La definición por decreto de los límites marítimos de Colombia en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, anunciada para finales de noviembre por el presidente Abelardo de la Espriella, pretende reabrir un tema que la Corte Internacional de Justicia conoció durante 11 años y falló en 2012, cuando entregó cerca de 75,000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe a Nicaragua.
El excanciller colombiano Julio Londoño Paredes (1986-1990) planteó este lunes a Red+ Noticias que Colombia y Nicaragua podrían volver a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para debatir nuevamente sobre el diferendo limítrofe en el mar Caribe.
Sin embargo, un experto nicaragüense consultado por LA PRENSA, bajo condición de anonimato, sostuvo que la decisión de La Haya en 2012 nunca fue aceptada por Colombia, tal como evidencia la posición del ministro del interior actual, Rodrigo Lara, quien consideró ahora el fallo inaplicable y habló de corregirlo.
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“Colombia puede en cualquier momento concertar con Nicaragua un acuerdo para acudir a la Corte Internacional de Justicia o a otro tribunal. Lo que se quitó fue la obligatoriedad”, afirmó Londoño Paredes, tras el anuncio del gobierno colombiano que desconoce el fallo de 2012 y promete, en palabra De la Espriella, que Colombia no cederá ni una milla náutica.
Londoño Paredes reconoció que el decreto colombiano establecería exclusividad sobre aguas del Caribe que Nicaragua considera suyas, pero no menciona que las mismas fueron cedidas en un juicio al que voluntariamente se sometió Colombia.
Según el excanciller, Colombia rechazó “la obligación” de acudir a la CIJ, pero mantiene la opción de hacerlo de manera voluntaria de ser necesario.
Régimen calla ante pretensiones colombianas
Con una sentencia a favor de la CIJ, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no se ha pronunciado hasta ahora ante las pretensiones de Colombia, cuyo ministro Lara anunció un diálogo de buena fe. «Los límites de Colombia son inalienables», dijo Lara. El ministro del interior criticó el posicionamiento de que la frontera entre ambos países era el meridiano 82.
Londoño no descartó que se dé una reacción de Ortega y que Nicaragua diga que tiene derechos económicos sobre esas mismas aguas en las que Colombia pretende fijar las líneas de base del archipiélago. “Posiblemente en un momento determinado lo vaya a decir”, expresó el exministro.
Cuando fue consultado si la acción de Colombia abrirá un nuevo capítulo en ese diferendo limítrofe, dijo que “es posible que sí. Nicaragua nunca ha abandonado las pretensiones sobre el archipiélago de San Andrés”.
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Sin embargo, Londoño no cree que se genere una confrontación diplomática porque, según él, “la Corte Internacional de Justicia en sus fallos le abrió la puerta a Colombia para que pudiera establecer las líneas de base desde los arrecifes que hay en las diferentes islas del archipiélago de San Andrés”.
Resaltó que “Colombia unilateralmente puede trazar las líneas de base siempre y cuando estén regidas por las normas que señala la Convención sobre el Derecho del Mar”.
Tras los fallos de la CIJ de 2012 y 2023 en los que Colombia perdió el mar, Londoño aseguró que Nicaragua “no quedó contenta nunca con el fallo” y que “quedó bastante afectada”. Subrayó que los colombianos “somos los dueños de la mitad del Caribe”.
Sin embargo, históricamente han sido los funcionarios colombianos los que no aceptaron la decisión de la CIJ.
Pretensión de Colombia no tiene «ningún sentido jurídico»
Un exfuncionario del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) de Nicaragua explicó que la pretensión del gobierno colombiano no tiene «ningún sentido jurídico» y que más bien está desacatando abiertamente lo que ya ha resuelto la CIJ.
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«La decisión colombiana carece de soporte jurídico, los derechos marítimos en el caribe ya han sido delimitados por una sentencia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que está firme y con validez indiscutible. El gobierno colombiano pretende desconocer lo respecto y por la vía de hecho desde una posición de fuerza tratar de revertir los efectos jurídicos de los fallos», sostiene el exfuncionario del Minrex.
Respecto a las declaraciones del excanciller Londoño, de que Colombia puede en cualquier momento concertar con Nicaragua un acuerdo para acudir a la CIJ u otro tribunal, el experto nicaragüense dice que Colombia «no puede reabrir el juicio» porque «es un caso cerrado» y que «sería rechazado de plano por el tribunal». Agrega que quien sí podría presentar una queja ante la CIJ es el Estado nicaragüense para exigir que se ordene la aplicación de la sentencia. Pero eso sería un nuevo proceso que «tomará su buen tiempo concluir».
«Los colombianos estarán aprovechando las serias debilidades que enfrenta Nicaragua por culpa de los Ortega Murillo, un país aislado que no cumple sus obligaciones internacionales, y un régimen que es internacionalmente repudiado por la represión contra el pueblo», afirma el exfuncionario del Minrex.
Colombia se resiste a acatar el fallo
Colombia se ha resistido a reconocer el fallo del 19 de noviembre de 2012. La CIJ le reconoció su soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, así como sobre siete cayos cercanos, pero entregó a Nicaragua 75,000 kilómetros cuadrados en el Mar Caribe.
El 13 de julio de 2023, la CIJ emitió otro fallo. Esta vez rechazó la pretensión de Nicaragua de extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas y sobre la jurisdicción marítima de San Andrés. A diferencia del fallo de 2012, esta vez los colombianos celebraron.
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Tras los fallos de la CIJ ha habido intentos fallidos de diálogo entre ambas naciones. En diciembre del año pasado se conoció que una delegación colombiana viajaría a Nicaragua para discutir el fallo de La Haya sobre San Andrés, sin embargo, 16 días después de conocerse la noticia a través de medios colombianos, los intentos de conversaciones quedaron aplazados “por agendas de los dos países”, según reportó el diario El Isleño de San Andrés y Providencia el 19 de diciembre de 2025.
Luego del anuncio de De la Espriella, la politóloga e internacionalista colombiana Sandra Borda criticó que el presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, no respete el fallo de la CIJ.
“Estamos andando el muy peligroso camino de convertirnos en un país que irrespeta abiertamente el derecho internacional y que, además, se volvió completamente impredecible porque lo que hace un gobierno en materia internacional lo deshace el que sigue”, afirmó Borda.
