Una serie de factores, abusos y errores, habrían conducido a la dictadura de Nicaragua a separar del cargo de “presidente en funciones” del aparato judicial sandinista al magistrado Marvin Ramiro Aguilar García, quien se desempeñaba a la vez como “secretario político” del partido sandinista en ese poder del Estado.
Dos fuentes ratificaron a LA PRENSA que, además de la versión filtrada al medio digital Divergente donde indican que la separación del magistrado se dio por ocultar parte de su patrimonio personal a la pareja dictatorial Daniel Ortega y Rosario Murillo, se sumó el hecho de que Aguilar “desobedeció” instrucciones directas al tratar de integrar a nómina a funcionarios separados de sus cargos en 2023, además de roces y cuestionamientos a órdenes directas de Murillo.
Guillotina pendía desde diciembre
Una de las fuentes, cuya cabeza rodó en noviembre de 2023 precisamente por instrucciones de Aguilar, explicó bajo condición de anonimato que personal del Registro Público de la Propiedad, recientemente despedidos, hizo llegar una denuncia al más alto nivel policial sobre sospechas de propiedades adquiridas irregularmente en los últimos años por Aguilar, mediante manipulación y alteración de datos en los libros y el sistema informático.
“Es algo que ya se venía manejando desde diciembre (2023) en la Corte, que al magistrado lo habían quemado sus propios colaboradores cuando fueron despedidos en la barrida de noviembre pasado”.
“Supuestamente (a Aguilar) le habían dado la oportunidad de esclarecer los hallazgos de las denuncias, pero no ha podido explicar el origen de las propiedades y todo apunta a que hizo negocios a espaldas del Frente y por eso lo están purgando”, dijo la fuente.
De acuerdo a la información filtrada, para proteger la información antes de ser filtrada, Aguilar habría prometido a personal de la Corte que guardaba información sobre sus bienes, que los re-engancharía en otros cargos dentro del Poder Judicial “una vez que se calmen las aguas”, en relación a la barrida interna que en 2023 llevó al despido, demociones y hasta a la cárcel a más de 1,000 funcionarios de todo rango dentro del Poder Judicial.
“Creyó que podía tomar decisiones”
En esa barrida, ejecutada por el re-integrado comisionado general Horacio Rocha, asesor presidencial para Asuntos de Seguridad Rocha y con asistencia directa de Aguilar, cayó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, personal de su confianza, otros magistrados y sus asesores, jueces, secretarios judiciales, personal administrativo, técnicos de informática, funcionarios de Comunicación y hasta conductores y conserjes.
La información de Aguilar ofreciendo “puestos” a personal de su confianza que había sido despedido por órdenes directas de la vice-dictadora Rosario Murillo llegó al despacho de Rocha, quien sumó la denuncia al expediente ya abierto del magistrado.
Otro factor que se sumó a su expediente, fue que Aguilar habría tomado decisiones administrativas como presidente en funciones del aparato judicial, sin consultar la autorización de Murillo a través de Rocha, por lo cual fue amonestado en enero y se le recordó que “toda decisión debe ser autorizada por la compañera”.
“Creyó que podía tomar decisiones por sí mismo y se equivocó”, indica la versión.
Según las fuentes, Aguilar estaba tomando decisiones administrativas por encima del nuevo administrador Roger Eduardo Martínez, quien se quejó y delató a Aguilar “por irrespetar la estructura administrativa decidida por Rosario Murillo”.
¿Traicionaron a Aguilar o cayó en celada?
Tal regaño, aseguran las fuentes, habrían llevado al magistrado Aguilar a cometer el error de “expresar su malestar en privado” a una persona de confianza, sobre “orientaciones erróneas y mala comunicación” de Murillo en torno a la administración de la Corte Suprema de Justicia.
Aunque no se ha determinado si esa persona de confianza traicionó a Aguilar o sus comunicaciones fueron interceptadas, la versión indica que los comentarios del magistrado llegaron a oídos de Murillo, quien desde mediados de enero ordenó a Rocha “mayor vigilancia y control” sobre los movimientos del magistrado.
“Ya desde mitad de enero el magistrado llegaba poco a su despacho, bajó el perfil, dejó de firmar orientaciones y documentos y transmitía órdenes de manera verbal para no dejar huellas. Sabía que lo estaban investigando”, dijo la fuente.
Ya no está llegando a la Corte
El abogado Yader Morazán, ex funcionario del Poder Judicial y hoy exiliado y desterrado político, confirmó a LA PRENSA que el magistrado Aguilar en efecto fue separado de sus funciones y se encuentra bajo investigación.
“Ya no está llegando a la oficina. Le dieron la orden de quedarse en su casa esperando instrucciones”, confirmó Morazán, a quien sus fuentes internas le ratificaron las discrepancias con el administrador designado por Murillo.
“Le fue bajando el gas en los últimos días y sí tuvo un par de encontronazos fuertes (con Martínez), que ya las últimas decisiones que estaba tomando no las hacía por escrito ni las mandaba por correo, sino que daba instrucciones verbales”, dijo.
Aunque había sido notificado de una investigación en contra y ya había bajado el perfil, a Aguilar le notificaron que esperara en su casa las órdenes de Murillo, pero el pasado 19 de febrero quiso ingresar a su oficina y fue impedido temporalmente por agentes de inteligencia enviados a vigilarlo.
Aunque logró entrar a su despacho, se retiró al poco tiempo y entregó su teléfono a los agentes que lo vigilaban. Las fuentes no lograron confirmar si Aguilar fue detenido o llevado a la Dirección de Auxilio Judicial.
“Sin embargo, está separado de sus funciones, quien está ahorita bajo control es Roger Martínez, el secretario general de la Corte”, dijo Morazán, a quien le confirmaron desde dentro del Poder Judicial que en efecto, personal administrativo y confianza de Aguilar ha sido detenido, interrogado y puestas bajo investigación por la policía.
No estuvo en el acto de Sandino
La separación de Aguilar de la cúpula orteguista se reflejó en el acto del 90 aniversario de la muerte del general Augusto C. Sandino (considerado héroe por los sandinistas).
A diferencia del año pasado, en el acto del 89 aniversario, en el que Aguilar compareció a la mesa central como representante del Poder Judicial junto a Alba Luz Ramos y fue saludado oficialmente por Ortega, este año ni Aguilar ni Ramos estuvieron en el evento partidario, donde sí fueron invitados miembros de los otros Poderes junto a la policía y militares.
En el acto solemne de 2023, junto a Ortega y Murillo, estuvieron el sancionado presidente de la Asamblea sandinista, Gustavo Porras; la vicepresidenta de ese Poder, Arling Alonso; Alba Luz Ramos, como presidenta de la CSJ y Marvin Aguilar como vicepresidente.
También asistieron el sancionado general Julio César Áviles Castillo junto a dos miembros de la comandancia; el sancionado primer comisionado Francisco Díaz Madriz y la jefatura del ministerio de Gobernación, Amelia Coronel, Luis Caña, Carla Salinas y Róger Ramirez.
Este año además de Avilés y el mayor general Bayardo Ramón Rodríguez y mayor general Marvin Elías Corrales, estuvieron Díaz, Porras, el sancionado magistrado electoral Lumberto Campbell, la diputada Loria Raquel Dixon, Horacio Rocha y el subdirector de la policía, Zhukov Serrano, junto al tenebroso viceministro del Interior Roberto Cañas Novoa.
No hubo nadie representando al Poder Judicial.
¿Quién era Marvin Aguilar en la CSJ?
Hasta diciembre de 2023, Marvin Aguilar era el magistrado de mayor confianza de la pareja dictatorial Ortega-Murillo en la Corte Suprema de Justicia, donde se desempeñaba como vicepresidente detrás de Alba Luz Ramos y Secretario Político del FSLN a nivel nacional dentro del Poder Judicial.
Su sello de orgullo, por el cual adquirió más respaldo de la dictadura, fue la sanción impuesta por Estados Unidos en diciembre de 2020, cuando el Departamento del Tesoro lo sancionó junto al diputado de Ortega, Wálmaro Gutiérrez y al torturador jefe policial de León, Fidel Domínguez.
Tras la separación de Ramos, también cayeron los magistrados Yadira Centeno y Virgilio Gurdián; ahora que cae Aguilar, de 16 magistrados con que opera la Corte Suprema de Justicia solo quedan activos pero sin poder tomar los siguientes: Juana Méndez, Armengol Cuadra López, Gerardo Arce Castaño, Armando Juárez López y Ellen Joy Lewin Downs (todos sandinista), y Manuel Martínez Sevilla (liberal).
