La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, en su cacería de funcionarios de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), purgó a las magistradas orteguistas Martha Leiva Ayón y Martha Quezada Saldaña, la última es conocida como la jueza que en mayo de 1998 archivó la acusación por abusos deshonestos y violación continuada que Zoilamérica Ortega Murillo interpuso en ese año contra su padrastro, el dictador Daniel Ortega.
Quezada fungía como presidenta de la Sala Penal Dos del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), y Leiva como presidenta del Tribunal de Apelaciones de Masaya. Fue el exfuncionario del poder judicial y experto en administración de Justicia, Yader Morazán, quien dio a conocer la caída de ambas orteguistas.
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«Pese a que los adeptos al régimen se resisten a creer en el Efecto Bumerán de corridos del Poder Judicial y justifican las ‘ausencias’ con ‘renuncias voluntarias’ y subsidios, debo de decirles que se echan a las magistradas sandinistas Martha Quezada y Martha Leiva. Quezada fue quién rechazó el proceso de desadopción que promovió Zoilamérica en contra de Daniel Ortega», escribió Morazán en su cuenta de la red social X.
El excandidato a la Presidencia y ex preso político desterrado a Estados Unidos, Juan Sebastián Chamorro, reaccionó en su cuenta de X diciendo: «Mal paga el diablo…».
La lista interminable
Con las más recientes magistradas destituidas de sus cargos, la lista de funcionarios del poder Judicial pica y se extiende. Alba Luz Ramos, presidenta de la CSJ, fue de las primeras funcionarias en caer, tras una visita inusual de oficiales de la Policía orteguista en su oficina el pasado 24 de octubre.
LA PRENSA conoció que el comisionado general en retiro, Horacio Rocha, quien funge actualmente como asesor presidencial de Ortega y Murillo, sacó de su oficina a la magistrada Ramos y la mandó junto con su personal para sus casas.
Un día después, la magistrada orteguista Yadira Centeno fue desalojada de su oficina en el alto tribunal y enviada a su casa. Ella fungía como presidenta de la Sala Civil y de Familia de la CSJ y tiene 27 años siendo magistrada, confirmó Morazán.
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Asimismo, la magistrada Adda Benicia Vanegas Ramos, de la Sala Penal Especializada en Violencia y Justicia de Adolescentes del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), fue destituida de su cargo, junto con su hija quien fungía como su asistente. La magistrada Vanegas es sobrina de la presidenta de la CSJ.
Mientras que Pablo Corea, se desempeñó durante pocos días como secretario general administrativo de la CSJ, tras la salida de Berman Martínez. Corea, quien es coronel retirado del Ejército, sustituyó de forma interina a Martínez, quien ocupaba ese cargo desde 2010 y fue despedido por aparentes tercias de poder.
Antes de la caída de la presidenta de la CSJ, su círculo de confianza se había ido reduciendo, tras la detención y destierro de cuatro personas que eran de su total confianza: el vocero Roberto Larios, el asesor Moisés Astorga, la asistente María José Camacho y su hermano Hans Camacho Chévez, quien tenía el cargo de responsable de informática del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones. Todos fueron acusados de ser «traidores de la patria» y desterrados a EE.UU. en febrero pasado, en el grupo de las 222 personas ex presas políticas.
