La justicia de Argentina, a lectura de expertos en derecho internacional consultados por LA PRENSA, podría acceder a citar al dictador Daniel Ortega, a su esposa, vicepresidenta y vocera, Rosario Murillo, y otros funcionarios, a una declaración indagatoria para posterior girar una orden de captura y detención internacional en su contra, en el marco de la investigación contra la dictadura de Nicaragua. Se conoce que el juez debe responder a la solicitud en un plazo de entre 10 a 20 días hábiles.
El profesor de derechos humanos y derecho penal internacional, Darío Richarte, quien encabeza el grupo legal que promueve la acusación contra el dictador nicaragüense, explicó en sus redes sociales que la solicitud se hace después de haber analizado e investigado los crímenes de lesa humanidad denunciados desde 2018 en Nicaragua en la denuncia interpuesta ante el Juzgado Nacional Penal y Correccional número cuatro del poder judicial con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en 2022.
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El experto venezolano Fernando Fernández, abogado y profesor de Derecho Penal Económico, Derecho Penal Internacional y Derechos Humanos, dijo LA PRENSA que la Jurisdicción Universal es, sin lugar a duda, «una especie de alternativa frente a los vacíos que todavía existen en materia de justicia internacional, que es la Corte Penal Internacional (CPI)».
Fernández explicó que se accede a la Jurisdicción Universal, suscrita por 124 países, cuando «acontecen hechos que no ocurren en la jurisdicción territorial de un Estado, sino fuera pero que ofenden a la humanidad».
Partiendo de esto, mencionó que «lo importante para este caso de Nicaragua es que es la primera vez que se hace respecto a este país, y en segundo lugar, esta primera vez la hace un país de América Latina, no un país europeo que por lo general son los que abren este tipo de causas».
¿Qué es una declaración indagatoria?
La declaración indagatoria es definida por la justicia argentina como la primera oportunidad que tiene una persona para defenderse cuando es acusada (imputada) de cometer un delito. El Código Procesal Penal Federal de Argentina en el artículo 294 detalla que la declaración indagatoria ocurre «cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un delito, el juez procederá a interrogarla».
La abogada y exrepresentante de Argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Paula Bertol, declaró a LA PRENSA que «la declaración indagatoria es cuando la persona acude a un juzgado con la posibilidad de quedar arrestado. La persona ya no es un testigo simple, que va a contar lo que vio, sino que hay prueba suficiente en su contra, indicios contundentes que le hacen pensar al juez que puede tener algún grado de culpabilidad».
Tanto Bertol como el experto venezolano Fernández prevén que la justicia argentina en efecto «va a dar la declaración indagatoria» sin embargo, cree que lo más seguro es que el régimen de Nicaragua no va a acceder ni se va a presentar.
«Nosotros sabemos que (Ortega, Murillo y los otros funcionarios) no van a ir a declarar, no somos niños que pensamos que esto va a pasar. Pero tampoco existe el juicio en ausencia, pero lo que sí ocurre es que al no presentarse se puede abrir la puerta para la orden de captura internacional porque no se presentan. Le pueden dar lugar a Interpol, a las alertas rojas», aseguró Bertol.
El abogado nicaragüense Uriel Pineda, experto en derecho constitucional, coincidió con lo explicado por la exembajadora argentina y destacó que con «la no presentación de Ortega y Murillo se fundamenta la orden de aprehensión. Hay que tener presente el alcance del proceso que se está llevando en Argentina, es un proceso por primera vez en esa humanidad, contra Ortega, de conformidad a la legislación argentina».
Pineda destacó que al ser un proceso judicial argentino la justicia de ese país «va a tener que pedir o solicitar la colaboración de la justicia nicaragüense y eso va a ser improcedente porque Ortega controla no solo el poder ejecutivo, sino toda expresión de poder gubernamental en Nicaragua».
El secretario ejecutivo de Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), Danny Ramírez-Ayérdiz, y quien reside en Argentina, mencionó por su parte que con la solicitud de los abogados, el proceso se está elevando a la etapa de instrucción. «Están solicitando que Ortega y Murillo declaren, eso se llama declaración indagatoria, que ellos declaren, y en un plazo de 10 días el juez, después de esa solicitud, tiene para decidir si hay suficientes elementos y pruebas para someterlos al juicio», mencionó.
¿Es viable la captura y detención internacional?
El experto venezolano valoró que en caso de que se instruya una alerta de captura internacional, estas solo tienen cabida en países que son parte del Interpol, «que tienen estructuras de este tipo y que acatan ese tipo de órdenes. Va a depender a dónde llegue Ortega», es decir a los países que viaje.
Para Pineda si se llegara a concretar la solicitud de captura y detención internacional contra Ortega, Murillo y otros funcionarios, «materialmente (tendrán) una especie de país por cárcel, porque si va a un país que no sea aliado como Cuba o Venezuela, existe el riesgo de que esa orden de aprehensión lo alcance o sea requerido a ese tercer estado».
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Los viajes de Ortega fuera de Nicaragua son contados. Y en los años recientes solo han sido a Cuba y Venezuela. Sin embargo la abogada Paula Bertol dijo que una orden de detención internacional, sin duda, «suma a un grado de incomodidad muy fuerte y un mensaje que se va propagando cada vez más en el mundo. Es una situación compleja tener un pedido de captura internacional porque pasás por cualquier aeropuerto y corrés el riesgo de que te detengan».
El nicaragüense Ramírez-Ayérdiz aseguró que actualmente el caso está en la etapa decisiva porque es donde el juez va a decidir si el proceso pasa a la siguiente instancia, que es la de juicio. «Creo firmemente que la justicia argentina va a dictar esa declaración, esa orden de captura internacional. Y eso va a ser el gran acto jurídico y político, porque va a ser la primera vez que un tribunal internacional de otro país se hace cargo de perseguir a criminales como Ortega», apuntó.
A su vez, comentó que en términos políticos la solicitud genera «una esperanza y alegría».
Con esto coincide Uriel Pineda, quien afirmó que pese a que no tenga mayor efecto, no deja de ser una buena noticia. «Aún hay una luz de esperanza que se mantiene encendida para hacer justicia en Nicaragua, y que aunque no se llegue a la detención propiamente de Ortega, ya el ejercicio de documentación y la evidencia recabada en ese proceso son parte del proceso de construcción de memoria histórica y serán parte, sin duda, de la evidencia que se presentará ante un proceso de rendición de cuentas eventual».
¿Podría afectar las relaciones diplomáticas?
A sabienda de cómo reacciona la dictadura a las acciones realizadas por la comunidad internacional o por un país en específico, surge la interrogante si este caso que se ventila en la justicia argentina podría ocasionar que las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Argentina se fracturen.
La exdiplomática Paula Bertol opinó que de hecho las relaciones diplomáticas de Nicaragua con el Gobierno de Javier Milei «están claramente dañadas. Este gobierno actual no tiene embajador en Nicaragua, tiene solo encargado de negocios, lo que significa un nivel menos de lo que deberían tener países que tienen una buena relación. Milei ha dicho que Nicaragua es un lugar donde no existe la democracia».
El 4 de diciembre de 2023, mediante nota de prensa de la cancillería de Nicaragua, se anunció el retiro del embajador de Nicaragua en Argentina, Carlos Midence, «frente a reiteradas declaraciones y expresiones de los nuevos gobernantes» de Argentina, en alusión a Milei, un político de la extrema derecha, que cuestiona sin reservas los regímenes autoritarios como el de Ortega.
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Pineda por su parte destacó que elevar la conflictividad diplomática con otro país ha sido «una de las estrategias que ha usado el régimen ante cuestionamiento, ante señalamiento, ante demanda de apertura del espacio democrático por parte de otros países», por lo que «no lo descartaría, aunque en este momento, mientras no se pronuncie, por ejemplo el presidente Milei, no veo el riesgo en la relación diplomática».
El nicaragüense Ramírez-Ayérdiz subrayó que «toda orden de los jueces argentinos tienen que pasar por el Ministerio de Relaciones Exteriores». Y reveló que de hecho se han realizado solicitudes a Nicaragua para que informe sobre los crímenes de lesa humanidad, sin embargo «no han sido respondidos por el canciller Denis Moncada».
