martínez, su embajador en Managua, a consultas.
¿Qué puede hacer Cortizo?
Frente a la postura de Cortizo al asilo de Martinelli, el experto en derecho internacional, temas de integración y catedrático de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Murillo Zamora, afirmó que existen dos escenarios que podrían ocurrir en Panamá, ambos tienen que ver con las relaciones diplomáticas entre ambos países.
«El primero es que el gobierno de Cortizo, en lo que le queda, decida romper las relaciones con Nicaragua. En ese caso, una vez que la misión diplomática nicaragüense tenga que salir de Panamá, en ese momento Martinelli tiene que salir de la Embajada y sería detenido inmediatamente», apuntó Murillo Zamora.
A su vez, explicó que la otra posibilidad es que Cortizo no rompa las relaciones diplomáticas y cuando asuma Mulino la Presidencia, este «le otorgue el salvoconducto y se inicie un proceso para reducción de la pena de Martinelli».
El profesor titular de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia, explicó a LA PRENSA que el tema del salvoconducto a Martinelli se mantiene sobre la mesa y previo a las elecciones de todos los candidatos era Mulino el que figuraba como el único que se lo otorgaría.
«No hay la menor duda, la probabilidad que Mulino le otorgue el salvoconducto son totales, versus la amnistía o indulto presidencial, que es complejo porque estamos hablando de un caso de delito común, se puede, pero no es tan sencillo», valoró Tapia.
¿Qué le conviene a Martinelli?
Murillo Zamora opinó que si el gobierno electo busca reducirle la pena puede significar que «no iría a prisión, que puede cumplir los años de condena en arresto domiciliario y no necesitaría el salvoconducto porque a Martinelli no le sirve salir del país».
Una valoración similar tiene Tapia, quien recalcó que «lo que está a la luz del día es el salvoconducto, pero yo supongo que Martinelli pedirá una amnistía para que no tenga que salir del país, porque si sale eso no le cuenta a él para efecto de la medida, la decisión legal, en otras circunstancias sigue con la deuda en el país. Es la solución más difícil, pero la que le resolvería el problema a Martinelli y su libertad para salir de la Embajada. Si no es el salvoconducto, hay que pensar que están buscando la amnistía, pero es más complicado».
En Panamá el indulto presidencial se encuentra establecido en la Constitución Política en el numeral 12 del artículo 184, que dice así: «Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos de delitos comunes».
De hecho, en un artículo publicado en La Prensa de Panamá, el analista político panameño Rodrigo Noriega, apuntó que lo que establece la Constitución «significa que el indulto presidencial solo puede ser por delito político, que no es el caso del delito de blanqueo de capitales —de Martinelli— que es un delito común».
Aunque Noriega en su escrito destacó que la otra opción es la legislativa con la aprobación de una Ley de Amnistía por parte de la Asamblea Nacional. «Esta ruta presupone que un gobierno de José Raúl Mulino contaría con la mayoría legislativa necesaria de 36 diputados para aprobar dicha ley. Asumiendo que este escollo sea superado, como lo fue durante el mandato de Martinelli, cuando su fuerza legislativa pasó de ser minoritaria a convertirse en una aplanadora legislativa», indicó.
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En ese sentido, mencionó que «si se tienen los votos para aprobar la Ley de Amnistía, entonces se enfrentaría a la limitante que establece la Constitución en su artículo 159 numeral 6, que establece entre las funciones de la Asamblea Nacional la siguiente: ‘Decretar amnistía por delitos políticos’. Esto significa que una Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional tampoco cubriría a los delitos comunes como el blanqueo de capitales».
Tapia dijo a LA PRENSA que en cuanto al control del gobierno de Mulino a la Asamblea «ahorita se está definiéndose, de antemano se sabía que no había control por ningún partido, hay unos que tienen más que otros, pero no hay un control, de hecho el del partido de Mulino no lo tiene, ahí la cosa se complica, ahí tienen que decidir por consenso».
Cómo pagará el «favor» a Ortega
Como era de esperarse tras el triunfo de Mulino, la dictadura salió al encuentro saludando y expresando su «interés de trabajar juntos».
«Confiamos en Dios que nos permita trabajar juntos (as) por la unión de nuestros pueblos y gobiernos alrededor de soluciones para mejorar en todo sentido la vida de las familias y alentar la energía optimista de nuestras juventudes», indica la misiva firmada por Ortega y Murillo.
Tapia mencionó que aunque está muy claro de que «obviamente Ortega no dio el asilo por solidaridad política», ahora se tendría que «ver cuáles son las condiciones de ese asilo».
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En esa misma línea, el analista político y exdiplomático nicaragüense, José Dávila, mencionó que «Martinelli y el gobierno que él va a influenciar le deben un gran favor a Ortega, porque le hizo evadir la justicia al darle cabida en la Embajada de Nicaragua sin ser asilado político, sino un corrupto sentenciado. Hay que ver cómo le va a cobrar Ortega ese favor».
Murillo Zamora, expresó que sin duda «Ortega debe estar pensando que salvó a Martinelli de no estar en prisión y le debe un favor que de alguna forma se lo va a cobrar a Martinelli, y este va a presionar a Mulino, tal vez algún negocio no como país, sino en términos personales».
El escenario político en Centroamérica
A pesar del «favor» que el régimen le hizo a Martinelli, quien permanece refugiado en la Embajada de Nicaragua en el país canalero, la postura o acercamiento del gobierno de Mulino, de acuerdo con los expertos, será con los gobiernos de derecha y social-demócratas, «nunca con los de izquierda».
«Ideológicamente no creo que el gobierno de Mulino tenga una alianza con Nicaragua, eso no, no está en la agenda. Hay que tomar en consideración las expresiones de Estados Unidos frente al caso de Martinelli, el asunto del salvoconducto podría eventualmente abrir tensiones con Estados Unidos», indicó Tapia, experto panameño.
A su vez, afirmó que el gobierno de Mulino no va a tener buenas relaciones con la dictadura nicaragüense. «Hasta allá Mulino no va a llegar, es un gobierno de derecha, muy de derecha. Aliado con Nicaragua, eso ni soñarlo».
El experto costarricense Murillo Zamora, por su parte, mencionó que aunque hasta ahora no se sabe si va a haber por parte del gobierno de Mulino un acercamiento o no a la dictadura «él puede decir que el compromiso fue de Martinelli con Ortega (…) A Mulino no le sirve empezar con su gobierno acercándose a Ortega porque podría causarle mucha presión por parte de EE. UU.».
En cuanto a cómo queda el escenario político en Centroamérica, Tapia indicó que la Administración de Mulino «sería aliado de los gobiernos de derecha y socialdemócratas, nunca de los gobiernos de izquierda como el de Nicaragua y Honduras. El caso salvadoreño dependerá de la coyuntura».
Fuera del país Ortega sigue viéndose como un «líder» de la izquierda, sin embargo, académicos e incluso mandatarios representantes de las izquierdas latinoamericanas han dicho que la ideología con la que comulga Ortega es la de la represión y la violación a los derechos humanos.
Murillo Zamora apuntó que el aliado número uno de Panamá en Centroamérica sería Costa Rica debido a que «en dependencia de cuál sea el gobierno, Costa Rica y Panamá mantienen una alianza porque hay un triángulo entre Panamá, Costa Rica y República Dominicana, por eso le será difícil que Mulino cambie ese esquema. Otros aliados van a depender un poco».
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El analista político y exdiplomático nicaragüense, Dávila, dijo que en Centroamérica «se va a dar un equilibrio precario, yo califico a este nuevo presidente como un personaje con cierto autoritarismo populista de derecha, un poco parecido a Nayib Bukele, de El Salvador, y vamos a tener dos países que no van a querer tener problemas con Ortega y van a mantener una posición neutral, distante».
