La vocera del régimen, Rosario Murillo, anunció que el próximo 26 de febrero se juramentarán en Managua 30 mil paramilitares —a los que la dictadura denomina «policías voluntarios»—, quienes se sumarán a los aproximadamente 50 mil que el comisionado Jaime Vanegas informó que ya estaban juramentados en casi todos los departamentos del país.
“Monimbó, que es Nicaragua, es representado en la Policía Voluntaria, que por centenares de miles se han juramentado en todo el país. Y tenemos más de 30 mil juramentándose aquí en Managua en la Plaza de la Fe este 26 de febrero”, señaló Murillo en su alocución de este lunes.
Esta sería la mayor cantidad de policías voluntarios juramentados en una sola jornada y, de confirmarse la cifra, el régimen incrementaría su estructura represiva a un total de 80 mil integrantes.
Murillo no ofreció más detalles sobre la juramentación de este nuevo grupo de paramilitares. Sin embargo, aseguró que ese mismo día el director de la Policía, primer comisionado Francisco Díaz, «rendirá juramento ante la patria» como jefe de las fuerzas policiales.
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Voluntarios nunca habían superado a los permanentes
El inspector general de la Policía, comisionado general Jaime Vanegas, reveló el pasado 17 de febrero que hay más de 50 mil paramilitares juramentados en todo el país, lo que confirma que este grupo casi triplica en número de los oficiales graduados, quienes suman alrededor de 17 mil, según la proyección oficial de la institución de seguridad pública.
El ejército de paramilitares ya supera ampliamente los 17,299 oficiales graduados que la institución proyectó tener en sus filas para 2025, así como los 17,349 registrados oficialmente en 2021, de acuerdo con los anuarios estadísticos de la institución.
Un especialista consultado bajo condición de anonimato explicó a LA PRENSA que, aunque la Policía Voluntaria existe desde la década de 1980, nunca antes había superado en número a los agentes profesionales. No obstante, indicó que históricamente la función de estos agentes se concentraba en zonas rurales.
La Policía Voluntaria empezó a desarticularse en los años 2000
Aunque la Policía Voluntaria está contemplada en la Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional (Ley 872), con la aprobación de la nueva Constitución sandinista, esta figura fue elevada a rango constitucional.
La Ley 872 define la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar de la Policía Nacional, conformado por ciudadanos nicaragüenses que prestan servicio de manera voluntaria y temporal.
El artículo 24 de esta ley les otorga derechos como avituallamiento, equipo de seguridad, ayuda económica o viáticos, defensor en juicios derivados del ejercicio de sus funciones e indemnización o pensión en caso de muerte o discapacidad durante el servicio.
El artículo 25 establece que los policías voluntarios deben portar uniforme y distintivos, aunque la ley no detalla sus características. También deben operar bajo la supervisión de un miembro de la Policía Nacional y limitarse a funciones de apoyo en tareas de prevención.
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Desmovilización por abusos
La desmovilización de la Policía Voluntaria comenzó en Managua en los años 2000 debido a abusos y delitos cometidos por estos agentes, según la exdirectora de la Policía, Aminta Granera.
El 21 de agosto de 2010, LA PRENSA reportó que Granera reconoció la necesidad de revisar la actuación de estos agentes, tras la muerte de una persona en una intervención policial en la que un policía voluntario hizo uso de su arma de fuego. Asimismo, en 2007 miembros de la familia Artola Delgadillo denunciaron torturas por parte de agentes voluntarios durante una captura en Nueva Guinea.
Desde la crisis sociopolítica de abril de 2018, a la Policía Voluntaria se le ha vinculado con grupos paramilitares armados por el régimen Ortega-Murillo para reprimir manifestaciones cívicas.
