La Asamblea Nacional de Nicaragua, bajo el control de la dictadura de Daniel Ortega, aprobó este jueves 23 de noviembre con trámite de urgencia una nueva enmienda a la Constitución Política y a la Ley orgánica del poder judicial (Ley 260), para quitarle la asignación presupuestaria del cuatro por ciento a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que correspondía por ley a través del Presupuesto General de la República.
Esta es la segunda reforma constitucional en dos meses, para quitar funciones al poder judicial. Esta vez se reformó el artículo 159 de la Constitución Política, que establecía que “el Poder Judicial recibirá no menos del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República”.
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La enmienda fue aprobada por unanimidad, en una Asamblea Nacional conformada por 91 diputados, 70 de ellos del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, que encabeza el dictador Ortega. Los demás legisladores son de diferentes tendencias liberales, considerados colaboradores de los sandinistas, según los críticos.
Reforma a Ley orgánica del “poder judicial”
Los diputados también aprobaron de manera unánime la reforma al artículo 84 de la Ley 260, para homologar la eliminación del cuatro por ciento del Régimen Financiero del Poder Judicial.
Antes de la reforma el artículo 84 establecía que “el presupuesto anual del poder judicial es no menor del cuatro por ciento del Presupuesto General de la República”.
Con la emnienda solo establece que: “el poder judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones”.
También se reformó el artículo 87 de la Ley 260, para quitarle la facultad a la Comisión de Administración del Poder Judicial de supervisar la ejecución del presupuesto, y se la pasaron al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial.
Reforma constitucional del mes pasado
El pasado 31 de octubre la Asamblea Nacional reformó el artículo 165 de la Constitución Política, que crea el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial como un organismo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para quitarle atribuciones a ese poder del Estado.
En esa ocasión, la reforma constitucional le quitó al Consejo Nacional de Carrera Judicial la atribución de: “Supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”, que estaba establecida en el numeral 4 del artículo 165.
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Dictadura Ortega Murillo se ensaña contra el poder judicial
Este nuevo golpe al poder judicial se da tras un contexto de numerosos despidos de trabajadores en todas las instancias de ese poder del Estado.
A finales de octubre pasado se conoció la intervención policial en la sede nacional de la Corte Suprema de Justicial, que puso bajo investigación a los magistrados judiciales y a todo el personal técnico y de confianza, entre ellos la presidenta y magistrada, Alba Luz Ramos, una leal a la dictadura orteguista, que parecía alguien intocable. Actualmente Ramos se mantiene apartada de su cargo y bajo vigilancia policial en su casa.
Extraoficialmente se conoció que fueron despedidas secretarias, asistentes, personal del departamento de informática, abogados, jueces de todo el país. Se han calculado alrededor de 900 despidos. En otras instituciones también se reportaron trabajadores públicos despedidos, pero en menor cantidad.