A menos de tres semanas de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, prevista para el 4 y 5 de noviembre en Madrid, sigue sin conocerse si la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo se sumará al encuentro presidido por el rey Felipe VI. Nicaragua se encuentra convocada junto a otros 21 países de una comunidad de países de lengua española y portuguesa.
Para Carlos Cascante, analista y profesor de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica (UCR), España enfrenta el reto de reunir a la mayor cantidad posible de países y a sus representantes de más alto nivel a una cumbre que ha perdido relevancia en sus últimas ediciones. Esto tampoco ha significado un cambio hasta ahora con la postura crítica contra la dictadura.
El evento iberoamericano ocurre en un contexto complejo para el régimen, que se encuentra bajo la lupa de la Organización de Estados Americanos (OEA), que en una reunión de cancilleres aprobó el 2 de octubre una resolución a favor de las elecciones libres, demandando la libertad de los presos políticos, así como la creación de un grupo ministerial que buscaría un diálogo a lo inmediato con las autoridades del régimen con un plazo de 60 días para entregar un informe y recomendaciones concretas evaluando la respuesta del régimen ante la demanda colectiva de la organización.
Días atrás, la Unión Europea (UE) renovó su paquete de sanciones contra la dictadora Rosario Murillo, tres de sus hijos —Laureano, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo— y 17 miembros más de la cúpula. Este castigo está vigente desde 2019, se evalúa anualmente su prolongación y también han sido sancionadas la Policía, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
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Fortalecimiento de espacio iberoamericano
Cascante insistió en el reto de España de relanzar la cumbre iberoamericana, que ostenta el cargo de la Secretaría Pro Tempore.
El tema representa un problema para el país anfitrión de la cumbre, porque ya despierta críticas a España de los opositores nicaragüenses en el exilio. Y, aunque está por verse, la participación de una delegación de los Ortega Murillo puede generar distintas posiciones entre el grupo de países asistentes.
“El país que organiza las cumbres iberoamericanas, uno de sus objetivos políticos es la convocatoria. Para un país como España cerrar la participación de Nicaragua podría generar alguna reacción de alguno de los países, por ejemplo, México, Cuba, el Brasil de Lula, y eso es malo para España”, explicó Cascante a LA PRENSA.
“Quieren la mayor cantidad de países con el mayor nivel de representaciones, es decir, jefes de Estado, estén presentes en la Cumbre Iberoamericana. Más tomando en cuenta que España quiere relanzar la Cumbre Iberoamericana, que ha venido en picada durante sus últimas versiones”, recalcó el experto.
España todavía no confirma si Nicaragua participará
LA PRENSA preguntó el jueves 15 de octubre al Ministerio de Exteriores de España, presidido por José Manuel Albares, si Nicaragua confirmó su participación y si designó a algún funcionario. No hubo respuesta al correo electrónico de solicitud.
En julio, Albares se reunió con el cocanciller Denis Moncada Colindres en el contexto en que 51 delegaciones y 14 organismos multilaterales en que se reflexionó sobre la comunidad de interés con España y el papel de los países de América Latina y el Caribe en el contexto geopolítico actual. En esa ocasión, hubo críticas de parte de la oposición que miraban contradicciones con la posición crítica española contra la dictadura de Nicaragua; sin embargo, no se ha dado hasta ahora ningún cambio a la política oficial frente a los abusos cometidos por los Ortega Murillo.
Cascante dijo que la prioridad de España es fortalecer el foro iberoamericano como espacio de diálogo, incluso cuando mantiene una postura crítica hacia el régimen.
“Creo que la postura que España ha tenido también frente al régimen en algunos momentos cede ante ese interés de fortalecer el espacio iberoamericano como un espacio de influencia español”, señaló.
La lectura del académico sobre la posición española
El analista explicó que la presencia de un delegado nicaragüense no necesariamente significaría un cambio en la política europea hacia el régimen, sino que respondería a la naturaleza de la cumbre como espacio de diálogo.
“El mensaje es claro: no estamos con el régimen de Nicaragua, lo hemos cuestionado, la Unión Europea tiene sanciones que España respeta, pero en el marco de la Cumbre Iberoamericana queremos tener la mayor representación de países posible”, explicó Cascante al describir el mensaje que, a su juicio, podría intentar transmitir España.
Añadió que el evento también ofrece al régimen un espacio de participación diplomática donde el régimen no recibiría críticas directas.
“La Cumbre Iberoamericana le permite estar presente en un espacio en el cual tiene cierto nivel de protección, porque no va a pasar, por ejemplo, una declaración final donde se haga una mención directa a Nicaragua. Muy difícil”, sostuvo Cascante.
También hay países con posiciones muy críticas con Nicaragua
Sin embargo, el analista no descartó que haya posiciones divididas ante la presencia de Nicaragua. «En América Latina en este momento hay países que tienen posiciones muy duras y justamente en el caso de Nicaragua, que es un país que a la mayoría de países latinoamericanos pues no le suma ni le resta, ¿dónde afecta Nicaragua y su actual estado de gobierno? En Centroamérica, Estados Unidos por la influencia china y rusa», concluyó.
Enrique Martínez, activista y vocero del grupo opositor Avanza Nicaragua, consideró que la renovación de las sanciones europeas debe tener consecuencias políticas en la forma en que se maneja la eventual presencia de funcionarios nicaragüenses en Madrid.
“Europa ha enviado un mensaje correcto e inequívoco: no existen condiciones para normalizar las relaciones con la dictadura sandinista. La renovación de las sanciones confirma que persisten la persecución política, la destrucción institucional y las violaciones de derechos humanos, y reafirma que esas actuaciones deben tener consecuencias”, expresó Martínez.
El activista vinculó la decisión europea de las sanciones con los esfuerzos diplomáticos para incrementar la presión internacional sobre el régimen y con las gestiones que impulsa la oposición nicaragüense.
“Es una decisión coherente frente a varios procesos en curso, entre ellos la conformación del grupo ministerial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el llamado a incrementar la presión, accionar internacional y el trabajo de incidencia y articulación de la oposición democrática nicaragüense”, agregó.
Oposición pide a España no escudarse en «protocolo multilateral»
Para Martínez, el diálogo multilateral no debería utilizarse para reducir la presión sobre el régimen ni para concederle legitimidad política a operarios políticos como el cocanciller Valdrack Jaentschke o cualquier otro representante de los Ortega Murillo.
“El diálogo multilateral no puede utilizarse para borrar responsabilidades ni conceder legitimidad gratuita a quienes continúan cerrando toda posibilidad de una solución democrática en beneficio de la ciudadanía”, señaló.
El activista consideró que España debe tomar en cuenta los señalamientos internacionales contra el régimen al decidir cómo recibir a su eventual representante.
“España no puede escudarse exclusivamente en el protocolo multilateral para recibir con normalidad a un delegado de la dictadura sandinista, especialmente si se trata de un operador político señalado por Naciones Unidas y la comunidad internacional”, dijo el activista en referencia a Jaentschke, quien ha sido señalado por organismos internacionales de derechos humanos de dirigir acciones de represión transnacional contra nicaragüenses exiliados.
Esta semana, la oposición pidió a las autoridades europeas que las sanciones de la Unión Europea incluyan al dictador Daniel Ortega y a Jaentschke.
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Nicaragua no asistió a la XXIX Cumbre Iberoamericana celebrada en Cuenca, Ecuador, realizada en noviembre de 2024. Ese año también quedaron vacías las sillas de México y Venezuela. Sin embargo, el régimen de Nicaragua sí ha participado en reuniones preparatorias y de coordinación para la trigésima edición.
España no reconoció como presidente a Ortega tras votaciones de 2021, marcadas por la represión, pero además ha sido solidaria con todos aquellos a los que la dictadura privó de su nacionalidad y también aceptando en el programa de reasentamiento a nicas exiliados que han encontrado en este país su nuevo hogar. En enero, la dictadura echó al embajador español 23 días después de asumir el cargo, provocando una crisis diplomática.
