Familiares de presos políticos exigen prueba de vida y su liberación inmediata

En el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada familiares de presos políticos en Nicaragua exigieron al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo una prueba de vida de sus parientes y su liberación inmediata. La demanda surge en medio del temor que enfrentan las familias, tras los recientes casos en los que dos reos de conciencia fueron entregados sin vida en los últimos cinco días.

El 25 de agosto, el Instituto de Medicina Legal (IML) entregó sin vida al preso político Mauricio Alonso, de 64 años, y este viernes 29 de agosto, también fue entregado a sus familiares el cuerpo de Carlos Cárdenas Zepeda, un abogado que permanecía secuestrado desde hacía 15 días.

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«Exigimos que se nos muestren con vida y que se les libere de inmediato», afirmó Sadie Rivas, hija de  preso político y excapitán Aníbal Rivas Reed, durante una conferencia de prensa organizada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Por su parte, Adolfo Hurtado, hermano de Alejandro Hurtado desaparecido desde enero pasado, enfatizó que «nosotros queremos saber dónde están, cómo están, queremos verlos. Queremos saber si están vivos».

Los familiares y organizaciones de derechos humanos denuncian que los reos de conciencia permanecen en total aislamiento y que las autoridades del Sistema Penitenciario niegan visitas, llamadas telefónicas y acceso a medicinas, lo que incrementa la preocupación por su integridad física.

Cárceles «antesalas de muerte»

Durante la conferencia de prensa, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), el Monitoreo Azul y Blanco acompañados con CEJIL denunciaron que en la última semana el régimen orteguista ha «cruzado un umbral intolerable».

Claudia Pineda, de UDJ, denunció que las muertes recientes de los dos reos de conciencia «confirman lo que venimos denunciando, las cárceles del régimen se han convertido en antesalas de muerte».

También expuso que las familias «enfrentan una doble tortura, la ausencia de sus seres queridos y el hostigamiento institucional cuando intentan obtener información. Hoy familiares de personas presas políticas denunciamos que cada día de encierro arbitrario es un riesgo de muerte».

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Por su parte, Salvador Marenco, abogado del Colectivo Nicaragua Nunca Más, señaló que «las desapariciones forzadas de las personas se suman a la lista de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen, crímenes que son imprescriptibles y crímenes que deberán de ser juzgados en una Nicaragua libre a todos aquellos perpetradores, agentes estatales y paraestatales que han participado en esta sistemática en esto».

A su vez afirmó que han documentado más de 240 casos de personas sobrevivientes de torturas quienes también fueron víctimas de desaparición forzada temporal. «La desaparición forzada se ha convertido en una política de terror del régimen que se ha acentuado en este año con las recientes redadas», apuntó.

Claudia Paz y Paz, de CEJIL, aseguró que «es totalmente inaceptable estas violaciones al derecho a la vida, pero también se suma a violaciones a la libertad y a la integridad física (…) Unimos nuestras voces para demandar que inmediatamente se permita el acceso a sus familiares y a sus abogados, a estas personas que permanecen desaparecidas, y también demandamos del estado de Nicaragua su inmediata liberación».

«Vivimos con la angustia de no saber dónde se encuentran»

Saide Rivas leyó un comunicado en nombre de los familiares de presos y presas políticas en el que aseguran que desde hace meses, decenas de hogares «vivimos con la angustia permanente de no saber dónde se encuentran nuestros seres queridos, ni en qué condiciones están».

Asimismo, condenaron los casos de los dos reos de conciencia que fueron entregados sin vida a sus familias. «Nos negamos absolutamente a normalizar esta práctica, cada muerte bajo custodia estatal es un asesinato político. La vida de nuestros familiares está en riesgo permanente y el silencio oficial no es más que una confirmación de la crueldad con la que actúa este régimen», apuntó.

Enseguida, expresó que «exigimos la liberación inmediata e incondicional de todas las personas presas políticas de Nicaragua y la aparición con vida de todas las personas desaparecidas forzosamente».

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Adolfo Hurtado denunció que como familiares no han obtenido respuesta de dónde y cómo está. «No hay otro camino más que la denuncia, el silencio no es una alternativa (…) hay que denunciar, no vamos a parar hasta que nos entreguen», insistió.

Rosa Ruíz, madre del doctor Yerri Gustavo Estrada Ruiz, detenido por la Policía de la dictadura Ortega-Murillo el pasado 13 de agosto en el Hospital Amistad Japón de Granada, expresó que los casos recientes «han sido muy alarmantes, de mayor preocupación porque no se sabe dónde están (…) esto es urgente que los países del mundo ayuden, no es posible que no se nos demuestren que están con vida, hay un silencio enorme».

Ruíz dijo que ha solicitado ayuda al Gobierno de Costa Rica para obtener información de su hijo, que nació en suelo costarricense. «La incertidumbre sólo me hace recordar como la Guardia de Somoza llegaba a tirar los cuerpos, hoy me aterroriza pensar que mi hijo vaya a ser una de esas personas que me lleguen a dejar, pero sin vida», afirmó.

Indicó que «exigimos que nos los muestren y que los liberen». Francisco Ortíz, padre de Luis Francisco Ortiz, detenido en Masaya el pasado 13 de agosto, también exigió una prueba de vida y la liberación de su hijo y todos los presos y presas políticas.

«Los familiares estamos siendo perseguidos. Hoy nuestras familias estamos divididas gracias al régimen de Nicaragua, ya basta, no esperemos que haya otro muerto más», dijo Ortíz.

Tanto Ortíz como Ruíz insistieron en qué la dictadura no da respuesta oficial de dónde están sus hijos, pero que extraoficialmente conocieron que están detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial Evaristo Vázquez mejor conocido como El Chipote donde están «siendo torturados».