El presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella, publicará un decreto el 30 de noviembre en que fijará las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Según ese gobierno, en la orden presidencial se medirá, cartografiará y se publicará lo «que es del Estado colombiano». La decisión amenaza con reabrir una disputa con Nicaragua que fue resuelta por la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
Precisamente, la medida será efectiva casi 14 años después de un fallo histórico de la CIJ que reconoció la soberanía del país suramericano sobre estas islas y siete cayos, pero entregó 75,000 kilómetros cuadrados del mar Caribe a Nicaragua. El Estado nicaragüense demandó a Colombia el 6 de diciembre de 2001.
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De la Espriella hizo el anuncio desde un buque de la Armada de su país, rodeado de jefes militares. «La patria milagro empieza en el mar (…) El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina ocupará un lugar de primer orden en la política marítima de la República de Colombia. No trataremos el mapa como un adorno ni un destino turístico de fin de semana», afirmó.
Ministro Lara declara «inaplicable» fallo de 2012
Para el ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, «ese fallo (de 2012) inaplicable en su literalidad» y anunció, citando a De la Espriella, que Colombia buscará un diálogo de buena fe. «Los límites de Colombia son inalienables. La soberanía se ejerce. Hoy se ejerce con ahínco», dijo en su cuenta de X.
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«La defensa de Colombia partió de que el meridiano 82 (Tratado Esguerra-Bárcenas) era la frontera, el argumento más flojo que teníamos. Cuando los jueces miraron el mapa no vieron un archipiélago. Vieron un reguero de puntitos en el mar. No vieron un territorio que Colombia hubiera administrado y defendido como una sola cosa, porque nunca nos tomamos el trabajo de demostrarlo», afirmó Lara.
Lara hace referencia al tratado de 1928-1930, en el que se estableció al meridiano 82 como frontera marítima entre Nicaragua y Colombia. El Ejecutivo nicaragüense declaró inválido ese acuerdo en los años ochenta.
Lara aseveró que el fallo de 2012 pretende despedazar el archipiélago como conjunto inseparable que es y dejar a las islas colombianas como enclaves «separadas por un mar foráneo».
Hasta ahora, el régimen nicaragüense no se ha pronunciado sobre la decisión del mandatario colombiano.
Politóloga colombiana: no se respetará fallo de la CIJ
Sin embargo, las primeras críticas contra el gobernante colombiano provienen de su país. La politóloga e internacionalista colombiana Sandra Borda afirmó que el anuncio de De la Espriella es que no se respetará el fallo de la CIJ, un proceso al que voluntariamente se sometió este país y el que debe respetar el resultado.
«Estamos andando el muy peligroso camino de convertirnos en un país que irrespeta abiertamente el derecho internacional y que, además, se volvió completamente impredecible porque lo que hace un gobierno en materia internacional lo deshace el que sigue», afirmó Borda.
La experta lamentó que nuevamente vengan los millonarios gastos en abogados y en defensa militar para los colombianos, «porque Nicaragua no tiene ningún incentivo para negociar algo sobre lo que ya falló la Corte Internacional de Justicia».
De acuerdo con la información publicada por el diario El Espectador, la idea que tienen los funcionarios colombianos es que «se ordene el trazado de las líneas de base rectas que unen los puntos extremos del archipiélago de San Andrés y Providencia, y de todos sus territorios insulares para la consolidación de un archipiélago de Estado, doctrina establecida en la Ley 10 de 1978». Para justificar todas estas medidas se basarán en la tesis del internacionalista Enrique Gaviria Liévano.
La CIJ rechazó también en julio de 2023 las pretensiones de Nicaragua de ampliar su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. Así respondieron los jueces a la demanda interpuesta por el Estado nicaragüense 10 años antes. En esta ocasión, las autoridades colombianas celebraron el fallo como una «victoria». A partir de esa fecha, incluso, las autoridades de ambos países anunciaron la creación de comisiones bilaterales en el marco del cumplimiento de las sentencias de La Haya.
