Tras la caída en 1983 de la última dictadura militar de Argentina, encabezada por Reynaldo Benito Antonio Bignone, el país se encaminó hacia la senda democrática y adoptó la jurisdicción universal para investigar y juzgar delitos cometidos en otros países. Desde 1994 la Constitución argenta contempla la jurisdicción universal.
Bajo este principio de jurisdicción universal, en 2022 Darío Richarte y otros abogados argentinos denunciaron a los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo y a todos los funcionarios que participaron en los crímenes de lesa humanidad, cometidos en Nicaragua en el marco de las protestas sociales de 2018.
Pero, ¿qué es la justicia universal y en qué se basa? Según el Global Justice Center, la justicia universal se basa en que algunos crímenes son de preocupación global y son tan horribles que conciernen a la humanidad en su conjunto.
En Argentina, el artículo 118 de la Constitución permite juicios por crímenes de lesa humanidad y el artículo 5 de la Ley 26,200/06 otorga facultades a los tribunales federales para llevar casos de crímenes considerados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
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“Argentina tiene experiencia en juzgar a sus propios criminales de lesa humanidad. Es a partir de esa experiencia interna que Argentina asume su compromiso con estos crímenes que ofenden al mundo y a la humanidad”, explicó Danny Ramírez Ayerdis, del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh).
Sin embargo, en los casos que han seguido, hasta ahora no han capturado a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.
Proceso contra dictadores de Nicaragua hacia la indagatoria
El caso contra los dictadores de Nicaragua se encuentra en la etapa de recolección de pruebas. El abogado Richarte anunció el 27 de agosto que solicitó que citen a los acusados a presentar su declaración indagatoria y que se emita una orden de detención y captura internacional contra Daniel Ortega; su esposa, la vocera oficial y vicepresidenta Rosario Murillo, y otros funcionarios implicados en los crímenes, pero cuyos nombres no han sido revelados.
Richarte explicó al medio Infobae que “la solicitud se fundamenta en la gravedad de las imputaciones, que incluyen asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y persecución por motivos políticos y religiosos, entre otros crímenes, todos ellos considerados crímenes de lesa humanidad”.
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La declaración indagatoria es la primera oportunidad que tiene un acusado para defenderse y, según el artículo 294 del Código Procesal Penal Federal de Argentina, ocurre cuando existen suficientes motivos para sospechar que una persona ha cometido delitos.
“El incumplimiento de la presentación va a dar lugar a que se justifique la aprehensión”, explicó el abogado Uriel Pineda en declaraciones anteriores a LA PRENSA.
¿Qué se puede esperar del caso contra la dictadura Ortega-Murillo?
En opinión de Ramírez, el siguiente paso es que se emita una orden de captura internacional contra Daniel Ortega, Rosario Murillo y demás funcionarios. Sin embargo, señaló que es importante destacar que la orden de captura internacional que se emita contra los Ortega Murillo y sus cómplices no tendrá un efecto inmediato, ya que la pareja de dictadores se encuentra “atrincherada” en Nicaragua.
“Sin embargo, hay funcionarios nicaragüenses que se mueven por el mundo porque tienen que realizar gestiones por el Estado y países comprometidos con la democracia podrían detenerlos. Aunque ellos no sean detenidos ahora, eso no quiere decir que no pueda darse una detención, ya que hay méritos suficientes para probar las responsabilidades de Ortega y Murillo. Un proceso como este tiene un carácter más potente, porque la orden de un tribunal es incuestionable en términos de una verdad jurídica”, dijo Ramírez.
A diferencia de otros dictadores que han enfrentado procesos judiciales en otros países de Latinoamérica, los Ortega y Murillo no parecen dispuestos a ceder y, en caso de enfrentar procesos judiciales su avanzada edad no les permitiría cumplir una condena completa.
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“Aunque Ortega y Murillo mueran, quienes estén en edad para ir a la cárcel durante la transición tendrán que hacerlo. En una transición, Nicaragua debe juzgar a sus propios criminales de lesa humanidad, ya que eso no se hizo al concluir la década de 1980”, señaló Ramírez.
Pese al optimismo de Ramírez, el resultado de seis casos de justicia universal que se han seguido en Argentina no es muy alentador.
Seis casos de jurisdicción universal ante la justicia de Argentina
La querella contra el franquismo
En 2010, el Tribunal de Buenos Aires abrió una causa para juzgar los crímenes cometidos por la dictadura de Francisco Franco en España. Esta fue la primera vez en que cientos de víctimas presentaban su testimonio ante un tribunal por este caso.
Como resultado de este proceso, se logró la exhumación de varios cuerpos que se encontraban en fosas comunes. Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy negó la detención de exministros de la dictadura de Franco, alegando que las órdenes de Interpol no son vinculantes.
En 2013, la justicia argentina ordenó la detención de 19 altos cargos del franquismo. A pesar de que la causa sigue abierta, la querella no ha avanzado debido a múltiples dificultades y a que muchos de los acusados han fallecido.
El 17 de septiembre de 2024, el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina señaló que la investigación continúa, incluyendo a Rodolfo Martín Villa, exministro de Relaciones Sindicales y Gobernación durante los primeros gobiernos de España, tras la muerte de Francisco Franco. Además, la jueza argentina María Servini rechazó la solicitud de archivar la querella.
El caso Rohingya
El 26 de noviembre de 2021, la Sala Segunda de la Cámara Federal en lo Criminal de Buenos Aires inició un caso contra las autoridades de Myanmar por el genocidio de los rohingyas, una etnia de Birmania que fue masacrada en noviembre de 2019.
Según las investigaciones, en 2017 el ejército de Myanmar cometió el delito de genocidio, obligando a 800 mil rohingyas a huir hacia la frontera con Bangladesh. Además, se registraron asesinatos generalizados, violación, violencia sexual y otros abusos.
En 2019, la organización Burmese Rohingya Organization UK (BROUK, por sus siglas en inglés) presentó el caso ante el tribunal penal argentino, que inicialmente desestimó el caso argumentando que los tribunales argentinos no eran el foro apropiado. Sin embargo, luego de una apelación de la organización en 2021, la Cámara Federal en lo Criminal escuchó el testimonio de mujeres rohingyas y en noviembre de ese año, el tribunal inició una investigación penal contra los funcionarios de Myanmar.
La investigación sigue en curso y en junio de 2023 las personas demandantes facilitaron testimonios directos de sobrevivientes.
El 28 de junio de 2024, el fiscal argentino Guillermo Marijuán solicitó al tribunal penal que emitiera órdenes internacionales de detención contra 25 funcionarios de Myanmar. La lista la encabeza Htin Kyaw, el noveno presidente de Myanmar.
Denuncia contra el príncipe de Arabia Saudita
En 2018, la organización Human Rights Watch acusó al príncipe de Arabia Saudita, Mohamed Bin Salman, por presuntos crímenes de lesa humanidad en el conflicto armado de Yemen a partir de 2014.
Sin embargo, el caso enfrentó serios desafíos debido a la falta de resultados concretos y la distancia geográfica y política entre Argentina y Yemen.
Según Amnistía Internacional, hasta el 25 de marzo de 2024 los crímenes en Yemen continúan impunes.
Genocidio armenio
El 1 de abril de 2011, el juez federal argentino Norberto Oyarbide emitió un fallo en el que declaró que “el Estado turco cometió el delito de genocidio en perjuicio del pueblo armenio” entre 1915 y 1923, asesinando a más de un millón de ciudadanos de esa nacionalidad por las fuerzas de Estambul.
La causa inició en el 2000 a partir de una denuncia de Gregorio Hairabedian, quien refirió que perdió a más de medio centenar de familiares durante el genocidio.
Esta fue la primera judicialización del genocidio armenio.
Falun Dafa
En 2006, la justicia argentina abrió una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en China contra aproximadamente cien millones de practicantes de la disciplina espiritual Falun Dafa.
El exjuez Octavio Aráoz de Lamadrid ordenó la captura internacional del exlíder chino Jiang Zemin y de Luo Gan, jefe de la “Gestapo china”, en 2010, luego de cuatro años de investigación. El caso fue cerrado y reabierto por la Cámara de Casación Penal.
En 1999 comenzó la persecución a practicantes de Falun Dafa y ellos buscaron justicia ante sus propias autoridades, pero no fue posible ya que todo el aparato estatal estaba involucrado en esta persecución.
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Falun Dafa es una disciplina espiritual de meditación que se centra en los principios fundamentales de verdad, compasión y tolerancia.
El caso de Venezuela
Junto al de Ortega, el de Venezuela es el caso más reciente. La justicia argentina avanza en la causa contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, funcionarios y agentes de su régimen, acusados de cometer crímenes de lesa humanidad.
La causa es impulsada por el Foro Argentino por la Democracia, con el patrocinio del abogado Tomás Farini Duggan, quien pidió a los jueces que citen a Maduro para presentar su declaración indagatoria; también pidió que se emita orden de detención por delitos de lesa humanidad.