La desconfianza de la dictadura de Daniel Ortega en sus propios adeptos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) mantiene estancado el trabajo administrativo regular en ese poder del Estado, debido a la ausencia de altos funcionarios judiciales y administrativos que han sido separados de sus cargos, según fuentes relacionadas con el poder judicial y extrabajadores en el exilio.
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El abogado y extrabajador del poder judicial de Nicaragua, Yader Morazán, confirmó que todos los trámites de la CSJ están suspendidos hasta nuevo aviso, lo que incluye el pago de liquidaciones laborales y trámites de los abogados y notarios.
#LoÚltimoCSJ | Quedan suspendido todos los trámites en la Corte Suprema de Justicia hasta nuevo aviso, incluyendo el pago de liquidaciones laborales y trámites de los abogados y notarios. Los magistrados(as) siguen suspendidos de facto y sin poder tocar un solo expediente.
— Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) March 13, 2024
Morazán también aseguró que los magistrados judiciales siguen suspendidos de facto y sin poder tocar un solo expediente, lo que está retrasando el ya pesado trabajo burocrático del poder judicial. Todo este congelamiento del trabajo administrativo del poder judicial está teniendo repercusión en la labor de abogados y notarios públicos.
Otro abogado nicaragüense en el exilio, quien habló bajo condición de anonimato, manifestó que esta situación en el trabajo judicial “vuelve infuncional a la CSJ” o “al menos más lenta en sus funciones” de administración de justicia.
Bajo la dictadura de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo se castiga todo tipo de crítica y todo indicio de traición y deslealtad a la pareja de dictadores, lo que ha generado una persecución de sus propios militantes y adeptos dentro de la función pública. Lo que se ha sabido es que magistrados judiciales han sido enviados a sus casas bajo vigilancia policial y otros trabajadores han sido despedidos y algunos llevados a interrogatorios en dependencias policiales.
Intervención policial desde 2023
Desde octubre de 2023, se conoció que la CSJ fue intervenida por la Policía orteguista, un operativo que ha estado a cargo del comisionado general en retiro, Horacio Rocha, y que ha significado la separación de Alba Luz Ramos del cargo de presidenta de la CSJ y el despido de decenas de trabajadores, abogados, secretarios, asistentes en todas las dependencias del poder judicial en el país.
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Tras esta intervención policial, se realizaron reformas constitucionales que le quitaron atribuciones al poder judicial, entre estos el control del Registro Nacional de la Propiedad y la asignación presupuestaria mínima del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República.
Algo que ha confirmado la gravedad de lo que ocurre en el poder judicial es la ausencia de magistrados judiciales en los actos públicos del dictador Ortega, donde generalmente se acompaña de sus leales.
Recientemente se conoció que el magistrado Marvin Ramiro Aguilar García, quien se desempeñaba como “secretario político” del partido gobernante en el poder judicial, también fue separado de su cargo por ocultar parte de su patrimonio personal.