La clasificación de Nicaragua como país de “muy alto” riesgo en el Índice Global de Tortura 2026 pone al país bajo un “mayor escrutinio internacional”, según defensores de derechos humanos.
Este jueves, la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) publicó el Índice Global de Tortura 2026. En este ubican a Nicaragua en la categoría de “riesgo muy alto” junto a los aliados del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, Rusia e Irán.
También clasificaron en esta categoría a El Salvador, Libia, Etiopía, Afganistán, Baréin y Bielorrusia. Todos ellos se ubican en ese rango por las “violaciones sistemáticas de la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos, con salvaguardias muy débiles para prevenir y proteger” contra ese tipo de casos.
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El índice fue lanzado durante la Semana Mundial contra la Tortura de la OMCT en junio de 2025. En este 2026 abarca 39 países distribuidos en cinco regiones. Evalúa los sistemas jurídicos nacionales, las políticas públicas y sus efectos en la práctica frente a las normas internacionales de derechos humanos. El riesgo de tortura y malos tratos es clasificado entre bajo, moderado, considerable, alto y muy alto.
Nicaragua bajo un mayor escrutinio internacional
Katy Lechado, defensora del Colectivo Nicaragua Nunca Más, expone que esta clasificación tiene “implicaciones profundas” tanto en el Estado como en las víctimas y los mismos defensores de derechos humanos. “Sitúa a Nicaragua bajo un mayor escrutinio internacional”, sostiene.
La defensora de derechos humanos dice que este índice es una herramienta de referencia para organismos internacionales, los Estados y diversos actores que analizan la situación de los derechos humanos en los países.
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“(Nicaragua) debe cumplir con sus obligaciones asumidas en la virtud de la Convención contra la Tortura, entre ellas prevenir este hecho, investigar de manera independiente a toda denuncia, sancionar a los responsables y garantizar la reparación a la víctima”, subraya Lechado.
Tortura se intensificó desde 2018
Según la información divulgada por el Índice Global de Tortura 2026, la situación de Nicaragua “demuestra un patrón grave y sistemático de tortura” que se intensificó desde 2018. “La tortura se concentra en centros de detención como El Chipote y La Modelo”, resalta la OMCT en su sitio web.
En la publicación también mencionan que el compromiso político del régimen con la prohibición de la tortura “es inexistente” y que la impunidad por estos casos es “absoluta y estructural”. Destacan que las víctimas “carecen de cualquier forma de reparación, reconocimiento o apoyo estatal”.
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Al respecto, Katy Lechado valora el resultado de las evaluaciones de la OMCT como un “reconocimiento internacional” de todo el trabajo que han hecho durante años las víctimas, sus familiares y los defensores de derechos humanos a través de las denuncias. Añade que también es un llamado a seguir denunciando y fortalecer los esfuerzos de documentación y la búsqueda de verdad.
“La tortura no puede normalizarse ni permanecer en impunidad y es que hay que mantener la atención internacional sobre Nicaragua. Es fundamental para proteger a las personas que continúan en riesgo, especialmente aquellas que permanecen privadas de libertad, su familia y las personas que defienden los derechos”, sostiene Lechado.
Brutalidad policial
En el índice también mencionan que la “brutalidad policial en Nicaragua es sistemática” y que se lleva a cabo tanto por la Policía como por grupos paramilitares “que actúan con su aquiescencia (consentimiento)”. Estos últimos fueron reconocidos en la Constitución Política como un cuerpo auxiliar y de apoyo del órgano estatal. “Consolidando así su impunidad estructural”, resalta.
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En las reformas constitucionales de enero de 2025, el régimen creó las llamadas “fuerzas militares de reserva patriótica” y la “policía voluntaria”. Ambos cuerpos auxiliares están compuestos por militares retirados y ciudadanos voluntarios.
Otros aspectos que se toman en cuenta son la violencia de género y el derecho a la defensa y espacio cívico. Sobre el primero, menciona que Nicaragua “carece de un sistema de protección eficaz para los grupos vulnerables”. Citan como ejemplo los femicidios.
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“La violencia de género es grave y va en aumento: en 2024 se documentaron 91 feminicidios, la cifra más alta en 14 años, y 72 en 2025; el 46% de los casos no tienen registro en el sistema judicial”, añaden.
Respecto al espacio cívico, destacan que “está completamente cerrado”. Expone que “más de 5,600 organizaciones han sido canceladas desde 2018, lo que representa más del 80% de las registradas hasta 2017”.
