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La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que Evelyn Guillén, encarcelada en 2023 por portar un cartel en el que pedía la libertad del obispo Rolando Álvarez, continúa siendo víctima de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Ella sobrevivió a la violencia sexual y los abusos del régimen, pero las autoridades penitenciarias le niegan atención médica y de salud mental adecuada durante su detención», advirtió la institución estadounidense.
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Guillén fue identificada como la presa política que se negó a ser desterrada a Guatemala el pasado 5 de septiembre de 2024 junto a 135 excarcelados, pero organizaciones de derechos humanos denuncian que dicho accionar obedecía al abuso en la administración de medicamentos inadecuados por parte de una funcionaria del Sistema Penitenciario y al deterioro de su salud mental, consecuencia de las torturas sufridas.
EE. UU. responsabiliza a los funcionarios por «cómplices»
La presa política se encuentra encarcelada en el Establecimiento Penal Integral de Mujeres (EPIM), mejor conocido como La Esperanza, la Cárcel de Mujeres.
La institución estadounidense también advirtió que «haremos responsables a los funcionarios nicaragüenses cómplices de esta crueldad».
En las últimas semanas, Washington ha mantenido un flujo constante de comunicados y pronunciamientos contra los abusos del régimen Ortega-Murillo, poniendo especial atención en la situación de los presos políticos y en la persecución de la Iglesia católica.
El pasado 20 de agosto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado denunció que desde 2024 la dictadura «ha hecho desaparecer al menos a 20 nicaragüenses, entre ellos madres, ancianos y, más recientemente, un pastor evangélico tras detenciones injustas».
«Sus familiares merecen saber ahora mismo dónde se encuentran, y no sufrir la victimización secundaria de una cruel dictadura», indicó la institución.
Presa política por segunda vez
El 1 de agosto de 2023, Guillén, de 53 años, durante la procesión de Santo Domingo de Guzmán en Managua, exhibió una pancarta en donde demandaba la libertad del obispo de Matagalpa, quien entonces permanecía detenido por el régimen de Ortega.
Días después, el 5 de agosto, Guillén se había ido en un viaje familiar a Pochomil y fue detenida por la Policía en la playa. La segunda vez como presa política. Entre mayo y junio de 2018, en el contexto de las protestas antigubernamentales en Nicaragua, fue encarcelada y sometida a torturas sexuales, lo que le causó daños severos en su salud mental.
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Guillén cuenta con medidas cautelares que le fueron otorgadas en agosto del 2024 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicando que los médicos la diagnosticaron en 2018 con trastorno afectivo bipolar tipo II y esquizofrenia, a raíz de presuntas torturas sexuales sufridas ese año.
La CIDH advirtió que la presa política ha tenido dos recaídas significativas en octubre de 2023 y abril de 2024, debido a la falta de acceso oportuno a los medicamentos necesarios. Sus crisis incluyen gritos, episodios de violencia y riesgo de convulsiones.
La medicación que recibe actualmente (ácido valproico y Psicodol) es la misma que tomaba años atrás, por lo que podría ser inadecuada para su estado actual, dado que no recibe atención psiquiátrica especializada ni exámenes médicos actualizados.
