Para muchos trabajadores y clientes fue extraño que patrullas de la Policía orteguista se apostaran desde las 2:00 de la tarde el 25 de junio de 2024 fuera de la agencia de envíos ASAP Nicaragua, en Lomas del Valle, en Managua, un negocio próspero que surgió en abril de 2018, que se dedicaba al envío de mercadería y cargas comerciales desde Estados Unidos.
A las 5:30 de la tarde, su propietaria Eveling Matus iba saliendo del negocio en compañía de una familiar y de su hija menor, cuando fue interceptada por un carro blanco, conducido por civiles que le ordenaron que regresara al negocio.
En cuanto regresaron al local, los policías que estaban en las ocho patrullas que permanecían fuera de las oficinas allanaron el negocio sin mostrar orden judicial. Los agentes policiales ordenaron que desconectaran las cámaras de seguridad y permanecieron por más de una hora en las instalaciones.
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Según fuentes que brindaron declaraciones a este Diario, bajo anonimato por temor a represalias, Matus fue trasladada junto a otros familiares al Distrito III de la Policía en Managua. Ahí le preguntaron si, a través de su agencia de envíos, había traído chalecos antibalas para las protestas que estallaron en abril de 2018. También la interrogaron sobre su supuesto vínculo con opositores al régimen Ortega-Murillo.
Desde ese día, se desconoce la situación de Matus y los familiares han acudido en reiteradas ocasiones al Sistema Penitenciario Nacional La Esperanza en busca de información, pero las autoridades niegan su presencia en el sistema. Este Diario intentó obtener la versión de la familia, pero esto no fue posible.
Matus forma parte de los 46 presos políticos que el régimen mantiene en prisión, de los cuales 12 están en condición de “desaparición” debido a que el régimen Ortega-Murillo oculta su paradero, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas actualizados hasta el 7 de noviembre de 2024.
Emprendedora
Eveling Carolina Matus Hernández nació el 16 de diciembre de 1989 en Jinotepe, Carazo. Forma parte de la primera generación que egresó como profesional de Mercadeo y Publicidad de la Universidad Centroamericana (UCA), confiscada por la dictadura en agosto de 2023.
Matus se destacó en una agencia de publicidad y posteriormente en el área de comunicaciones de una compañía telefónica. En 2018 decidió emprender con ASAP Nicaragua (siglas de As Soon As Possible).
También es reconocida como una persona trabajadora y muy devota de la religión católica. Tiene dos hijos: una niña de 10 años y un niño de 5.
Matus participó en algunas marchas antigubernamentales que iniciaron en abril de 2018, pero posteriormente se distanció de las manifestaciones y se enfocó en su negocio. Según personas que la conocieron y que prefirieron omitir su nombre por temor a represalias, ella evitaba opinar en redes sociales por su propia seguridad y la de su negocio.
Persecución inició en diciembre de 2023
La persecución en contra de Matus inició en diciembre de 2023, cuando policías vestidos de civil les preguntaron a los secretarios políticos de Jinotepe información sobre ella.
En enero de 2024, la Policía la detuvo en al menos cuatro ocasiones porque supuestamente la camioneta que conducía estaba reportada en un accidente. Tras las detenciones, permanecieron patrullas cerca de su casa hasta el día de su captura, el 25 de junio de este año.
Delitos fabricados
Fuentes conocedoras del tema aseguraron a este Diario que a Matus la acusan por tres supuestas “publicaciones de incitación al odio en sus redes sociales”, pero se desconoce si ya fue condenada y su caso no aparece en el sistema de causas judiciales Nicarao. Afirmaron además que fue acusada de “traición a la patria” y “menoscabo a la integridad nacional”.
Durante su interrogatorio, la Policía encontró una antigua publicación en X en la que Matus llamó “su verdadero líder” al obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua y desnacionalizado por la dictadura, monseñor Silvio Báez.
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El 2 de julio, Matus fue llevada ante los juzgados y el 4 del mismo mes, la Procuraduría General de la República confiscó todas las propiedades a su nombre. El 3 de julio la trasladaron al Sistema Penitenciario La Esperanza y el 10 de julio la llevaron nuevamente a los juzgados.
Una fuente reveló que durante las audiencias las personas que llegaron a acusarla fueron policías del área de informática y funcionarios de la Dirección de Auxilio Judicial, que supuestamente lideraron el operativo y que su declaración no coincidía con la acusación.
Hasta el momento, se desconocen detalles sobre su situación de salud y sobre su proceso judicial, puesto que el régimen maneja con hermetismo su caso, al igual que de otras 11 personas de las que se desconoce su paradero.
