La Corte Suprema de Justicia (CSJ) está funcionando únicamente como recepción de un cúmulo de recursos de casación, que están estancados tras pasar por la ventanilla de la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (Ordice). Estos recursos no pueden seguir su curso habitual por la ausencia de magistrados.
Diferentes fuentes han confirmado que los diez magistrados que quedaban activos, de los 16 que conforman la Corte, todos están en sus casas, incluyendo a Alba Luz Ramos, la presidenta que desde octubre pasado fue apartada de su cargo, y Marvin Aguilar, vicepresidente y hasta el mes pasado «secretario político» de la Corte.
En abril de 2014 fue la última elección de magistrados de la CSJ que realizó la Asamblea Nacional como lo manda la Constitución, desde entonces, tres han fallecido y tres han renunciado. El Legislativo no ha vuelto a convocar para elección de magistrados, a pesar que nominalmente el período es de cinco años.
Según las fuentes, todos están bajo vigilancia policial, luego de haber sido retenidos e interrogados en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía orteguista, lugar conocido como el nuevo Chipote, donde también pasaron los más destacados opositores a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, antes de ser desterrados y desnacionalizados.
La redada policial en la CSJ fue ejecutada bajo el mando del comisionado en retiro de la Policía, Horacio Rocha. También se ha sabido que Fidel Moreno, el poderoso secretario general de la Alcaldía de Managua, ha estado detrás de los eventos de la CSJ.
«Centenares de expedientes acumulados y estancados»
Como es habitual, los abogados están llegando al Complejo Judicial Central de Managua con las regulares solicitudes legales de sus defendidos para revertir las sentencias condenatorias de los jueces tanto en lo civil como en lo penal. Una vez que pasa la apelación, queda un último recurso que se conoce como casación en materia legal. Incluso la Fiscalía puede recurrir de casación, recurso que debe ser decidido por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Una fuente relacionada con el ámbito judicial, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, relató que tras semanas de estancamiento de los recursos de casación han sido inevitables las expresiones de reclamo y frustración de los abogados. Ante los insistentes cuestionamientos a Ordice, la respuesta reiterada ha sido que es mejor dejar los escritos, para que sean priorizados «cuando elijan a los nuevos magistrados».
La Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos es una ventanilla ubicada en el Complejo Judicial Central, en Managua, que recibe los recursos de todas las materias penales y civiles. Cuando llegan a la etapa de casación, los magistrados de la CSJ deben conocerlos, entre estos, casos de narcotráfico, asesinatos, homicidios, parricidios, también casos de propiedades, conflictos por marcas comerciales, todo lo que haya sido llevado a corte judicial y una de las partes haya decidido continuar con el caso. Hay que tener en cuenta que recurren de casación los tribunales de todo el país, por eso la fuente aseguró que son «centenares de expedientes acumulados y estancados».
Ante la actual parálisis en la Corte, tampoco hay incorporación de abogados y notarios recién egresados, ni promesa de testigos. A la vez, están paralizadas las firmas de títulos de abogados y notarios públicos, que le corresponde al presidente y al secretario de la CSJ.
La Ordice es la única que está funcionando, recibiendo los escritos y mandándolos a la salas correspondientes, donde quedan engavetados.
Las salas desde hace años están incompletas
La integración de las cuatro salas de la CSJ desde hace años arrastran limitaciones de magistrados, tras tres muertes y tres renuncias que la dejó «funcionando» con 10 magistrados, quedando legalmente impedida de conocer temas que deben ser vistos en Corte Plena, porque esta se integra con al menos 12 de los 16 magistrados.
Cada sala está presidida por un magistrado y su integración es de seis miembros que en teoría deben ser magistrados, pero debido a las ausencias, desde hace años se ha tenido que recurrir a conjueces, que tras el caos que reina en la Corte prácticamente están ejerciendo la función de magistrados de hecho, según las fuentes.
Salas de la Corte habían quedado desarticuladas
Desde 1995, para una supuesta adminitración más ágil de la justicia, la Corte Suprema ha estado dividida en salas: de lo Civil, de lo Penal, de lo Constitucional, y de lo Contencioso Administrativo. En el año 2000, como parte del pacto Alemán-Ortega, la Corte fue ampliada de 12 a 16 magistrados, cada sala pasó a ser integrada por seis magistrados; luego, en 2004, se conformó el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, conformado por cuatro magistrados que no pueden formar parte de ninguna de las otras salas.
Con solo 10 magistrados en la Corte, también las salas han sido afectadas, lo que ha provocado que algunos de estos presidan en dos salas, como ocurrió en el caso de la magistrada Yadira Centeno, quien estuvo a la cabeza de la Sala de lo Contencioso Administrativo y de la Sala Civil. Las fuentes dicen que después la Sala Civil pasó a manos de Gerardo Arce, hermano del asesor económico de la Presidencia de la República, Bayardo Arce, quien ha estado desaparecido del ojo público desde 2018.
El magistrado Armengol Cuadra ha presidido la Sala Penal y el magistrado Armando Juárez ha sido presidente de la Sala de lo Constitucional. En la actualidad, con Ramos y Aguilar separados de sus cargos, la Corte había quedado con solo ocho magistrados y las salas están desarticuladas.
Intervención de la CSJ
El estancamiento de los trámites judiciales, que se extienden a todas las delegaciones judiciales municipales del país es resultado de seis meses de intervención policial en la CSJ.
La intervención policial de la CSJ implicó el descabezamiento del poder judicial, tras quitar de sus funciones a su presidenta, Alba Luz Ramos, según se conoció en octubre de 2023. Diferentes fuentes estrechamente ligadas al poder judicial aseguraron que Ramos está totalmente separada de su cargo y permanece en su casa bajo vigilancia policial.
«Aunque no ha renunciado ni la han destituido, es un hecho que ya no volverá a la Corte», dijo una de estas fuentes a LA PRENSA.
Tras la separación de Ramos de su cargo, decenas de empleados, secretarias, asistentes y técnicos han sido despedidos de diferentes dependencias judiciales del país. Más de 700 trabajadores del poder judicial fueron despedidos, según las fuentes más conservadoras.
En noviembre de 2023, Ortega mandó a reformar la Constitución Política, para quitarle al poder judicial el 4 por ciento fijo de asignación presupuestaria por ley y también le quitó el control sobre el Registro de la Propiedad, lo que confirmó que ese poder del Estado cayó en desgracia ante la dictadura Ortega Murillo.
Asamblea Nacional no elige magistrados desde hace 10 años
El 10 de abril de 2014, fue la última vez que la Asamblea Nacional de Nicaragua, presidida en ese entonces por René Núñez Téllez (q.e.p.d.), eligió magistrados del poder judicial, por un período de cinco años, según el artículo 162 de la Constitución Política.
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El Legislativo aún funcionaba con un reducido grupo de opositores que cuestionaban las arbitrariedades del régimen orteguista, aunque después de las elecciones generales de 2011 no les alcanzaban los votos para frenar las leyes y reformas que aprobaba sin problema la «aplanadora» del Frente Sandinista (FSLN), que encabeza Ortega.
Las reformas del 2014, reelección continua y períodos «eternos»
En 2014 también entró en vigencia la reforma constitucional que formalmente eliminó la prohibición a la reelección presidencial consecutiva; que Ortega se había saltado cinco años antes gracias a que la misma Corte, en una decisión que tomaron solo magistrados sandinistas una noche, declararon «inconstitucional» dicha prohibición.
Ese fallo abrió las puertas de la reelección presidencial continua de Ortega. En 2009, el poder judicial aprobó la sentencia que le permitió a Ortega violar la prohibición constitucional a la reelección presidencial consecutiva, bajo el argumento de que no permitirle participar en las próximas votaciones presidenciales violaba sus derechos humanos.
Ese mismo año fue reformado el artículo 130 al que se le agregó que «los funcionarios electos por la Asamblea Nacional continuarán en el ejercicio de su cargo después del vencimiento de su mandato para el que fueron electos, hasta que sean elegidos y tomen posesión quienes deban sustituirlos de conformidad con la Constitución Política».
Esto significa que los magistrados judiciales y los magistrados electorales pueden mantenerse en sus cargos aunque ya se haya vencido el período de cinco años para el que fueron electos, eso ocurrió en abril de 2019. En 2022, la Asamblea Nacional, ya bajo el control total del partido sandinista, sin oposición alguna, votó una resolución que ratificó a los 10 magistrados que habían quedado.
El abogado y analista político, Eliseo Núñez Morales, quien era diputado opositor del PLI Iiderado por Eduardo Montealegre en 2014, manifestó que el poder judicial siempre ha sido una institución sumisa a la dictadura orteguista, con mayoría de magistrados sandinistas, quienes nunca se opusieron a las arbitrariedades del régimen. Sin embargo, los magistrados judiciales tenían cierta autoridad que les dejaba maniobrar para sus intereses particulares.
Menos magistrados activos, primeras vacantes fueron por muerte
Tras la crisis sociopolítica de 2018, más el irrespeto de la dictadura a la ley, la CSJ se había mantenido funcionando con al menos 10 magistrados por las renuncias, retiros y muerte de algunos.
Las primeras bajas entre los 16 magistrados judiciales fueron por muertes. El 19 de noviembre de 2014 murió la magistrada sandinista Ligia Molina y dos años después, el 27 de agosto de 2016, murió el magistrado José Antonio Alemán Lacayo, hermano del expresidente Arnoldo Alemán.
El 8 de enero de 2019, el sandinista Rafael Solís renunció al cargo de magistrado de la CSJ a través de una carta, una noticia increíble en su momento por la estrecha relación de confianza entre Solís y el dictador Ortega. Eran tan cercanos que Solís fue el padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo en 2005 cuando finalmente se casaron por la Iglesia.
El mismo año de la renuncia de Solís también dejó el cargo de magistrado José Adán Guerra Pastora, el 9 de abril, un día antes de que se venciera su período constitucional de cinco años.
El 28 de mayo de 2021, la vicepresidenta y esposa del dictador Ortega, Rosario Murillo, confirmó la muerte del magistrado sandinista Francisco Rosales.
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Lo último que se ha confirmado es que el magistrado Marvin Aguilar, otro defensor del régimen orteguista, también fue separado de su cargo en febrero pasado. En octubre del año pasado, a raíz de la separación del cargo de Ramos, Aguilar había firmado documentos como «presidente en funciones» de la Corte.
El abogado y opositor exiliado Yader Morazán, exfuncionario del poder judicial de Nicaragua y que conoció el funcionamiento de la CSJ desde adentro, confirmó que actualmente todos los magistrados judiciales están fuera de funcionamiento y el trabajo judicial está estancado, al punto que no hay quién firme las planillas de pago. Los jueces más leales a la dictadura no han logrado escapar de la purga en el poder judicial, según las afirmaciones de Morazán.
2018 marca un antes y un después
Según Morazán, antes de 2018, el asesor económico de Ortega y comandante de la revolución, Bayardo Arce, era el enlace político entre la Secretaría del FSLN y el personal del poder judicial. Arce mantenía un discurso de «cuidar la imagen del poder judicial, para atraer la inversión al país».
En ese entonces, el poder judicial guardaba las apariencias de neutralidad y apartidismo, mientras que otras instituciones ya habían perdido el pudor de exhibir la bandera rojinegra del FSLN. Después de 2018 eso cambió.
«La convulsión de 2018 tocó todas las esferas del Estado. La percepción que había de otros órganos del Estado con respecto al poder judicial era de cuestionar por qué políticamente hablando ese poder era el menos quemado. Instituciones como las alcaldías, decían que el poder judicial ganaba más y políticamente lo involucraban menos, no era justo, decían algunos. Resulta que a partir de abril (2018), la radicalización hace cambiar los esquemas y las estructuras. Es hasta después de abril que se ve en los pasillos del poder judicial banderas rojinegras, antes no se miraba y en este proceso de radicalización se fue profundizando cada vez más», relató Morazán.
Desde que se comenzaron a conocer las purgas en el poder judicial, se ha estado esperando que la Asamblea Nacional nombre a nuevos magistrados, pero eso tampoco ha pasado.
Secretarios políticos, mediadores del poder
Núñez Morales valoró que con los cambios que está ejecutando el régimen Ortega Murillo «serán los secretarios políticos los que den orden a los jueces».
«El sistema de justicia que ya era de por sí un poder sumiso a las órdenes de Ortega, ahora pasa a ser un apéndice del entramado político de la familia Ortega, serán los secretarios políticos los que indiquen quién tiene la razón y no los jueces y magistrados», manifestó el abogado.
