CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.Lista de reproducción
- No hay más artículos para escuchar
Arrebató el periódico de las manos del pequeño voceador; lo enrolló como tubo y cargó a golpes con él al desorientado oficial de policía que estaba comprando las noticias. “Aquí no van a leer mentiras de LA PRENSA ni de ningún medio”, gritó furibundo, lanzando improperios y repartiendo periodicazos.
El entonces comisionado mayor Luis Cañas no era el jefe de la delegación, pero había sido enviado desde Managua ese mes de junio para investigar la masacre de cuatro policías en las propias instalaciones de Bluefields, el 4 de mayo de ese año 2004.
El equipo de LA PRENSA, enviado especial en la zona para cubrir las investigaciones de la masacre, registró la violencia de Cañas y lo consignó en una de sus crónicas de la fecha. Luego Cañas ordenó no dar una sola palabra de información a los periodistas y amenazó con encarcelar a quien desobedeciera la orden.
Inició en el bajo mundo
Luis Roberto Cañas Novoa no es un rostro visible del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero su influencia tras bambalinas lo convierte en una de las figuras más temidas dentro del aparato estatal.
Su historia, reconstruida a trozos entre quienes lo conocen y en algún momento le dieron seguimiento a su papel como policía, es la de un operador implacable que durante 25 años forjó una red de poder que le ha permitido moverse desde la inteligencia policial, pasando por el crimen organizado y la represión política, hasta consolidarse como un hombre clave de la represión de la dictadura familiar Ortega Murillo.
Nacido en una familia pobre en El Sauce, León, Cañas se sumó a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979 como combatiente en la insurrección que derrocó a la dictadura familiar de los Somoza.
En 1980 lo reclutaron para la Policía Sandinista, donde se especializó en investigación criminal y operaciones encubiertas.
“Sus primeras misiones fueron como Oficial de Drogas y Lacras, así se le llamaba a la función de recorrer los barrios rojos para ubicar los puestos de drogas y quebrarlos. Literalmente, era acabar con toda la lacra que vendía marihuana, guaro adulterado, que compraban cosas robadas y mandaban a asaltar o robar a los vecindarios”, recuerda “Osorio”, un veterano y retirado expolicía sandinista.
Luego, recuerda, a Cañas lo asignaron al Sistema Penitenciario, donde también había un problema de tráfico interno de drogas y le ordenaron descubrir y desarticular la red de introducción de la yerba a La Modelo.
“Ahí usó el uniforme caqui y chocolita de los guardias del penitenciario. Como ya conocía a toda la lacra de Managua que había quebrado, se le hizo fácil desarticular la red de colaboradores e hizo un trabajo eficiente de limpieza a su modo: malmatando a varios, sobornando a otros, reclutando a espías entre los guardas y dividiendo a los reos para que se delataran unos a otros”, recuerda “Osorio”.
Lea además: Luis Cañas va al Migob
En la DGSE y las TPU
“Siempre fue desalmado. Desde sus inicios hablaba a gritos, fácil de llegar patadas, a puñetazos. Era un indio fuerte y rabioso, disciplinado en las órdenes y sin escrúpulos para sacar información. A las buenas o a las malas, siempre extraía información”, lo describe “Osorio”.
“Su consejo para obtener información era sencillo: ‘al nicaragüense hay que darle unas palmaditas en la espalda para que hable y agarrarlo a patadas para que se calle’”, recuerda este expolicía.
Su papel en el bajo mundo y el plan limpieza en el Sistema Penitenciario llamaron la atención de los superiores y pronto a Cañas lo reclutaron para la Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), bajo la dirección de Tomás Borge y Lenín Cerna.
Lo integraron a la Dirección de Inteligencia Interna, entrenado en las Tropas Especiales Pablo Úbeda del Ministerio del Interior y asignado a investigaciones policiales de delitos económicos, desarticulación de bandas criminales, drogas, armas y homicidios.
Se sostuvo en esas funciones hasta el final de la dictadura sandinista en 1990 y comenzó su verdadero ascenso en 1992, cuando el comandante Leonel Espinoza, entonces subdirector de la Policía, lo colocó en el área de inteligencia antidrogas, trasladándolo a Matagalpa como segundo jefe departamental.
Los años oscuros
La década de los 90 marcó un punto de inflexión en la trayectoria de Luis Cañas, dicen los investigadores de su carrera.
Primero se ganó un voto de confianza de gente poderosa dentro del FSLN por un caso fortuito: el subcomandante policial Mauricio Aguilar, a quien habían designado para investigar el asesinato del adolescente Jean Paul Genie por la escolta del general Humberto Ortega, murió “accidentalmente” de un disparo de su chofer y asistente Harold Meza.
Aguilar no solo llevaba la investigación del caso Genie, sino también un proceso investigativo solicitado por el FBI al gobierno de Violeta Barrios de Chamorro sobre las operaciones de narcotráfico a favor del capo colombiano Pablo Escobar, ejecutadas por un comandante sandinista en los años ochenta.
“Luis Cañas se movió rápido en la confusión del ‘accidente’ del subcomandante Aguilar y recuperó el expediente del caso de narcotráfico y se lo entregó a Lenín Cerna, quien a su vez lo ocultó”, dice un exfuncionario público de la época.
Eso fortaleció la confianza de Cañas con la dirigencia del FSLN. Por una parte, ascendió y ganó reputación como eficiente agente operativo en los planes contra la corrupción, operaciones antidrogas y desarticulación de bandas del crimen organizado.
Un hombre de la DEA
“Luis Cañas investigó el secuestro de un avión de La Costeña y el asesinato del copiloto Andrés Abelino Narváez, en una operación donde trasladaron de Ometepe a Colombia, a Miguel Rodríguez Orejuela, jefe del cártel de Cali. Con ese caso logró ganarse la confianza de la DEA”, dice el informante.
“Y por eso Cañas se vuelve un tipo importante en la policía, porque era parte de la red de oficiales con acceso a información privilegiada de Estados Unidos, era uno de los tipos fuertes de la DEA y del FBI en la policía”, revela el exfuncionario.
Recuerda que eso le valió recibir un curso de capacitación en estrategia de seguridad y defensa del Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, adscrito al National Defense University, con sede en Washington.
No obstante, según la fuente, junto a sus logros en las investigaciones policiales y la lucha contra el crimen organizado, las primeras denuncias contra Cañas por corrupción, extorsión y vínculos con el narcotráfico comenzaron a circular dentro de la institución.
De acuerdo con otro expolicía de la época, entre 1996 y 1997 a Luis Cañas se le relacionó con un esquema de protección a expendedores de drogas en Managua, un negocio lucrativo que supuestamente manejaba con otros oficiales en la unidad de Investigaciones de Drogas.
En 1998, su traslado a Matagalpa junto al comisionado Evenor Gutiérrez le permitió expandir su influencia. Se le acusó de haber construido una red de corrupción, ofreciendo protección a narcotraficantes y empresarios privados a cambio de miles de dólares.
Los reportes filtrados por la DEA a otros jefes policiales y militares citaban, por ejemplo, la asociación de Cañas con los hermanos Centeno Roque, empresarios vinculados a fraudes millonarios con exportaciones de arroz. Cañas y Gutiérrez, según testimonios internos, habrían brindado protección policial e información de inteligencia a estas operaciones ilícitas.
Sin embargo, las investigaciones sobre sus actividades ilícitas fueron bloqueadas. De acuerdo con el exfuncionario público, en 2000, los jefes policiales recibieron directrices del FSLN para no indagar sobre las actividades de Cañas.
En 2000 a Cañas lo trasladaron a Managua y lo ascendieron a segundo jefe de inteligencia de la Policía Nacional.
Jefe de las GIR
Debido a su experiencia en infiltración, sangre fría y pocos escrúpulos para obtener información, más su antigua preparación de las fuerzas élites Pablo Úbeda, se le asignó como jefe de una nueva fuerza especial policial destinada a liquidar a grupos de insurgentes que se venían fortaleciendo en la zona del Triángulo Minero.
Fue así que en 2000 a Luis Cañas lo nombran como jefe de los Grupos de Intervención Rural (GIR), una fuerza de 150 policías entrenados para operar en la profundidad del campo nicaragüense.
La misión principal era desarticular a las bandas de armados que habían surgido tras el desarme de la Contra en 1990, principalmente al Frente Unido Andrés Castro (FUAC), una organización delictiva integrada por aproximadamente 130 exdesmovilizados del Ejército y ex Contras, que secuestraban, asaltaban, violaban y dejaban las cabezas de sus víctimas en las estacas de los cercos de las fincas.
Ahí comenzaron las primeras denuncias por violaciones de derechos humanos contra Cañas. “Los Azules”, como le llamaban a los GIR, tenían autorización para desarticular no sólo a las bandas, sino a sus redes de colaboradores en el campo.
“Luis Cañas era el jefe de 150 policías realmente rudos ¿cómo cree usted que obtenían información sobre los movimientos de las bandas? Con ejecuciones, torturas y violencia”, dice el informante.
Las GIR, con apoyo del Ejército y la mano dura de Cañas, resultaron mortalmente eficaces.
Operación Caballo de Troya
Ellos crearon un método operativo denominado Plan Sello, que incluyó la formación de una fuerza de 10 policías que durante meses se movió por el Triángulo Minero, cometiendo delitos y crímenes bajo la falsa bandera de “alzados en armas”.
“La estrategia fue permitirles cometer crímenes como las demás bandas, para crear ruido y llamar la atención de los otros grupos y buscar una alianza. Y así fue”, relata el informante.
La acción se denominó “Operación Caballo de Troya”. Los agentes de las GIR disfrazados de “alzados” lograron concertar una reunión con la dirigencia del FUAC, liderado José Luis Marenco Pérez (a) “Laureano Rivera”.
También estarían Carlos Noel Lagos, alias “Amaru Falcón”; Domingo Quintero, “Tinieblas”; Juan Osmar Kraudy, “Juan de la Montaña” y Pilar Lira “Tyson”.
Los infiltrados estuvieron tres días en el campamento. Los primeros dos descansaron, robaron una vaca y cocinaron para todos. El tercer día fue la reunión de jefes en el cerro El Horno, en la comarca de Waspukito, 39 kilómetros al noroeste de Siuna; Cañas dio la orden por radio de ejecutar a los cabecillas.
La “plana mayor” del FUAC debía ser aniquilada ese día, pero algo salió mal y tres de ellos escaparon por un retraso del resto de las GIR, quienes durante varias semanas persiguieron a los remanentes hasta ejecutarlos a todos.
“¿Adivine quién dio la orden de decapitar a Marenco y Amaru Falcón? Cañas quería las cabezas como trofeo. Los cuerpos los enterraron en la finca El Macao, propiedad de uno de los campesinos que colaboraba con las FUAC y a quien también ejecutaron y enterraron junto con los demás”, relata la fuente.
Ascenso y caída
Según fuentes de inteligencia, la operación de Luis Cañas lo elevó a ser considerado “un hombre fuerte” dentro del aparato de inteligencia policial y respetado por los militares.
Su acceso a información de la DEA, los quiebres de drogas exitosos y su sangre fría para ejecutar operaciones sangrientas de gran riesgo le permitieron escalar en la policía, a tal grado que le permitían “acciones reñidas con los procedimientos” porque al final daban resultados.
“Con las GIR y la ejecución de las FUAC Luis Cañas demostró que era capaz de cualquier barbaridad por conseguir resultados. Es el tipo de hombre capaz de fusilar a una monja o un sacerdote si se lo ordenan sus jefes. Nació para eso. Bien hubiera sido torturador de la Gestapo, guardia de la EEBI o sicario del Cártel de Medellín”, dicen de él.
“Es un hombre de humor negro; tosco, colérico, intimidante. No confía en nadie y pocos confían en él, siempre ha generado desconfianza y no es de dudar que Ortega también lo tenga medido por si se sale de control”, dice la fuente.
Sin embargo, tras el éxito de sus operaciones y la fama, vino su caída tras 25 años de actividad policial.
Las denuncias de abusos, las sospechas de corrupción, las quejas por maltrato a sus tropas, las alertas de informantes y colaboradores que lo señalaban de ocultar armas, drogas y dinero de los operativos, se acumulaban en la jefatura.
En 2007, la primera comisionada Aminta Granera, en un intento por limpiar la Policía de elementos corruptos, ordenó su expulsión definitiva. El detonante fue la participación de Luis Cañas en un complot contra Granera para favorecer el ascenso a la jefatura de Ana Julia Guido, actual fiscal general y aliada de Ortega.
“Incluso se le acusó de haber conspirado con narcotraficantes salvadoreños para eliminar a Granera y facilitar su regreso al poder dentro de la institución. Don Enrique Bolaños recibió toda esa información de los gringos y ordenó su expulsión. Granera lo pasó a retiro”, dice el informante.
Su tenebroso regreso
Alejado de la Policía, Cañas se mantuvo operando en las sombras por unos años para el FSLN. Trabajó en inteligencia paralela, construyendo una red de informantes y reclutando a excombatientes sandinistas desmovilizados.
Su trabajo en el espionaje político lo acercó a Néstor Moncada Lau, el principal operador de seguridad de Ortega, quien le ordenó al jefe de inteligencia policial Adolfo Marenco, integrar a Cañas al sistema de espionaje policial.
En 2015, con el aval de Moncada Lau, Marenco y Ortega, Cañas fue nombrado viceministro de Gobernación, una posición clave en el control de las estructuras de represión del régimen.
Con la salida de Ana Isabel Morales en 2016, Cañas asumió el control de facto de Gobernación, consolidando su poder sobre el Sistema Penitenciario Nacional, la Dirección de Inteligencia Civil, Migración y Extranjería y los cuerpos de seguridad.
Tras el estallido de las protestas de abril de 2018, militares en retiro acusan a Cañas de ser uno de los arquitectos de organizar a los paramilitares de la «Operación Limpieza», la ofensiva armada que sofocó con violencia las manifestaciones en todo el país y que dejó un baño de sangre de más de 355 asesinatos.
“Operación Limpieza”
Por órdenes de Ortega, Cañas junto a Edén Pastora, el general Julio Cesar Avilés, jefe del Ejército; el general sancionado Oscar Mojica y el también general en retiro Ramón Calderón Vindell, más Adolfo Marenco y Francisco Díaz, jefe de la Policía, organizaron las fuerzas paramilitares que salieron a matar a los manifestantes, revela la fuente.
“Fue clave en la organización de escuadrones de choque, armando a exmilitares y expolicías para ejecutar el plan de represión”, denunció en 2019 el militar en retiro Roberto Samcam a LA PRENSA.
En mayo de 2018, según las denuncias de las organizaciones opositores de la época, Cañas ordenó sofocar “a como sea” un motín de los presos políticos en el Sistema Penitenciario. Ahí un guardia mató a balazos al reo político Eddy Montes de 57 años.
Cañas justificó el crimen diciendo que Montes forcejeó con el custodio para tratar de arrebatarle el fusil AK. Nunca reveló al autor del crimen y hasta hoy mantiene oculto el expediente del asesinato.
Sofocadas las protestas, el ascenso de Cañas fue imparable. Ortega y Murillo le otorgaron por ley la persecución y anulación contra ONG y organizaciones civiles.
Desde 2018, su oficina ha diseñado los expedientes que justificaron la cancelación de más de 5,700 organizaciones civiles y religiosas.
A la vez, desde 2020 se le achaca ser el director de un sistema de coimas, multa y cobros para que migrantes irregulares utilicen los aeropuertos y puestos fronterizos como trampolín de migración ilegal a Estados Unidos.
Ortega hasta lo felicitó en público por ese papel en enero de 2024: “Aquí tenemos a un compañero que no lo dejamos dormir, al compañero Luis Cañas, no lo dejamos dormir, tiene que estar pendiente del tráfico terrestre, del tráfico aéreo, de la gente que entra por pasos ciegos; bueno, lleva una tarea realmente de tiempo completo, él ahí está”.
Objetivo visible
En diciembre de 2023, Ortega lo ascendió comisionado general de la Policía y lo integró a más comisiones de inteligencia y espionaje.
Actualmente, Luis Cañas es uno de los operadores más poderosos del régimen. Desde su cargo, controla quién puede salir y entrar del país, supervisa el espionaje interno en las instituciones estatales y dirige la vigilancia sobre opositores, empresarios y líderes religiosos.
El exembajador Arturo McFields lo acusa de ser el encargado de prohibir el ingreso a Nicaragua a opositores y críticos de la dictadura de Daniel Ortega. “Luis Cañas, el hombre que confisca pasaportes y llama a las líneas aéreas para negar el ingreso de nicaragüenses a su patria”, denunció McFields en su cuenta de la red social X (antes Twitter).
Pese a su historial de corrupción y represión, sigue siendo un nombre desconocido en las listas de sancionados por la comunidad internacional. Sin embargo, su papel en la maquinaria de represión Ortega-Murillo lo ha colocado en el centro de las estructuras de poder que sostienen al régimen.
En febrero pasado, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, creado por la ONU, señaló a Cañas como parte de una amplia red de vigilancia e inteligencia que monitorea a funcionarios, opositores y ciudadanos considerados críticos con el régimen.
El informe, presentado en Ginebra, detalla que la estructura está compuesta por miembros del Ejército, Policía, Ministerio del Interior, Telcor (regulador de telecomunicaciones) y grupos armados que cometen crímenes de lesa humanidad por órdenes de Ortega y Murillo.
La red utiliza centros de cómputo municipales para recopilar información y coordinar detenciones arbitrarias, expulsiones y persecución judicial de disidentes.
Los expertos señalan directamente al viceministro del Interior, Luis Cañas, como el encargado de decidir quiénes quedan desterrados y quiénes son impedidos de salir del país. “Es el carcelero de Nicaragua”, dicen todas sus víctimas.
