Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), aseguró que los cambios a la Constitución Política de Nicaragua suponen una sentencia de muerte para el Estado de Derecho y las libertades fundamentales de los nicaragüenses.
“Si se adoptan, estos cambios serán la sentencia de muerte para las libertades fundamentales y el estado de derecho en Nicaragua, erosionando aún más los ya profundamente frágiles controles y equilibrios que aún quedan en el ejecutivo”, dijo Türk a través de una nota de prensa divulgada en el sitio oficial de la oficina del Alto Comisionado.
El funcionario, además, instó a los diputados de Nicaragua a que rechazaran los cambios propuestos en la reforma constitucional que ordenó el régimen de Daniel Ortega; sin embargo esta ya fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Nacional, pues es controlada en su mayoría por el partido gobernante y no hay oposición del resto de diputados.
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“Insto firmemente a los legisladores a que rechacen en su totalidad las enmiendas propuestas y pido asimismo al Gobierno que abandone la aplicación de propuestas tan extremadamente preocupantes”, señaló.
Türk dijo que esta reforma a la Constitución Política de Nicaragua “podrían amenazar aún más el estado de derecho y profundizar la crisis de derechos humanos del país” y aseguró que la reforma es una “señal profundamente escalofriante de cara a las elecciones generales de 2026”.
Sobre la propuesta de eliminar la prohibición constitucional explícita de la tortura, dijo que este método de castigo es ilegal en cualquier contexto, y “una medida tan retrógrada para eliminar la protección jurídica existente contra ella es profundamente alarmante”.
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Para el alto comisionado todos estos cambios que otorgan más poder al dictador Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, quien fue elevada al cargo de copresidenta según la reforma aprobada, buscan aumentar con el despojo de los ciudadanos, “una herramienta ya ampliamente utilizada de represión arbitraria contra los críticos y disidentes del gobierno”.
La reforma aprobada modifica más de 100 artículos de la Constitución Política y la ley de reforma entrará en vigencia en enero del próximo año, cuando sea aprobada en la segunda legislatura.