Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha sumado una nueva estrategia de represión, control migratorio y negocio: cobrar cuantiosas sumas de dinero a nicaragüenses que al regresar al país, de un viaje de negocios o familiar, se les niega caprichosamente el reingreso, a pesar de no tener historial político ni estar involucrados en actividades opositoras.
Según investigaciones de LA PRENSA, el régimen está negando la entrada al país a ciudadanos con cierto nivel económico, a menos que paguen tarifas que varían según el nivel de ingresos de la persona afectada.
La oficina del viceministro del Interior, Luis Cañas, es señalada como la responsable de ejecutar esta acción, la misma que se encarga de expulsar ilegalmente a nicaragüenses que han permanecido en el país, pero que identifican como opositores.
Y pedir perdón también
Dos fuentes independientes confirmaron esta práctica. Una de ellas, bajo el más estricto anonimato, asegura haber pagado decenas de miles de dólares para que le permitieran volver a Nicaragua. La segunda fuente detalló que dos conocidos suyos, también empresarios sin vínculo político alguno, pagaron cantidades superiores cada uno para poder ingresar al país.
“Además, tienen que mandar una carta acompañando el dinero. La carta es pidiéndole perdón a la compañera», manifestó una de las fuentes.
Lea además: El desalmado Luis Cañas, la historia de un peón de la dictadura Ortega Murillo
¿Por qué deben pedir perdón? “pedir perdón por lo que hayan hecho, puede ser que fueran a una manifestación, puede ser un comentario en un grupo de WhatsApp o incluso verbalmente”, dijo la fuente.
El perfil de los afectados es claro: personas con negocios o ingresos considerables que, por motivos familiares o laborales, se encontraban fuera del país.
Al intentar regresar, las autoridades de la dictadura les impidieron el ingreso bajo pretextos administrativos. Son personas con intereses considerables dentro del país, y al indagar el porqué se les prohíbe entrar, reciben la solicitud de dinero, aunque las fuentes no son muy específicas por temor a ser identificadas por el aparato represivo del régimen.
Ciudadanos con menor capacidad económica también
Además, LA PRENSA ha conocido que esta práctica se ha comenzado a extender también a ciudadanos comunes. Aunque en estos casos las cifras son menores, el carácter extorsivo se mantiene: las tarifas que les exigen varían también: dos mil, tres mil, cinco mil dólares.
“Si estás dejando fuera cada mes a unas 200 personas a las que les quitás dos mil o tres mil dólares, es al menos medio millón de dólares al mes, y nadie habla porque ahí si vas preso, te confiscan o te destierran sin posibilidad de regresar, es terrible,” afirmó una de las fuentes.
Esta nueva forma de extorsión estatal no sólo vulnera los derechos de movilidad de los ciudadanos nicaragüenses, sino que confirma una vez más el uso de las instituciones del Estado como herramientas de represión y lucro por parte del régimen Ortega-Murillo.
La práctica viene desde 2021, pero antes era sólo contra personas con vínculos políticos
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), en un informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha denunciado que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo implementa desde 2021 un patrón sistemático de prohibición de ingreso al país contra personas consideradas opositoras, disidentes o “amenazas al régimen”.
Desde 2021 hasta marzo de 2023, al menos 259 nicaragüenses (128 hombres y 131 mujeres) han sido impedidos de ingresar a su país, aunque se advierte que la cifra real podría ser mucho mayor debido al temor de las víctimas a denunciar. Esta práctica se intensificó tras la expulsión de 222 presos políticos en febrero de 2023.
Lea también: Cinco hallazgos del GHREN que evidencian que Ortega y Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad
El modus operandi incluye el uso de listas de pasajeros enviadas por aerolíneas y empresas de autobuses a Migración y Extranjería. Estas listas son cruzadas con bases de datos de inteligencia para identificar a quienes el régimen considera una amenaza. A las personas se les informa de la prohibición días antes del viaje o incluso en el aeropuerto, sin explicación clara, y en algunos casos son deportadas inmediatamente al llegar a Nicaragua.
Luis Cañas es el verdugo a cargo
El proceso es coordinado por el Ministerio del Interior, el Frente Sandinista, Policía y Telcor, bajo órdenes directas de Rosario Murillo. El viceministro del Interior, Luis Cañas Novoa, es señalado como el encargado de ejecutar estas órdenes, con base en informes elaborados por la inteligencia sandinista.
Hasta hace algunos meses las víctimas habían sido principalmente familiares de presos o familiares de apátridas, periodistas, religiosos, académicos y defensores de derechos humanos. Según los expertos, estas personas se encuentran en una situación de “apatridia de facto” al no poder regresar a su país. Ahora la medida la han ampliado a personas con capacidad económica que, aunque no tengan ninguna actividad opositora, deben pagar para poder entrar a su patria.
