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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo arrastra la responsabilidad de al menos cinco muertes de presos políticos ocurridas bajo custodia estatal en los últimos seis años. El caso más reciente es el de Mauricio Alonso, de 64 años, quien fue entregado sin vida el 25 de agosto de 2025 tras casi seis semanas de encierro arbitrario.
Su familia fue notificada de la muerte de manera repentina por el Instituto de Medicina Legal (IML), sin explicaciones sobre las causas. Los fallecimientos de opositores bajo custodia estatal se han producido en distintas circunstancias, pero todos comparten denominadores comunes: ausencia de investigaciones independientes y la impunidad, señalan defensores de derechos humanos consultados por LA PRENSA.
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Los defensores concuerdan en que las muertes se han dado en un contexto de aislamiento, tortura y criminalización de voces críticas, y advierten que no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático de represión.
«Estamos en una nueva etapa que ya no sólo son los asesinatos que ocurrieron en 2018 y posterior, ya no es sólo que te secuestren, te priven de la libertad, que te quiten la nacionalidad, o te destierren sino que las cárceles se están convirtiendo en la antesala de la muerte (…) estamos llegando a un límite que no podemos normalizar», advirtió Haydée Castillo, defensora de derechos humanos.
Por su parte, Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, recordó que «las prácticas de tortura y crueldad se sistematizó en los últimos siete años. La detención arbitraria y desaparición forzada que tienen finales trágicos con la privación de la vida de las personas».
Mauricio Alonso, secuestrado junto a su esposa e hijo
Con 64 años, Mauricio Alonso se convirtió en el preso político más reciente en morir bajo custodia estatal. Originario de Carazo, él junto con su esposa y su hijo fueron detenidos durante la madrugada del 18 de julio, en medio de las redadas previas al 19 de julio.
La esposa de Alonso fue liberada el mismo día, pero él y su hijo no. Su familia lo buscó desesperadamente en cárceles y hospitales del país, pero nunca recibió respuesta de las autoridades hasta la fatídica llamada con la que se conoció su deceso.
En marzo de 2018 fue nombrado presidente departamental del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), fundado por disidentes sandinistas, ahora Unamos, en Carazo.
También formó parte del Frente Amplio por la Democracia (FAD) en Carazo, que aglutinaba liderazgos de diferentes procedencias, incluyendo liberales, movimientos sociales, independientes y miembros de partidos políticos como el MRS.
Haydée Castillo, del Instituto Segovia para el Liderazgo y la Transformación Social, también denunció que la familia de Alonso se vio obligada a ir a buscar el cuerpo de su familiar a Managua y después sepultarlo de inmediato, bajo fuerte vigilancia policial
«La dictadura pasó a una etapa donde les quita la vida a la luz del día, a la vista de todo el mundo y simplemente llama a la familia que se lleven a su muerto y lo entierren sin libertad alguna», apuntó.
Carrión, por su lado, denunció que la muerte del opositor es «una grave violación a los derechos humanos, es un crimen contra la vida».
Humberto, hermano menor del dictador
El exjefe y fundador del Ejército, Humberto Ortega Saavedra, falleció el 30 de septiembre de 2024 después de permanecer bajo arresto domiciliario desde el 19 de mayo. Ortega fue puesto bajo el régimen de arresto domiciliario tras conceder una entrevista al medio internacional Infobae en la que manifestó que cuando muera su hermano Daniel Ortega nadie lo podrá remplazar en el poder, ni siquiera su esposa, Rosario Murillo.
Con 77 años, el general en retiro falleció en el Hospital Militar Dr. Alejandro Dávila Bolaños, en Managua.
El 28 de mayo, en televisión nacional el dictador lo señaló de ser traidor y de cometer un acto de entreguismo y vergüenza nacional, a través de un decreto en el que anuló la entrega de la medalla «Camilo Ortega Saavedra» en reconocimiento al teniente coronel Dennis F. Quinn, jefe de la Agregaduría Militar del Gobierno de los Estados Unidos en Managua, otorgada en 1992.
Desde el 11 de junio Humberto Ortega había sido internado de emergencia y hasta el domingo 29 de septiembre se supo sobre su delicada condición de salud.
Después de la caída del somocismo, Daniel y su hermano Humberto fueron miembros de la Dirección Nacional del FSLN, conformada por nueve comandantes sandinistas que tomaban todas las decisiones del país. Los años siguientes Daniel pasó a coordinar la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional y luego se convirtió en el presidente de Nicaragua, mientras que su hermano Humberto se convirtió en el fundador y jefe del Ejército Sandinista.
Hugo Torres, de salvarle la vida a Ortega a ser preso político
La madrugada del sábado 12 de febrero de 2022 falleció el general en retiro Hugo Torres Jiménez, a los 73 años, tras 244 días de su captura como parte de la represión política en Nicaragua. Se encontraba en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) y antes de su muerte fue trasladado al hospital de la Policía orteguista.
Fue apresado el 13 de junio del 2021 como parte de una redada policial contra los opositores. Torres se ganó un lugar en la historia de Nicaragua por su participación en la toma de la casa de Chema Castillo y del Palacio Nacional. Él fue el único guerrillero que participó en los dos operativos más memorables que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) realizó para rescatar sus presos políticos durante la dictadura de Anastasio Somoza Debayle, incluido Daniel Ortega, quien estaba en la cárcel por haber asaltado un banco en julio de 1967.
La última vez que se le vio con vida a Torres fue en un video que se hizo público cuando fue secuestrado por el régimen en el que decía: «Tengo 73 años, nunca pensé que a esta edad, en esta etapa de mi vida, iba a estar luchando de forma cívica y pacífica contra una nueva dictadura».
Torres era conocido como Comandante Uno. En 1995 se separó del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), actualmente Unamos.
Tras su muerte, el Ministerio Público anunció la cancelación definitiva del juicio contra Torres, sin revelar la causa de su fallecimiento. Aunque el comunicado menciona que el exmilitar presentaba un deterioro en su salud, no proporcionó detalles sobre la enfermedad.
La solicitud de suspensión definitiva por razones humanitarias fue supuestamente aceptada por el juez a cargo del caso, aunque la situación de Torres no había sido previamente abordada por la Fiscalía ni el poder judicial.
Santos Sebastián Flores Castillo denunció un abuso sexual de Ortega
En noviembre de 2021, de manera sospechosa falleció Santos Sebastián Flores Castillo, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro mejor conocido como La Modelo.
De profesión abogado y notario público fue detenido en 2013 y condenado a 15 años de prisión por el delito de violación sexual agravada presuntamente contra una funcionaria del poder judicial con la que mantenía una relación amorosa.
En su momento se denunció que el proceso contra Flores fue acelerado por orden de Ortega, sin contar con la asistencia de un defensor privado, y se le confiscaron propiedades.
En 2005 Flores denunció ante el Centro Nicaragüenses de Derechos Humanos (Cenidh) y otros organismos que Ortega habría iniciado una relación con su hermana de 15 años, con quien habría procreado una hija.
Fue considerado uno de los primeros reos políticos del régimen Ortega-Murillo, antes del estallido social de abril de 2018. En octubre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) dos casos contra el Estado de Nicaragua, uno de ellos el de Santos Flores por torturas y su muerte.
«Tras estas denuncias, Flores Castillo y su familia sufrieron persecución por parte del Estado. En 2013, Flores Castillo fue condenado a 15 años de prisión por un delito que, según la parte peticionaria, fue fabricado en represalia por sus denuncias», señaló la CIDH.
Eddy Montes, la primera víctima
El 16 de mayo de 2019, a los 57 años, el preso político Eddy Montes Praslin se convirtió en la primera víctima de la dictadura. Fue capturado en octubre de 2018 y pasó 56 días en las mazmorras del antiguo Chipote.
Fue asesinado por un custodio que le disparó con un AK-47, en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro conocido como cárcel La Modelo. Se encontraba en la Galería 16 y 17, que en ese momento formaban una sola, cuando el custodio disparó su arma de reglamento contra los presos políticos, que en ese entonces eran más de 100.
Aunque había sido detenido por participar en marchas de protesta contra el régimen de Ortega en Matagalpa, fue condenado a 32 años de prisión por «terrorismo».
Desde su asesinato, el Estado nunca llevó a cabo una investigación, añadiéndose así a las deudas pendientes con la justicia, tanto a nivel nacional como internacional.
Montes nació en La Dalia, Matagalpa. Estudió la carrera de Derecho en la Universidad del Norte de Matagalpa (UNN). En 2018 se graduó.
Insisten en la importancia de denunciar
Los defensores de derechos humanos lamentan que en la actualidad dentro del país sea complicado para los familiares alcanzar justicia por los decesos de sus parientes, no obstante insisten en la importancia de la denuncia por parte de organismos o defensores de derechos humanos.
«La justicia transicional en Nicaragua ya empezó por el gran trabajo que se hace desde las organizaciones de derechos humanos, sociedad civil, oposición junto a organismos internacionales que es poder documentar y tener testimonios. Aún con terror tenemos mecanismos por los cuales se puede denunciar», dijo Castillo.
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Carrión por su parte subrayó que lo que viven las familias en Nicaragua con opositores desaparecidos puede denunciarse dado a que «la desaparición es un delito internacional y por ende un crimen de lesa humanidad, es el máximo umbral de los sufrimientos, del daño corporal, psicológico, es el máximo de las crueldades porque se desconoce el paradero de la persona».
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más —dijo Carrión— ha documentado más de 240 testimonios sobre torturas, incluyendo casos de desaparición forzada.
