La crisis de derechos humanos y el progresivo cierre de los espacios democráticos en Nicaragua centraron el debate del foro “¿Quo Vadis Nicaragua? Cierre Cívico, Derechos Humanos y Democracia”, realizado este 23 de junio en Panamá como actividad paralela a la 56ª Asamblea General de la OEA.
Durante el encuentro, especialistas y representantes de la sociedad civil nicaragüense advirtieron sobre el recrudecimiento de la represión estatal, la persecución contra voces críticas y el deterioro de las libertades fundamentales.
Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río y uno de los más de 450 nicaragüenses despojados de su nacionalidad, aseguró que la desnacionalización no solo tiene una dimensión jurídica, sino también profundas consecuencias familiares, económicas y sociales. Explicó que estas medidas afectan no únicamente a las personas desnacionalizadas, sino también a sus hijos y familiares que dependen de ellas.
Ruiz señaló que muchas de las personas afectadas han perdido acceso a su patrimonio y enfrentan incertidumbre sobre derechos relacionados con la seguridad social. Indicó que quienes han sido forzados al exilio han debido reconstruir sus vidas fuera del país, muchas veces después de perder viviendas, bienes y fuentes de sustento.
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El ambientalista también enfatizó el impacto humano de estas medidas y de la expulsión forzada. “Hay un costo económico, psicológico, social. Nos quitaron el tejido, nuestro tejido de apoyo y de cuido”, afirmó. A su vez denunció que el cierre del espacio cívico ha quedado reflejado en la cancelación de más de 5,635 organizaciones nacionales e internacionales.
Explicó que muchas de estas entidades atendían necesidades que el Estado no ha sustituido, desde programas para personas con discapacidad y atención médica especializada hasta proyectos de vivienda, desarrollo comunitario, protección animal, derechos humanos y acompañamiento religioso.
“El beneficiario final era el pueblo de Nicaragua”, afirmó al referirse al impacto que estas cancelaciones han tenido sobre la población, dijo Ruiz.
El ambientalista advirtió que la clausura masiva de organizaciones también afectó a los trabajadores vinculados a estos proyectos. Explicó que numerosas organizaciones vieron congeladas sus cuentas bancarias y quedaron imposibilitadas de cumplir compromisos laborales y contractuales tras la cancelación de sus personerías jurídicas.
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Prensa independiente continúa pese a intentos de silenciarla
En tanto, el periodista Gerald Chávez, director de Nicaragua Actual y directivo de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), aseguró que, pese al cierre del espacio cívico y la persecución contra la prensa, los medios independientes continúan informando desde el exilio. «El régimen no ha podido silenciar a la prensa independiente», afirmó.
Chávez denunció que en Nicaragua ya no existen periódicos impresos y que decenas de medios de comunicación, entre radios, televisoras y plataformas informativas, han sido confiscados o cerrados. Expuso además que el ejercicio periodístico ha sido criminalizado mediante la Ley Especial de Ciberdelitos, mientras periodistas han sido encarcelados, sometidos a regímenes de «casa por cárcel» o forzados al exilio.
El comunicador también relató que la represión ha trascendido las fronteras del país. Como ejemplo, explicó que desde 2023 las autoridades le impiden renovar su pasaporte y obtener su certificado de nacimiento, lo que calificó como una forma de «represión transnacional» que busca impedir que los nicaragüenses exiliados ejerzan plenamente en su ciudad.
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Silencio o persecución a la juventud en Nicaragua
Durante el foro, la directora ejecutiva de JuventudLAC, Yunova Acosta, afirmó que el cierre del espacio cívico ha limitado severamente la participación de la juventud nicaragüense y ha criminalizado cualquier intento de organización dentro del país.
A su juicio, la represión ha llegado al punto de impedir incluso las reuniones entre ciudadanos y ha instaurado una cultura del miedo que restringe el ejercicio de las libertades fundamentales.
Acosta sostuvo que la juventud nicaragüense enfrenta actualmente tres escenarios: «el silencio, el exilio o la persecución», tanto dentro como fuera del país. Añadió que la represión transnacional también ha alcanzado a quienes se encuentran en el extranjero, dificultando la articulación de organizaciones juveniles sin poner en riesgo a quienes permanecen en Nicaragua.
Pese a este contexto, la activista señaló que uno de los principales desafíos es reconstruir los vínculos entre las juventudes dentro y fuera del país sin exponerlas a represalias. «Creo que es ahí donde nosotros también tenemos que hacer ese quiebre de cómo conectar sin arriesgar a las juventudes que todavía siguen resistiendo dentro de Nicaragua», expresó.
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Experto advierten sobre la brecha entre evidencia y justicia
En la segunda parte del foro, Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de las Naciones Unidas (GHREN), advirtió que uno de los principales desafíos sigue siendo transformar la extensa documentación de violaciones a los derechos humanos en mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Tras recordar experiencias previas en procesos de justicia transicional, señaló que persiste una «brecha entre la documentación y la acción», pese a años de investigaciones, miles de entrevistas y el análisis de miles de documentos sobre la situación nicaragüense. Asimismo, afirmó que corresponde a los Estados y organismos internacionales impulsar acciones concretas para que las evidencias recopiladas se traduzcan en procesos judiciales y sanciones contra los responsables.
Simon señaló que existen distintas vías para avanzar hacia la justicia, entre ellas la jurisdicción universal y la Corte Penal Internacional. Sin embargo, reconoció que los avances han sido limitados y consideró necesario aumentar la presión internacional sobre las estructuras de poder responsables de las violaciones documentadas.
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De igual modo explicó que antes de discutir eventuales concesiones en un proceso de transición, es necesario crear las condiciones que permitan una negociación real, sin renunciar al derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
