El Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (Grex) denunció que la presa política Evelyn Guillén no abordó el avión rumbo a Guatemala, en el que fueron desterrados 135 excarcelados políticos el 5 de septiembre de 2024, debido al abuso en la administración de medicamentos inadecuados por parte de una funcionaria del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) y al deterioro de su salud mental, consecuencia de las torturas sufridas a manos de autoridades nicaragüenses.
Según un informe del Grex, Guillén sufrió un ataque de ansiedad al subir a un autobús que la trasladaría, junto con otras presas políticas, al Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Ella repetía que no volvería a ver a sus hijas y, en medio del descontrol, una funcionaria llamada “Guadalupe” le suministró tres pastillas.
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Por esta razón, el Grex sostiene que Guillén no tuvo la capacidad de discernir con “sus cinco sentidos” si debía o no abordar el avión rumbo a Guatemala.
“¡Ahí te quedás y no estés molestando, ya sabes que volvés allá mismo!”, le dijo la funcionaria, según recoge el Grex con base en relatos de otras excarceladas que presenciaron el hecho.
Urge atención médica
Según la denuncia del Grex, la situación de Guillén ha empeorado y necesita atención médica especializada, además de evaluación psiquiátrica y psicológica. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al otorgarle medidas cautelares, indicó que los médicos la diagnosticaron en 2018 con trastorno afectivo bipolar tipo II y esquizofrenia, a raíz de presuntas torturas sexuales sufridas ese año.
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La CIDH advierte que Guillén ha tenido dos recaídas significativas en octubre de 2023 y abril de 2024, debido a la falta de acceso oportuno a los medicamentos necesarios. Sus crisis incluyen gritos, episodios de violencia y riesgo de convulsiones. La medicación que recibe actualmente (ácido valproico y Psicodol) es la misma que tomaba años atrás, por lo que podría ser inadecuada para su estado actual, dado que no recibe atención psiquiátrica especializada ni exámenes médicos actualizados.
“¿De quién fue la culpa que no pudiera discernir correctamente sobre la oportunidad de salir libre? Nosotros nos respondemos, fue producto de los largos meses de aislamiento, malos tratos y pésima atención médica dentro del penal”, señala el informe.
Según el relato del Grex, Guillén siempre afirmó en prisión que jamás atentaría contra su vida y advirtió que, si algo le sucedía, sería responsabilidad de sus carceleros.
Resolución de la CIDH advirtió anomalías en proceso de presa política
El pasado 17 de agosto de 2024, la CIDH emitió medidas cautelares a favor de Guillén. Según la resolución, las autoridades la arrestaron por primera vez entre mayo y junio de 2018, en el contexto de las protestas antigubernamentales en Nicaragua. Durante su detención, las autoridades la sometieron a torturas sexuales, lo que le causó daños severos en su salud mental.
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Agentes policiales vestidos de civil detuvieron a Guillén por segunda vez el 5 de agosto de 2023, sin orden judicial ni explicación de los motivos. La arrestaron pocos días después de participar en la procesión de Santo Domingo en Managua, donde mostró una pancarta en apoyo a monseñor Rolando Álvarez, quien en ese momento estaba detenido.
Proceso irregular
Las autoridades trasladaron a Guillén inicialmente a la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo Chipote, donde la interrogaron, y luego al Distrito III de la Policía en Managua, donde pasó cinco días sin acceso a luz solar ni atención médica. Finalmente, la recluyeron en el Establecimiento Penal Integral de Mujeres (EPIM), conocido como La Esperanza, donde permanece hasta hoy.
Según la CIDH, durante su proceso judicial, Evelyn enfrentó serias irregularidades. No se conoce el número de expediente ni los detalles de las acusaciones o las sentencias dictadas, lo que ha impedido que un abogado privado pueda representarla.
Aunque inicialmente las autoridades procesaron a la presa política Evelyn Guillén por su participación en las protestas y por publicaciones críticas en redes sociales, en la última audiencia modificaron el relato de los hechos y la condenaron a ocho años de prisión por un supuesto delito de tráfico de estupefacientes. La mayoría de sus audiencias se llevaron a cabo por videollamada, sin acceso a una defensa adecuada ni comunicación directa con sus abogados.
