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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido el retorno de los nicaragüenses que viajan al extranjero en un negocio de extorsión migratoria, de acuerdo con cuatro testimonios denunciados ante LA PRENSA en las últimas semanas.
Las denuncias revelan un esquema que combina arbitrariedad, chantaje y temor para arrancar miles de dólares a familias y empresas privadas, a través de órdenes directas del Ministerio del Interior (Mint) y la Dirección General de Migración y Extranjería.
¿Cómo funciona la extorsión migratoria?
De acuerdo con los testimonios, el mecanismo inicia cuando las aerolíneas reciben instrucciones de negar el abordaje a ciudadanos con destino a Managua, alegando que “no están autorizados a ingresar al país”.
Desde ese momento se inicia un proceso de negociación extorsiva que incluye llamadas de funcionarios, acusaciones de “golpistas” o “traidores a la patria”, exigencias de pagos iniciales de 1000 dólares y, después, sumas que pueden alcanzar los 25,000 dólares dependiendo del perfil económico del afectado.
Los testimonios confirman que se trata de una política sistemática de destierro y apatridia, orquestada por el viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, señalado por organismos internacionales como el ejecutor de esta maquinaria represiva.
Atrapadas en la extorsión migratoria
Los dos primeros casos corresponden a mujeres ejecutivas de una empresa privada nicaragüense que viajaron a Estados Unidos en agosto pasado para una capacitación de seis días. Al confirmar su vuelo de retorno 48 horas antes, la aerolínea les notificó que su ingreso a Nicaragua estaba prohibido por órdenes del régimen.
Una de ellas, de 47 años, se resignó a la medida y solicitó asilo en Florida, temerosa de arriesgar a su familia si volvía.
La segunda, con hijos menores de edad, intentó todas las vías posibles para volver y terminó inmersa en una espiral de chantaje desde la propia Dirección de Migración y Extranjería. Primero le exigieron 1000 dólares para “analizar su caso” porque en el sistema aparecía como “golpista”.
Luego de diez días, le notificaron que su familia debía entregar una carta en el Ministerio del Interior explicando el caso y rechazando toda relación con la oposición; debía adjuntar colillas del INSS, estado de cuenta bancaria y una carta salarial de la empresa, nombre de sus redes sociales y luego esperar una respuesta.
Empresa rechazó extorsión
Una semana después le notificaron que la empresa a la que ella le trabaja tenía capacidad de recursos para transferir 15,000 dólares a una cuenta X en Banpro, para borrarla del sistema y permitirle regresar.
La empresa rechazó pagar la extorsión y la familia tuvo que ajustar 8,000 dólares por su propia cuenta para que pudiera regresar, según el testimonio brindado a LA PRENSA.
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Ella ya está en Nicaragua, pero quedó muy afectada emocionalmente y ahora podría perder su empleo por casi un mes de ausencia y porque, además, la empresa teme que las repercusiones se extiendan al negocio.
De maestro jubilado a «traidor a la patria»
El otro caso es un hombre mayor de 62 años, religioso que trabajó en un ministerio gubernamental en tiempos del presidente Enrique Bolaños (2002-2006), a quien Ticabus le notificó el impedimento de viaje porque Migración y Extranjería lo manda hacer un prechequeo de ingreso y esperar en Costa Rica la resolución.
Según el testimonio de los hijos del señor, él viajaba cada dos años a Costa Rica a visitar a sus hijos y nietos, que viven ahí desde finales de los años 90, y nunca había tenido problemas.
En julio pasado le notificaron esa gestión “de prechequeo” que no aplica legalmente para los nicaragüenses, pero luego de tanto llamar a Migración y Extranjería para pedir explicaciones, le dijeron en el sistema aparecía con una alerta roja por «traición a la patria» y que si quería regresar debía abonar 1,500 dólares a una cuenta bancaria en Managua para valorar su caso y esperar una resolución.
La familia le advirtió al señor que si en el sistema del Ministerio del Interior aparecía como «traidor a la patria» mejor no regresara, porque podía ser apresado y desaparecido, y perder su casa y hasta la vida.
Ahora la familia del señor que quedó en Nicaragua teme que las represalias se extiendan a sus parientes, pero ellos rechazan que alguna vez hayan participado en marchas o protestas y en su Facebook él solo comparte citas bíblicas y fotos de sus hijos.
Contra empresarios de todo tamaño
El tercer caso es del hijo de un empresario automotriz, que viajó a Panamá a un curso de capacitación en gestión financiera y ocurrió lo mismo: no le permitieron el retorno a menos que la empresa de su padre donara 25,000 dólares en una cuenta bancaria en Banpro en sucursal del Centro Comercial Managua.
De acuerdo con el caso, en fecha acordada un agente de Migración le daría las instrucciones precisas con las siguientes condiciones: mantener el sigilo, no denunciar y bajar el perfil del hijo del empresario.
En caso contrario, el migrante no podría retornar y el padre quedaría bajo investigación. En este caso la familia no reveló si pagaron la mordida y su pariente retornó, o se quedó en Panamá.
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Las familias y denunciantes, todos radicados en Nicaragua hasta antes de las incidencias, están en shock, con temor e indefensos ante las medidas de extorsión.
Un patrón mafioso con sello de Estado
Los cuatro testimonios confirman un patrón idéntico: primero se bloquea el ingreso arbitrariamente, después se contacta al viajero con acusaciones de “golpista”, “terrorista” o “traidor” y finalmente se ofrece una “oportunidad” de resolver el caso mediante pagos que inician en 1000 dólares y escalan según la capacidad económica del afectado.
En algunos casos, además del dinero, se exige a las víctimas firmar cartas de rendición dirigidas a Ortega y Murillo o incluso realizar aportes económicos a estructuras partidarias del Frente Sandinista.
Salvador Marenco, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, advirtió que estas medidas constituyen una forma de “apatridia masiva y extorsión económica mediante el miedo”.
Crimen de lesa humanidad con impacto devastador
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU denunció en abril de 2025 que estas expulsiones y bloqueos de ingreso forman parte de un plan sistemático de persecución y destierro ordenado por Rosario Murillo y Daniel Ortega, dictadores de Nicaragua.
La ONU lo calificó como crimen de lesa humanidad, al sumarse a la lista de desapariciones, torturas y ejecuciones extrajudiciales documentadas desde 2018.
El impacto humano es devastador: familias divididas, ciudadanos atrapados en países distantes, empresas bajo chantaje y cientos de nicaragüenses convertidos en apátridas de facto.
Solo en 2025, se registran más de 300 prohibiciones de ingreso contra empresarios, religiosos, estudiantes y trabajadores sin militancia política, según organizaciones de derechos humanos consultadas por LA PRENSA.
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Viajar se convierte en un ejercicio de alto riesgo
El resultado de esta política es un clima de miedo general. Decenas de nicaragüenses están cancelando capacitaciones, estudios, viajes familiares y vacaciones por temor a quedar varados en el extranjero.
Los que se atreven a salir saben que pueden enfrentar chantajes imposibles de pagar o el exilio forzado. Algunos ya han entregado a sus familiares más cercanos poderes de representación y acceso a cuentas y bienes, por si quedan varados en el extranjero.
Según el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, las familias que pagaron no tienen garantías de seguridad de que a su retorno no serán asediados, por lo cual podrían perder, aparte del costo de la extorsión, la libertad.
