Las negociaciones entre Colombia y Nicaragua, a raíz del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya el 13 de julio de 2023, podrían estar en riesgo luego del intercambio de señalamientos entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y el dictador de Nicaragua Daniel Ortega.
Petro respondió este martes a los insultos lanzados por el dictador nicaragüense Daniel Ortega, en su intervención virtual en la cumbre extraordinaria del Alba, realizada este lunes, quien señaló al mandatario colombiano de querer ser un «representante de los yanquis en América Latina».
“Nos ha llamado ‘arrastrados’ Daniel Ortega, solo porque queremos una solución negociada pacífica y democrática en Venezuela. Al menos no arrastro los derechos humanos del pueblo de mi país y menos los de mis compañeros de armas y de lucha contra las dictaduras”, dijo Petro a través de su cuenta de X un día después de las palabras de Ortega.
El 13 de julio de 2023, la Corte Internacional de Justicia de La Haya falló a favor de Colombia, luego que Nicaragua reclamó ante el tribunal delimitar su plataforma continental en el Caribe, alegando derechos más allá de las 200 millas náuticas establecidas por el derecho internacional, lo que significaba que el derecho nicaragüense se extendiera en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina permanecieron en disputa hasta que en 2007 La Haya declaró la soberanía de Colombia sobre estas islas, aunque no definió la frontera marítima entre ambos países. En 2012, La Haya otorgó a Nicaragua 80 mil kilómetros en el mar Caribe, aunque Colombia en su momento dijo que no reconocería el fallo. De esta forma, Nicaragua pidió que la Corte interviniera y que extendiera su plataforma continental en más de 200 millas náuticas.
En 2022, la Corte de La Haya emitió un fallo en el que aseguró que Colombia violó los derechos soberanos y de jurisdicción de Nicaragua en su zona económica exclusiva.
Posterior al fallo de La Haya de 2023, el mandatario colombiano Gustavo Petro aseguró el 20 de julio de ese año que buscaría un diálogo con Ortega para negociar las condiciones de pesca del pueblo raizal, un grupo étnico afrocaribeño originario del archipiélago de San Andrés, Providencia y Catalina.
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“Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo estos nuevos fallos de la Corte podemos hacer prevalecer que los pueblos puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados, derecho a su subsistencia ancestral, a comunicarse ente sí sin barreras, que los abuelos de la Costa Mosquitia puedan ver a sus nietos en San Andrés y viceversa”, dijo Petro en un discurso en la isla de San Andrés.
Horas antes, Ortega le pidió a Petro acatar el fallo de la Corte de 2012 y pidió que se plasmaran los acuerdos en un decreto.
«Yo le digo al presidente Petro, no hay más camino que acatar y ahí quedamos una a una, una ganamos nosotros, una ganaron ellos y quedamos una a una, pero hay que acatar el fallo de la Corte y para eso tiene que haber señas, porque por otro lado ya hay expresidentes que están buscando cómo echarle leña al fuego”, dijo Ortega el 19 de julio.
El 9 de noviembre de 2023, el entonces ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, se reunió con el representante de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Argüello Gómez. Según una nota de prensa de la cancillería colombiana, en el encuentro se acordó la creación de una serie de comisiones de trabajo para «dar cumplimiento a lo establecido por la Corte en sus fallos y avanzar en acuerdos que permitan el disfrute efectivo de derechos por parte de la población».
Estas comisiones trabajarían los acuerdos de pesca para la población de la zona, especialmente del pueblo raizal y estas conversaciones continuarían en Nicaragua.
Ese fue el segundo encuentro entre ambos diplomáticos, puesto que la primera vez que se reunieron para abordar el tema fue el 23 de agosto de 2023.
En diciembre del año pasado, la cancillería colombiana anunció que Leyva viajaría a Nicaragua el 29 de enero para participar en la instalación de las comisiones de trabajo. Sin embargo, el encuentro no se dio, debido a que el 24 de enero la Procuraduría colombiana sancionó a Leyva por presuntas irregularidades en contrataciones de empresas para la fabricación de pasaportes.
El 23 de mayo el nuevo canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, dijo que en un año el gobierno colombiano debe tener negociado el tratado con Nicaragua para la aplicación de sentencias. Sin embargo, desde ese momento no se sabe nada de las negociaciones y a más de un año del fallo de La Haya, no existe un tratado.
Especialistas creen que negociaciones se podrían ver afectadas
A consideración del exasesor de la Organización de Estados Americanos (OEA), Guillermo Belt, es probable que los señalamientos de Ortega contra Petro tengan algún tipo de incidencia en las negociaciones con Colombia.
«Lo más probable es que todo esto tenga alguna consecuencia. Los asuntos que quedan pendientes se supone que se resuelven amigablemente en las negociaciones diplomáticas entre ambos países. Cuando esas relaciones diplomáticas se pueden dañar por un intercambio como este, se puede trasladar a las relaciones diplomáticas. Hay un ambiente de tensión bastante serio entre los dos mandatarios», expresó Belt.
Por su parte, el diplomático costarricense Eduardo Trejos coincidió con Belt y aseguró que los tratados se firman por la buena fe de los mandatarios de dos países que negocian.
«Las relaciones entre Ortega y Petro nunca fueron buenas, pero lo que hizo Ortega en la última reunión del Alba es impensable. Lo de los fallos pasa por la aceptación de los dos Estados para adoptar los acuerdos de la Corte. Esto pasa por la buena fe que tengan los mandatarios para cumplir los fallos. En este momento, no veo a ninguno de los dos cediendo para que se aplique», dijo Trejos.
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Belt señaló que la cancillería colombiana es muy profesional en cuanto al manejo de las relaciones internacionales. Sin embargo, expresó que Petro tiene todas las facultades para suspender las negociaciones en caso de que lo desee.
«Creo que la cancillería colombiana actúa profesionalmente y tiene una larga trayectoria. Pero ningún ministro de Relaciones Exteriores puede sustraerse completamente de las instrucciones que le dé el presidente. Después de todo, los diplomáticos representan al jefe del Ejecutivo», señaló Belt.
Señalamientos de Ortega podrían agrietar más las relaciones
Si bien las relaciones entre Petro y Ortega no han sido del todo buenas, luego de las recientes declaraciones del mandatario nicaragüense es probable que se debiliten aún más, a consideración de Belt.
«Para un exguerrillero colombiano es un insulto que Ortega le diga que pretende ser prácticamente un defensor de Estados Unidos en la región, es hiriente. Por eso, si se le ocurre a Petro que pare toda conversación, va a afectar esas negociaciones, independientemente del profesionalismo de la diplomacia colombiana», refirió.
Expresó que una de las cosas que pueden ocurrir es que Petro llame a su embajador a consultas como una forma de desagrado ante las declaraciones de Ortega, pero sin romper las relaciones diplomáticas.
El 12 de septiembre de 2023, Ortega dirigió sus primeros epítetos contra Petro, al tildarlo de traidor y basura, luego que el mandatario colombiano se solidarizara con la poeta nicaragüense Gioconda Belli tras que el régimen confiscara su casa. Petro señaló que Ortega hace lo mismo que el dictador chileno Augusto Pinochet.
El embajador de Petro en Managua en juicio por narcotráfico
A esto se suma la situación del embajador de Petro en Managua, León Freddy Muñoz, quien es acusado por la Fiscalía colombiana por narcotráfico.
El 31 de mayo de 2018, Muñoz fue sorprendido en el aeropuerto internacional José María Córdova de Rionegro, departamento de Antioquia, al llegar desde Bogotá con 146 gramos de cocaína en su equipaje de mano, aunque investigaciones posteriores revelaron que en realidad eran 200 gramos.
Muñoz se defendió en el juicio en el que participó de forma virtual desde Managua y señaló que el paquete encontrado en su equipaje no era suyo, puesto que nunca ha probado drogas y calificó el hallazgo del estupefaciente como “un montaje” orquestado por sus rivales políticos.
