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Mientras la dictadura de los Ortega Murillo expulsa masivamente a sus ciudadanos a través de negativas de ingreso o despojo de la nacionalidad, el mismo sistema ha convertido al país —desde el retorno del dictador Daniel Ortega al poder— en una guarida de aliados y prófugos de la justicia que gozan desde asilo hasta nacionalidad. El último caso es el de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), prófugo de la justicia de Colombia y allegado al mandatario colombiano Gustavo Petro, a quien el régimen de Managua concedió el asilo político el miércoles 20 de agosto.
Carlos Ramón González es el segundo prófugo de la justicia a quien el régimen de los Ortega Murillo le otorgó asilo en lo que va del año. El primero fue el sindicalista panameño Armando Cerrud, quien se asiló en la Embajada de Nicaragua en Panamá.
LA PRENSA envió consultas desde el lunes a la Cancillería colombiana para conocer detalles de la situación de Carlos Ramón González, pero hasta el momento no ha habido mayor respuesta que el acuse de recibido a la solicitud.
Amarres
A consideración del especialista en relaciones internacionales costarricense, Carlos Murillo Zamora, el otorgamiento de asilo a prófugos de la justicia o a líderes políticos por parte del régimen Ortega Murillo tiene como interés obtener réditos políticos ante otros países.
«¿Por qué si hay diferencias territoriales y políticas con Petro le otorgó asilo a alguien vinculado al mandatario colombiano que cada vez está más debilitado? Entonces acá ya hay más intereses personales que intereses de Estado para obtener algún tipo de concesión o beneficio», dijo Murillo.
Petro respondió el 27 de agosto a los insultos lanzados por el dictador nicaragüense Daniel Ortega un día antes, en su intervención virtual en la cumbre extraordinaria del Alba, quien señaló al mandatario colombiano de querer ser un “representante de los yanquis en América Latina”. Y aunque Petro señaló que desde su gobierno no solicitó ninguna gestión al régimen de Nicaragua, lo cierto es que el asunto de González, uno de sus más allegados, es uno de los casos de corrupción que más golpean al mandatario colombiano.
Zelaya y el objetivo de los asilos
Murillo puso también de ejemplo el refugio que otorgó Ortega al expresidente hondureño José Manuel Zelaya Rosales, luego del golpe de Estado en 2009, y que representó la absoluta lealtad del actual gobierno hondureño de Xiomara Castro, esposa de Zelaya.
«Esto evidencia el interés de la pareja presidencial de otorgar esos refugios, pero más lo veo como una táctica para comprometer a las otras partes. Si uno ve la diversidad de personas que se han refugiado en Nicaragua es evidente que hay algo más detrás de ofrecer esa protección, sean prófugos, líderes políticos o narcotraficantes», dijo Murillo.
Renovación de residencia estalló todo
Luego de que se conoció de supuestos trámites para renovar su residencia en Nicaragua, Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y prófugo de la justicia colombiana, recibió el miércoles 20 de agosto el asilo en Nicaragua por parte del régimen Ortega Murillo.
La Fiscalía colombiana señala a González como el presunto autor intelectual del mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro, el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Los cargos formales incluyen cohecho, peculado por apropiación agravado en favor de terceros (o apropiación indebida de bienes del Estado) y lavado de activos.
Según medios internacionales, González vivió varios meses en la residencia oficial de la Embajada de Colombia en Managua, coincidiendo con el período como embajador del controversial León Fredy Muñoz.
LA PRENSA consultó estas aseveraciones a la Cancillería, pero hasta el momento no se han obtenido respuestas. Sin embargo, el presidente Petro ha señalado que, al menos desde la Cancillería, no se tramitó ninguna solicitud de residencia para González.
Según documentos filtrados por medios internacionales, la Embajada colombiana en Managua solicitó la prórroga de estancia para González en el país en mayo de este año, argumentando que González visitó Nicaragua en la década de los 80 y que apoyó la «causa sandinista».
Segundo inquilino en Panamá
El régimen de los Ortega Murillo abrió las puertas el 19 de junio al sindicalista panameño Erasmo Antonio Cerrud Pinzón, acusado por el Ministerio Público de su país de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita.
La Policía Nacional de Panamá ofrece 19 mil dólares como recompensa por información de Cerrud. LA PRENSA envió consultas a la Cancillería de Panamá, pero, al igual que en ocasiones anteriores, hasta la publicación de este artículo no respondió a la comunicación.
El 22 de mayo de 2025, la Policía Nacional de Panamá emitió una orden de captura contra Cerrud, acusado por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada por los presuntos delitos de estafa, blanqueo de capitales y asociación ilícita, en el marco de una investigación iniciada en 2022 relacionada con una compra y venta de una isla en Bocas del Toro, supuestamente realizada por dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) a nombre del sindicato.
Un exmiembro de las Brigadas Rojas
Quizás el más antiguo es Alessio Casimirri, un exmiembro del disuelto grupo terrorista italiano Brigadas Rojas, que llegó a Nicaragua en la década de 1980, gozando de la protección de la primera dictadura sandinista y posteriormente adquirió la nacionalidad nicaragüense. En 1978 participó en el secuestro del ex primer ministro italiano Aldo Moro, que posteriormente fue asesinado, por lo que fue condenado en ausencia a cadena perpetua.
Una vez en Nicaragua, dio entrenamiento militar al Ejército Popular Sandinista y abrió dos restaurantes: Mágica Roma y La Cueva del Buzo. En las resoluciones de la Unión Europea sobre Nicaragua se reitera la solicitud de entregar a Casimirri a la justicia italiana.
Expresidentes salvadoreños
El 6 de septiembre de 2016, la dictadura Ortega Murillo otorgó asilo político al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, su pareja Ada Mitchell Guzmán Sigüenza y tres de sus hijos. La justificación oficial fue que Funes podría estar “en peligro su vida e integridad física y la de su familia” debido a su “lucha en pro de la democracia, la paz, la justicia y los derechos humanos” y su filiación política.
No obstante, la decisión se produjo diez días después de que la Fiscalía General de El Salvador anunciara que investigaba a Funes por cinco delitos relacionados con corrupción.
Mauricio Funes falleció en un extraño contexto el 21 de enero de 2025 en Managua, donde residía desde su llegada al país.
Lea además: Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, fallece en Nicaragua a causa de una grave enfermedad
En el caso de Salvador Sánchez Cerén, también expresidente salvadoreño, se asiló junto con toda su familia en Nicaragua en diciembre de 2020 tras concluir su mandato.
El 22 de julio de 2021, el fiscal general salvadoreño emitió una orden de captura contra Sánchez Cerén por cargos que incluían malversación de fondos, enriquecimiento ilícito y lavado de activos por unos US$530,000. Pocos días después, el 30 de julio de 2021, Nicaragua le otorgó tanto a Sánchez Cerén como a su esposa, Rosa Margarita Villalta de Sánchez, y a tres de sus hijos, la nacionalidad.
Asilo a Ricardo Martinelli
En febrero de 2024, el expresidente panameño Ricardo Martinelli, condenado por corrupción en el caso New Business, solicitó asilo y se refugió en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, sector Urb. La Alameda. Durante más de un año, Martinelli vivió en esa sede diplomática con ciertas comodidades, incluso exhibiendo lujos en sus redes sociales, aunque su salud se deterioró por la prolongada estadía. Este refugio generó tensiones diplomáticas entre Panamá y Nicaragua, que incluso llevaron al relevo de la embajadora nicaragüense en ese país.
Luego de dos intentos fallidos de salir hacia Nicaragua a través de un salvoconducto, finalmente, en la noche del sábado 10 de mayo de 2025, abandonó la embajada nicaragüense. Panamá emitió el salvoconducto necesario y posteriormente viajó a Bogotá, Colombia, después de que el presidente colombiano Gustavo Petro le concediera formalmente el asilo político.
