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Dos asesinatos políticos en menos de una semana. Dos familias más con sus vidas destrozadas por la dictadura Ortega Murillo. Este nuevo actuar, tal como lo expresamos desde la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN), en un pronunciamiento público divulgado cuando entregaron el cadáver del preso político Carlos Cárdenas Zepeda, sólo tres días después que devolvieron el del también opositor Mauricio Alonso Petri, “constituye una nueva modalidad represiva, desprovista del más mínimo sentimiento de piedad” y “es una clara muestra de degradación moral de quienes la dirigen y de sus leales”.
El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas presentó su más reciente reporte el 1 de septiembre. Incluye a 73 personas reconocidas como reos políticos, 59 hombres y 14 mujeres; 23 de ellos son adultos mayores. Cabe mencionar que no incluye a muchas personas que están detenidas, pero por temor a represalias de la dictadura sus familias piden no contabilizarlas.
Un dato muy preocupante es que del total, 33 están bajo el estatus de desaparecidos. Desde que las fuerzas represivas los secuestraron no los han presentado, ni permitido que sus familiares los vean, algunos ya tienen más de un año bajo esa condición.
Organismos de derechos humanos y de la sociedad civil consideran estas desapariciones forzadas el rostro más cruel de la represión y la prisión política en Nicaragua. Porque reflejan el sufrimiento de los presos y el de sus familias, que no saben si siguen vivos. Ahora la incertidumbre creció, porque no sólo torturan a los presos políticos, también los asesinan.
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Esquema represivo se agudiza
Además de los dos asesinatos, recientemente conocimos el testimonio de Rosa Ruiz quien denuncia valientemente que su hijo, el médico Yerri Gustavo Estrada Ruiz, secuestrado el 13 de agosto, es torturado brutalmente.
Por ello, desde la CDN hacemos un llamado urgente para que se preserve y respete la vida de los más de 73 presos políticos; que entreguen una fe de vida de cada uno de los 33 desaparecidos; y que dejen de torturarlos y cumplan con la obligación legal de darles un trato digno a ellos y a sus familias.
En adición a este actuar brutal en las cárceles, la dictadura continúa con su modelo autoritario y represivo, cerrando espacios democráticos y tomando el control absoluto de las instituciones.
El Informe sobre Prácticas de Derechos Humanos 2024, divulgado en agosto por el Departamento de Estado de Estados Unidos, concluyó que la situación de los derechos humanos en Nicaragua empeoró durante el 2024.
Además, detalla una serie de problemas significativos entre los que se incluyen “informes creíbles de: asesinatos arbitrarios o ilegales; desapariciones; tortura, tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes; arrestos y detenciones arbitrarios; represión transnacional contra individuos en otros países; serias restricciones a la libertad de expresión y de prensa, que incluye violencia o amenazas de violencia contra periodistas, arrestos o enjuiciamientos injustificados de periodistas, censura, y serias restricciones a la libertad en internet; restricciones a la libertad religiosa; trata de personas, incluido el trabajo forzado; restricciones significativas a la libertad de asociación de los trabajadores; y las peores formas de trabajo infantil”.
Modelo represivo contra las iglesias
También señala que las autoridades no investigaron ni procesaron estas acciones, y tampoco tomaron medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que cometieron abusos en contra de los derechos humanos.
Para ejemplificar la magnitud de algunas de estas violaciones en relación con la libertad de prensa detalla que, desde el inicio de la crisis, 276 periodistas se exiliaron y 56 medios de comunicación cerraron; y la única información que existe en el país es la oficial. Para la Red Centroamericana de Periodistas (RCP), Nicaragua es el país más crítico de la región para la prensa.
En materia religiosa, a finales de agosto se conoció la séptima edición del estudio Nicaragua: Una Iglesia perseguida, que resume un total de 1,010 ataques directos a las iglesias; la expulsión de 302 líderes religiosos, incluidos cuatro obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN); el robo de al menos 36 propiedades incluidas Radio María y unas 16,563 prohibiciones de actividades.
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Todos los días hay más familias que sufren porque asesinaron, apresaron, desaparecieron o torturaron a un familiar; o porque lo maltrataron, lo obligaron a exiliarse, le impidieron salir o ingresar al país o le confiscaron sus bienes.
Por todo esto, en la CDN nos esforzamos todos los días para denunciar, presionar y exigir la rendición de cuentas por estos crímenes que no deben quedar impunes. Exhortamos a la comunidad internacional y a los gobiernos democráticos del mundo a impulsar acciones decisivas que alivien el dolor de los nicaragüenses y permitan rescatar la justicia, la democracia y la libertad de nuestro país.
*Este artículo se publicó originalmente en: www.cdnicaraguense.org
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