Durante años, los principales focos de preocupación democrática en América Latina parecían concentrarse en tres países: Nicaragua, Cuba y Venezuela. Más allá de sus diferencias, compartían elementos comunes: concentración de poder, debilitamiento institucional y restricciones a la participación política. Mientras tanto, el resto de la región avanzaba entre dificultades, pero con la posibilidad de construir proyectos propios y definir sus rumbos mediante procesos democráticos.
Los gobiernos vinculados al “socialismo del siglo XXI” atravesaron posteriormente una etapa de repliegue político. Algunos pasaron a la oposición, otros enfrentaron crisis de legitimidad y varios obligaron a la izquierda latinoamericana a reflexionar sobre sí misma. De ese proceso surgió la necesidad de una izquierda más moderna, feminista, representativa de las realidades locales y capaz de romper con una izquierda “guerrafriísta” que durante décadas quedó atrapada en los discursos y conflictos heredados del siglo pasado.
Sin embargo, mientras la región debatía sus transformaciones internas, también comenzó a evidenciarse un fenómeno que muchos creían superado: el creciente peso de los intereses externos en la política latinoamericana. Con la llegada de la segunda administración del presidente Donald Trump, la influencia estadounidense ha vuelto a manifestarse de manera más abierta, en ocasiones sin siquiera intentar disimularse. El propio Trump ha demostrado interés en exhibir su capacidad de incidencia en el continente, incluso después de confrontar públicamente a líderes que posteriormente terminan convertidos en socios estratégicos, como ocurrió con el presidente panameño José Raúl Mulino.
El problema, sin embargo, no radica únicamente en Washington. América Latina pierde capacidad de autogestionarse cuando pequeños grupos de poder, atrapados en dinámicas de corrupción o intereses particulares, debilitan deliberadamente las instituciones de sus países. Allí es donde las influencias externas encuentran terreno fértil.
Los ejemplos recientes abundan. En Honduras, la victoria de Nasry Asfura estuvo rodeada de cuestionamientos y lecturas políticas sobre el peso que tuvieron determinados respaldos internacionales en un contexto altamente polarizado, como un tuit del presidente Trump un día antes de las elecciones, cuando muchos analistas consideraban que Salvador Nasralla partía con ventajas importantes. En Colombia, las tensiones políticas entre figuras como Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella reflejan una creciente internacionalización de los debates internos, donde actores externos terminan influyendo en narrativas y posicionamientos nacionales. En Perú, el eventual regreso del fujimorismo al poder mediante Keiko Fujimori evidencia cómo proyectos políticos históricamente asociados a liderazgos fuertes siguen encontrando espacios para reorganizarse y competir.
Incluso en Costa Rica, una de las democracias más sólidas de la región, han surgido señales preocupantes. La cancelación de visas estadounidenses a grupos selectos de periodistas y figuras críticas del gobierno ha generado interrogantes sobre los alcances de estas decisiones y sobre el papel que actores externos pueden desempeñar en las dinámicas políticas nacionales.
Las venas que vuelven a abrirse en América Latina no son únicamente las de la intervención extranjera. Son también las de nuestras propias debilidades institucionales, la polarización y la incapacidad de construir consensos democráticos duraderos. La soberanía no se defiende únicamente rechazando influencias externas; se fortalece construyendo instituciones capaces de resistirlas. Cuando la democracia se debilita desde dentro, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar ese vacío desde fuera.
El autor es estudiante de Economía, empresario en el sector de desarrollo urbano, secretario general de Convergencia.
