La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha estado intervenida por la Policía en los últimos cinco meses, al menos eso es lo que se sabe desde que la misma presidenta de ese poder del Estado, la magistrada Alba Luz Ramos, fue apartada de su cargo en octubre de 2023. Después de eso, cualquier cosa podía pasar y ha pasado.
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Decenas de empleados, secretarias, asistentes y técnicos han sido despedidos de diferentes dependencias judiciales del país. Se habla de interrogatorios a los demás magistrados judiciales y que todos fueron apartados de sus funciones. Se dice que el trabajo administrativo está estancado al punto de que no hay quien firme las planillas de pago. Los jueces más leales a la dictadura no han logrado escapar de la purga en el poder judicial.
En noviembre de 2023, Ortega mandó a reformar la Constitución Política, para quitarle al poder judicial el 4 por ciento fijo de asignación presupuestaria por ley y también le quitaron el control sobre el registro de la propiedad, lo que confirmó que ese poder del Estado había caído en desgracia ante la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, vicepresidenta del país.
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Pero, qué pasó para que Ortega y Murillo se hayan ensañado con la CSJ, un brazo represor que ha sido colaboradora clave y necesaria para que ellos se lograran atornillar al poder. En 2009, el poder judicial aprobó la sentencia que le permitió a Ortega violar la prohibición constitucional a la reelección presidencial consecutiva, bajo el argumento de que no permitirle participar en las próximas votaciones presidenciales violaba sus derechos humanos.
Ortega ya había sido presidente por primera vez en los años ochenta, de 1984 a 1990. Tras regresar al poder en 2007, por un período de cinco años, no se podría reelegir en las próximas votaciones de 2011, porque el artículo 147 sólo permitía una reelección no consecutiva, pero los magistrados sandinistas del poder judicial hicieron posible su deseo. Desde entonces, Ortega lleva 17 años en la Presidencia, en los que ha reformado todas las leyes del país, ha centralizado el poder en él y su esposa, a quien designó vicepresidenta en 2016, y ha radicalizado todas sus acciones contra opositores y críticos. La CSJ también ha sido clave en este último aspecto, siendo usada para judicializar, desterrar y desnacionalizar a los opositores más destacados del país.
Feudos y mafías sí, pero solo con autorización
Un abogado y ex funcionario gubernamental que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, dijo que los magistrados de la CSJ habían hecho de ese espacio su feudo, haciendo sus propios negocios, cuidando únicamente que no chocaran con los intereses de la familia Ortega Murillo, «verdaderas mafias donde vendían los fallos o resoluciones y lo más grave no compartían ni informaban de sus ganancias a los dictadores», algo imperdonable para el régimen Ortega Murillo.
«Los Ortega Murillo vieron esto como una amenaza a su propósito de asegurarse una sucesión dinástica, tal vez pensaron que una especie de rueda suelta, con su propio poder económico les pudiera hacer un contrapoder. Previendo este evento los dictadores quisieron dar un ejemplo de que todo el poder solo a ellos les corresponde y que nadie es indispensable, ni se puede permitir debilitar el poder centralizado y total de los mismos, asegurando que la corrupción es permitida solamente si es compartida y expresamente autorizada», manifestó la fuente.
El sometimiendo le asegura lealtad al régimen
El exfuncionario dijo que los magistrados de la CSJ estaban «mostrando un poder parcial que no les correspondía», porque en el sistema autoritario de los Ortega Murillo, ellos se erigen como los únicos dueños de los poderes del Estados, entonces cualquier función es prestada.
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La fuente aclaró que todo eso no significa que la CSJ no estuviera controlada políticamente por los dictadores. «Ellos siempre han autorizado los fallos de importancia para sus intereses tanto institucionales como familiares o los de sus socios o allegados», pero «el operativo para destituir magistrados, investigarlos, encarcelarlos y despedir personal por la vía de hecho, es una muestra de su poder absoluto sobre todo el Estado».
«El modelo totalitario requiere purgas recurrentes como un mecanismo de sometimiento y de terror que asegure la lealtad y obediencia de todos sus servidores, más aún durante un proceso de transición durante el que se pasara el poder del caudillo a sus sucesores», valoró el ex funcionario público.
Murillo toma el control a través de Rocha y Moreno
El abogado y opositor exiliado Yader Morazán, ex funcionario del poder judicial de Nicaragua que conoció el funcionamiento de la CSJ desde adentro, confirmó que las purgas dentro del poder judicial significan el acaparamiento del régimen Ortega Murillo sobre un poder sobre una institución que no supervisaban directamente.
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Según Morazán, antes de 2018, el asesor económico de Ortega y comandante de la revolución, Bayardo Arce, era el enlace político entre la Secretaría del partido gobernante, Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el personal del Poder Judicial. Arce mantenía en el poder judicial un discurso de «cuidar la imagen del poder judicial, para atraer la inversión al país.» En ese entonces, el poder judicial guardaba las apariencias de neutralidad y apartidismo, mientras que otras instituciones ya habían perdido el pudor de exhibir la bandera rojinegra del FSLN. Después de 2018 eso cambió.
«La convulsión de 2018 tocó todas las esferas del Estado. La percepción que había de otros órganos del Estado con respecto al Poder Judicial era de cuestionar por qué políticamente hablando ese poder era el menos quemado. Instituciones como las alcaldías, decían que el poder judicial ganaba más y políticamente lo involucraban menos, no era justo, decían algunos. Resulta que a partir de abril (2018), la radicalización hace cambiar los esquemas y las estructuras. Es hasta después de abril, que se ve en los pasillos del poder judicial banderas rojinegras, antes no se miraba y en este proceso de radicalización se fue profundizando cada vez más», dijo Morazán.
Rafael Solís, exmagistrado de la CSJ, era un leal a Ortega, por eso sorprendió su renuncia y exilio en enero de 2019. En los últimos meses, la dictadura también se ha ensañado contra la familia que aún le queda en Nicaragua, entre ellos su mamá de 93 años, a quien la Policía orteguista sacó de la casa donde vivía en Managua.
Manía Paranoica
La exguerrillera sandinista y opositora desterrada, Dora María Téllez, reconoció que nadie puede afirmar con seguridad qué hay detrás de la purga en el poder judicial, pero lo que sí es notable la paranoia de la dictadura Ortega Murillo.
«Hay una manía paranoica en el poder político, que le hace buscar ese enemigo interno en todas partes y que no deja de tener límites como no deja de tener límites la represión fuera de sus filas. Una vez que se traslada dentro de sus propia estructura, también se convierte en una persecución que no tiene límites y entonces las purgas se van a haciendo cada vez más frecuentes, cada vez más amplias, hasta que el régimen cae pues lógicamente, porque debilita sus propias bases de sustentación», manifestó Téllez.
