Después de casi dos décadas documentando las violaciones de derechos humanos en América Latina, incluida la grave crisis de Nicaragua desde Human Rights Watch (HRW), la abogada Tamara Taraciuk Broner este 1 de mayo se sumó al equipo del Diálogo Interamericano para dirigir el Programa Peter D. Bell sobre Estado de Derecho.
En declaraciones a LA PRENSA, la presidenta y CEO del Diálogo Interamericano, Rebecca Bill Chávez, destacó la llegada de Taraciuk en un momento en el cual “existen enormes desafíos para la democracia y los derechos humanos en la región”.
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Particularmente sobre Nicaragua, Bill expresó que el panorama actual sigue siendo grave, ya que “aún hay presos políticos, organizaciones y universidades cerradas, restricciones a la libertad de prensa”, y agregó que “desgraciadamente, la atención pública se disipa fácilmente y es importante que no se normalice la crítica situación actual en Nicaragua”.
Bill adelantó que “un tema urgente sobre el cual Tamara y yo vamos a trabajar juntas es identificar políticas de seguridad pública democráticas que sean una alternativa viable, dentro del marco del Estado de derecho, a políticas tales como la militarización de tareas policiales en México y otros países, o al abusivo régimen de excepción del presidente (Nayib) Bukele en El Salvador”.
¿Cuáles son las perspectivas de Diálogo Interamericano con la llegada de la abogada Tamara Taraciuk, que por años ha documentado las violaciones de derechos humanos en la región para HRW?
El Programa sobre Estado de Derecho que dirigirá Tamara ha sido un eje fundamental del Diálogo Interamericano desde la creación de nuestra institución hace 40 años. Tamara se suma a nuestro equipo en un momento en el cual existen enormes desafíos para la democracia y los derechos humanos en la región. Con su visión y experiencia, estoy segura de que logrará poner en la agenda pública discusiones difíciles y necesarias para avanzar el trabajo en estos temas fundamentales y contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho.
¿Cuál es el Programa previsto a trabajar en cuanto a los desafíos que enfrenta la región?
El Programa sobre Estado de Derecho buscará oportunidades para influir en esta agenda con proyectos concretos que contribuyan a abordar los desafíos que enfrenta la región, que son muchos. Incluyen retrocesos democráticos, un aumento de la violencia y la inseguridad, la falta de respuesta adecuada de las democracias ante problemas crónicos como la pobreza y la desigualdad, así como la transparencia y la rendición de cuentas ante violaciones de derechos humanos y ante la corrupción generalizada.
Todo ello ocurre en un contexto de serias dificultades económicas tras la pandemia de covid-19. En los próximos meses iremos definiendo la agenda prioritaria de trabajo del Programa, con la idea de identificar temas y ángulos en los cuales el Diálogo puede tener un valor agregado. Un tema urgente sobre el cual Tamara y yo vamos a trabajar juntas es identificar políticas de seguridad pública democráticas que sean una alternativa viable, dentro del marco del Estado de derecho, a políticas tales como la militarización de tareas policiales en México y otros países, o al abusivo régimen de excepción del presidente Bukele en El Salvador.
¿De qué forma la crisis de Nicaragua está incluida en la agenda del Diálogo Interamericano?
En Nicaragua hoy día hay un régimen autoritario que hace tiempo actúa impunemente, desde la brutalidad con la que respondió ante las manifestaciones en el año 2018, hasta la intolerancia absoluta a la crítica en un sentido más amplio; el cierre del espacio cívico, el encarcelamiento de opositores políticos antes de las elecciones del 2021, los ataques a representantes de la Iglesia católica. Desde el Diálogo seguimos la situación en Nicaragua hace tiempo, incluso tenemos un Grupo de Trabajo dedicado al país, y seguirá siendo un tema de agenda prioritario para poder contribuir a una transición a una democracia en el país.
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El 9 de febrero pasado usted recibió con alegría la noticia sobre la excarcelación de un grupo de 222 presos políticos. ¿Cómo ve el panorama actual de Nicaragua?
La excarcelación de los 222 presos políticos fue una noticia excelente para las familias y para ellos, que nunca debieron estar presos. Logró poner en el radar de la atención pública la situación en el país y eso fue importante. La posterior decisión de quitarles a ellos y a otros, llegando a un total de 317 personas, la nacionalidad nicaragüense demostró la crueldad del régimen y dejó en evidencia que no podemos olvidar lo que está ocurriendo allí.
El panorama actual sigue siendo grave, aún hay presos políticos, organizaciones y universidades cerradas, restricciones a la libertad de prensa. Desgraciadamente, la atención pública se disipa fácilmente y es importante que no se normalice la crítica situación actual en Nicaragua.
La represión del régimen de Daniel Ortega en el país no cesa, aun permanecen privados de libertad varios religiosos, entre ellos el obispo Rolando Álvarez y continúan las detenciones contra opositores. ¿Qué más considera que puede hacer la comunidad internacional para frenar los abusos de Ortega?
La gravedad de lo que allí ocurre no recibe la atención internacional que merece y requiere que exista una respuesta regional concertada a la crisis en Nicaragua. El Gobierno de Nicaragua no está interesado en una transición democrática ni en dejar el poder, por lo cual es indispensable que haya coordinación entre los gobiernos de la región para trabajar en conjunto y generar los incentivos para que se restablezca la democracia. Por ejemplo, gobiernos de todas las ideologías deberían pedir en conjunto por la liberación incondicional de los presos políticos, incluyendo a monseñor Álvarez, o involucrar a las autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica para asegurarse de que exista transparencia y ningún fondo enviado a Nicaragua sea usado indebidamente.
¿Qué efectos considera que podría llegar a tener el autoritarismo de Ortega en la región?
El caso de Nicaragua es extremo en cuanto a su brutalidad y crueldad, y es grave que en la región no exista una condena firme ante estos hechos por parte de todos los líderes electos democráticamente. No hacerlo envía el peligroso mensaje de que este tipo de abusos y desmantelamiento del Estado de derecho es aceptable. Y no lo es, no solo desde un punto de vista de principios y de derecho internacional, sino también porque darle un cheque en blanco a Ortega para que siga este curso abre la puerta para que se profundicen aún más los autoritarismos que están surgiendo en la región. Eso es muy malo para la democracia en general, y para todas aquellas personas que viven en países con democracias frágiles o en jaque.
Taraciuk: “Nicaragua es un caso emblemático”
Por su parte, Taraciuk declaró a este Diario que “es un gran privilegio poder sumarme al equipo del Diálogo Interamericano como directora del Programa sobre Estado de Derecho. En este momento tan crítico para la democracia en la región, necesitamos trabajar para fortalecer, y en algunos casos directamente reconstruir, el Estado de derecho”.
“El diagnóstico sobre la realidad en la región es claro y sombrío. Desde el Diálogo, espero trabajar con mis colegas allí, con expertos en la región, con autoridades de distintos gobiernos para avanzar en discusiones difíciles que contribuyan a buscar soluciones a los complejos desafíos que enfrentamos. Uno de ellos es, sin duda, cómo asegurar que las víctimas de graves violaciones de derechos humanos puedan tener acceso a la justicia en el marco de tan necesarias transiciones a la democracia”, agregó.
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En cuanto a Nicaragua, dijo que es “un caso emblemático, donde la crueldad del régimen ha quedado en evidencia con las últimas medidas adoptadas, y su cerrazón hace urgente una respuesta regional clara y desideologizada que ponga al pueblo nicaragüense primero”.
Sobre Tamara Taraciuk
Tamara Taraciuk Broner cubrió México y Venezuela para Human Rights Watch y trabajó sobre varios países de la región como investigadora senior, como subdirectora, y como directora en funciones para las Américas de la organización. Antes de trabajar en Human Rights Watch, la abogada coordinó un proyecto sobre seguridad ciudadana en Latinoamérica para el Woodrow Wilson International Center for Schoolars y trabajó en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Nació en Venezuela y se crió en Argentina, donde estudió abogacía en la Universidad Torcuato Di Tella.