La ausencia de la magistrada orteguista Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSE) de su oficina, luego de haber sido interrogada por la Policía orteguista, ha generado zozobra en el edificio de este poder estatal.
El abogado Yader Morazán, exfuncionario del poder judicial exiliado en Estados Unidos, reveló que policías vestidos de civil llegaron este martes al edificio de este poder del Estado en busca de Ramos y este miércoles ni Ramos ni su hija, quien es su asistente, se presentaron a trabajar.
“El día de hoy (ayer) llegó la Policía de civil al edificio de la presidenta del poder judicial de Nicaragua, magistrada Alba Luz Ramos, para que la acompañaran a interrogatorios. No se sabe su paradero actual. A su hija-asistente no le dejaron sacar ni sus pertenencias de la oficina”, informó Morazán este martes a través de la red social X (antes Twitter).
Mientras que esta mañana, Morazán dio a conocer que “la magistrada presidenta del poder judicial de Nicaragua y todo su personal, incluyendo a su hija-asesora que hoy no llegaron a trabajar”.
LA PRENSA conoció que el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, quien funge actualmente como asesor presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo, sacó este martes de su oficina a Ramos y la mandó junto con su personal para sus casas. En su lugar dejaron a otras personas, pero no se sabe bajo qué funciones.
Las intervenciones y posibles cambios a la dirección del poder judicial se vienen cocinado desde hace meses. En enero de 2022, LA PRENSA conoció que Ramos dejaría el cargo, que ocupa desde 1988 y pasaría a otra institución. Sin embargo, esto no se hizo oficial.
Asimismo, la dictadura mantiene orden de restricción migratoria contra Ramos, al igual que a otros funcionarios públicos.
Sin aliados dentro de la CSJ
El círculo de confianza de Ramos en el poder judicial se ha ido reduciendo, tras la detención y destierro de cuatro personas que eran de su total confianza: el vocero Roberto Larios, el asesor Moisés Astorga, la asistente María José Camacho y su hermano Hans Camacho Chévez, quien tenía el cargo de responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones.
Todos ellos fueron acusados por los delitos de “traición a la patria” y desterrados a Estados Unidos el pasado 9 de febrero, en el grupo de los 222 excarcelados políticos.
Otro funcionario de confianza de Ramos era Berman Martínez, quien cayó en desgracia tras ser destituido como secretario administrativo de la Corte. Antes le habían quitado el cargo político del FSLN en ese poder del Estado.
