Las negociaciones entre Colombia y Nicaragua, a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 13 de julio de 2023, están detenidas a raíz de la suspensión de forma indefinida de un encuentro entre autoridades diplomáticas de ambos países, confirmó la cancillería de Colombia a una consulta de LA PRENSA. Estas negociaciones, anunciadas por el presidente Gustavo Petro en 2023, tenían como objetivo abordar los derechos de pesca del pueblo raizal.
Según la cancillería colombiana, el 5 de diciembre de 2023 se anunció que el 29 de enero de 2024 se llevaría a cabo una reunión en Managua, pero esta se pospuso «de forma indefinida». Desde ese momento, según la respuesta oficial, no se registran negociaciones entre ambos países por la vía diplomática para resolver el asunto.
Además, luego del nombramiento de Valdrack Jaentschke como canciller de Nicaragua el pasado 5 de septiembre, la cancillería colombiana dijo que «se encuentra a la expectativa de continuar un acercamiento» con el nuevo canciller de la dictadura.
En la respuesta enviada a este Diario por la cancillería de Colombia, las autoridades señalan que se percibe una actitud de apertura y disposición al diálogo por parte de Nicaragua y como evidencia argumentan que «se ha reflejado el apoyo brindado a las iniciativas colombianas, tanto en el ámbito bilateral como multilateral».
Además, argumentan que Nicaragua participa en foros, eventos y reuniones impulsadas por Colombia y que existe un interés por parte del régimen Ortega Murillo en profundizar los vínculos comerciales.
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A consideración del especialista en política internacional colombiano, Javier Garay, pese a la buena voluntad que Colombia asegura que tienen las autoridades nicaragüenses, el proceso se ve «estancado».
«No hay avances significativos, no han adelantado las negociaciones, están cancelados indefinidamente los encuentros y uno podría considerar que está estancado», dijo Garay a LA PRENSA.
El 13 de julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Colombia, luego que Nicaragua reclamó ante el tribunal delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional, lo que significaba que el derecho nicaragüense se extendiera en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina permanecieron en disputa hasta que en 2007 La Haya declaró la soberanía de Colombia sobre estas islas, aunque no definió la frontera marítima entre ambos países. Posterior al fallo de La Haya de 2023, el mandatario colombiano Gustavo Petro aseguró el 20 de julio de ese año que buscaría un diálogo con Ortega para negociar las condiciones de pesca del pueblo raizal, un grupo étnico afrocaribeño originario del archipiélago de San Andrés, Providencia y Catalina.
Intercambios entre Petro y Ortega agrietan el camino
El especialista aseguró que los recientes intercambios e insultos por parte del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, contra el presidente colombiano Gustavo Petro pueden afectar cualquier intención de retomar el diálogo entre ambos países.
«Hay una falta de sintonía entre la dictadura y el gobierno de Colombia. La personalización en las relaciones bilaterales sucede en Nicaragua y ahora está pasando en Colombia. Con este gobierno, esto se ha exagerado, viendo una política exterior subordinada completamente a los deseos del presidente (Gustavo Petro)», dijo Garay.
Petro respondió el 27 de agosto a los insultos lanzados por el dictador nicaragüense Daniel Ortega, un día antes en su intervención virtual en la cumbre extraordinaria del Alba, quien señaló al mandatario colombiano de querer ser un “representante de los yanquis en América Latina”.
“Nos ha llamado ‘arrastrados’ Daniel Ortega, solo porque queremos una solución negociada pacífica y democrática en Venezuela. Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras”, dijo Petro a través de su cuenta de X un día después de las palabras de Ortega.
Embajador en Managua podría ser un obstáculo
Según Garay, la poca experiencia del embajador colombiano en Managua, León Fredy Muñoz ―quien participa en actividades partidarias del Frente Sandinista― podría ser un factor que «ralentiza» cualquier posible apertura de diálogo entre ambos países.
«El mismo embajador de Colombia en Nicaragua tiene poca experiencia diplomática, que está muy enredado con temas judiciales y es una figura política muy cercana a Petro y por eso le dieron de regalo esa Embajada. Esta poca experiencia frena cualquier posibilidad de negociación», expresó.
Al respecto, la cancillería colombiana dijo a LA PRENSA que una vez que finalice el proceso contra su embajador en Managua respetará las sentencias que emitan los tribunales de justicia y que cualquier medida que la cancillería adopte en el futuro dependerá de las decisiones judiciales que se decidan en el proceso.
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El 27 de agosto de este año, la fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Marlene Orjuela Rodríguez, pidió que se condene por narcotráfico a León Fredy Muñoz, embajador de la Administración de Gustavo Petro en Managua desde 2022.
Según el caso, el 31 de mayo de 2018, Muñoz fue sorprendido en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, departamento de Antioquia, al llegar desde Bogotá con 146 gramos de cocaína en su equipaje de mano, aunque investigaciones posteriores revelaron que en realidad eran 200 gramos.
La fiscal pidió a la Corte una pena de 108 a 132 meses de prisión y una multa entre 124 y 1,500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
El diálogo podría retomarse a mediano o largo plazo
El 23 de mayo de este año, el nuevo canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo que en un año el gobierno colombiano debe tener negociado el tratado con Nicaragua para la aplicación de sentencias. Sin embargo, desde ese momento no se sabe nada de las negociaciones y a más de un año del fallo de La Haya no existe un tratado.
Al consultar a la cancillería si esto será posible antes de 2026, aseguró que el gobierno colombiano «continúa en el empeño de poder entablar un diálogo con Nicaragua, en la medida en que las circunstancias sean propicias para establecerlo».
Garay expresó que, aunque no es una prioridad de Nicaragua y Colombia en este momento, es importante retomar el diálogo para dar «buenas señales» de cumplimiento del derecho internacional.
«Es un tema de estabilidad y cumplimiento de las normas internacionales. Creo que eventualmente se va a retomar el diálogo, aunque no en el corto plazo. Si no se encuentra una salida negociada a esto, seguro se abren otros contenciosos, quizás no en la CIJ, porque Colombia renunció a su jurisdicción, pero hay muy poca transparencia sobre el siguiente paso», refirió.
Según el especialista, esto puede afectar las relaciones, «más si se utiliza esto como una cuestión nacionalista y fortalecerse políticamente. Eso sí puede generar dificultades que claramente podrían trascender al ámbito regional».
