Los despidos e investigaciones a empleados del poder judicial se extendieron a otras sedes municipales, tras la barrida en la sede nacional de Managua, capital del país, que implicó incluso apartar de su cargo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, quien permanece en su casa bajo supuesto arresto domiciliario.
Fuentes locales reportaron despidos en las sedes judiciales del municipio de Siuna, Caribe Norte, y Bluefields, en el Caribe Sur de Nicaragua.
Según fuentes locales de la ciudad caribeña Bluefields, este jueves 2 de noviembre hubo tres secretarias despedidas en el Complejo Judicial de esa ciudad: de Apelaciones, Seguridad Interna y Actas.
«A todas les quitaron el celular y sin darle ninguna explicación, solo les dijeron que estaban despedidas y les entregaron sus cartas de despido. No les dijeron nada de liquidación. Fueron a las únicas que les pidieron llegar ayer (2 de noviembre) que sabemos que no debían llegar porque era asueto con goce de salario para el Estado», relató la fuente.
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Dos de las secretarias que despidieron no participaban en las actividades del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a pesar que la dictadura de Daniel Ortega obliga a participar a los trabajadores del Estado. Tampoco ponían la bandera sandinista en sus puestos laborales. La otra despedida sí participaba en todo y aún así fue purgada.
Las tres fueron citadas este viernes en la estación de Policía de Bluefields desde las 8:00 a.m. Las familias de las despedidas se mantienen afuera de la estación policial esperando que salgan.
En las últimas semanas se ha conocido que decenas de empleados de la CSJ de Managua se encuentran bajo investigación e incluso bajo arresto arbitrario en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial, mejor conocida como el Chipote.
La misma presidenta del poder judicial, Alba Luz Ramos, fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales. Lo mismo ocurrió con las magistradas Yadira Centeno González, Adda Vanegas Ramos, Martha Leiva Ayón, Martha Quezada Saldaña y otros funcionarios en cargos de poder.
