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CONTENIDO EXCLUSIVO.La expresión “lesa humanidad” se utiliza para referirse a crímenes graves que atentan contra la dignidad y los derechos fundamentales de las personas. Este término se originó en el contexto del derecho internacional y los tribunales de justicia para calificar crímenes que van más allá de los delitos comunes, como genocidios, crímenes de guerra, torturas y desapariciones forzadas.
La Real Academia Española (RAE) define leso/a como “que ha recibido un daño o una ofensa”. Por tanto, la frase “crímenes de lesa humanidad” se tratan de aquellos crímenes que dañan a la humanidad.
El origen de la frase se encuentra en la jurisprudencia internacional y los tratados de derechos humanos. Fue ampliamente utilizada durante los juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial para juzgar a líderes nazis por crímenes de lesa humanidad. Posteriormente, la noción de “lesa humanidad” se incorporó en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que estableció la Corte en 2002 para perseguir y juzgar a individuos por crímenes de esta naturaleza en todo el mundo. Esta expresión enfatiza la gravedad de los crímenes que atentan contra la humanidad en su conjunto, más allá de los intereses de un país o grupo específico.
El Estatuto de Roma fue adoptado por la comunidad internacional el 17 de julio de 1998 en una conferencia diplomática celebrada en Roma, Italia. Este documento establece la creación de una Corte Penal Internacional permanente para dictar justicia sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Nicaragua no es firmante de este documento, pero el artículo 7 detalla cuáles son los delitos considerados “de lesa humanidad”. Estos son los siete crímenes que ha cometido la dictadura Ortega Murillo y que fácilmente caben en la descripción:
Deportación o traslado forzoso de población
El 9 de febrero de 2023, el régimen de Daniel Ortega expulsó de su país a 222 presos políticos nicaragüenses. Los despojó de su nacionalidad y los mandó hacia Estados Unidos. Una semana después, la dictadura arrebató de su nacionalidad a 94 personas más entre las que se encuentran opositores, periodistas, sacerdotes, defensores de derechos humanos, académicos y más.
De este grupo de 94, muchos ya se encontraban en el exilio. Todas estas personas fueron obligadas a abandonar el país por la persecución política y algunas otras como el caso de los periodistas Marcos Medina y Luis Felipe Palacios, se les ha negado la entrada a Nicaragua desde el extranjero.
Según el estatuto de Roma, se entiende por delito de lesa humanidad “el desplazamiento forzoso de las personas afectadas, por expulsión u otros actos coactivos, de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional”.
Tortura
Una investigación presentada por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en abril de 2023, reveló que al menos 158 personas que estuvieron detenidas en las cárceles del régimen de Ortega después del estallido de abril de 2018, recibieron algún tipo de tortura, tanto física como psicológica.
Según el informe, algunos métodos de tortura aplicados a los presos políticos han sido condiciones extremas e inhumanas de detención, golpizas, amenazas de muerte, desaparición forzada temporal, quemaduras, choques eléctricos, colgamientos, simulación de ejecución o asesinato y desprendimiento de uñas.
Tras la excarcelación y expulsión de 222 prisioneros políticos, algunos de ellos como Dora María Téllez, denunciaron haber sido víctima de la tortura blanca en El Chipote. Este es un tipo de castigo psicológico que incluye extrema privación sensorial y aislamiento en la cual el detenido pierde la identidad personal a través de largos períodos de aislamiento.
Violación o cualquier forma de violencia sexual
El informe elaborado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, también detalla testimonios de violencia sexual que fue perpetrada contra al menos 113 personas. Siete de 28 mujeres fueron víctimas de violación y las restantes de algún otro tipo de abuso sexual.
En el caso de los hombres, el documento registra dos casos de violación y 88 casos de abuso sexual.
En 2018, el joven Marco Novoa fue uno de los primeros excarcelados en denunciar la violencia sexual que vivió en una cárcel clandestina en Managua. Según el relato de Novoa, paramilitares introdujeron un “tubo” en su ano después de largas sesiones de golpizas y torturas que incluían simulaciones de ahogamiento y choques eléctricos en sus genitales.
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Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género
El régimen de Daniel Ortega ha emprendido una persecución en contra de la Iglesia Católica y sus miembros. La abogada Martha Patricia Molina ha documentado más de 500 ataques en contra de la Iglesia en los últimos cinco años y la cifra todavía es preliminar, pues la persecución continúa.
Entre los ataques a la Iglesia, Molina ha documentado la detención y desnacionalización del obispo Rolando Álvarez, además del exilio de al menos 37 miembros de la Iglesia, incluido el obispo Silvio Báez, y varios sacerdotes.
También registra la expulsión de 32 hermanas religiosas de diversas congregaciones expulsadas, y las confiscaciones de los bienes que estas congregaciones tenían en Nicaragua. El régimen de Ortega ha prohibido a la Iglesia todo tipo de procesiones y manifestaciones religiosas en la vía pública.
Desaparición forzada de personas
En agosto de 2021, el organismo Amnistía Internacional concluyó en un informe que en Nicaragua se practicaba la desaparición forzada contra al menos 10 presos políticos como un nuevo método de represión.
Los casos documentados por el organismo son los de Tamara Dávila, Miguel Mendoza, José Pallais, Suyen Barahona, Víctor Hugo Tinoco, Félix Maradiaga, Ana Margarita Vijil, Violeta Granera, Hugo Torres y Dora María Téllez.
“Amnistía Internacional concluyó que sus detenciones, seguidas de la ocultación de su paradero, constituye el crimen de desaparición forzada, a la luz de obligaciones internacionales que tiene el Estado nicaragüense en materia de derechos humanos”, señaló el organismo.
En todos los casos, las autoridades no revelaban en dónde se encontraban todas estas personas prisioneras políticas que habían sido detenidas hasta tres meses atrás. Ni siquiera sus familias tenían información de ellos. La primera vez que se les vio públicamente fue en fotografías divulgadas por medios de comunicación oficialistas cuando fueron llevados a “audiencias informativas”, en septiembre de 2021.
Asesinato
El régimen de Daniel Ortega está señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como responsable por la muerte de al menos 358 personas durante las protestas de abril de 2018.
El Grupo de Expertos de Naciones Unidas concluyó en marzo de este año que el régimen de Ortega era responsable de crímenes de lesa humanidad y ejecuciones extrajudiciales. Esto mismo había señalado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) cuando investigó los crímenes cometidos por la dictadura entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018.
Uno de los casos que el GIEI destacó fue el del niño de 15 años, Álvaro Conrado Dávila, asesinado de un disparo en la garganta el 20 de abril de 2018 en los predios de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) cuando este llevaba agua a los jóvenes que tenían tomado el recinto. Tras recibir el impacto de bala, Conrado fue llevado a un hospital público en donde le negaron la atención. Cuando llegaron a un hospital privado, el joven ya había perdido mucha sangre y falleció.
Persecución por motivos políticos
En 2021, en vísperas de las elecciones generales que se llevaron a cabo en noviembre de ese año, el régimen de Daniel Ortega encarceló a casi todos los precandidatos presidenciales de la oposición para evitar que estos participaran en el proceso electoral.
Los detenidos fueron Juan Sebastián Chamorro, Arturo Cruz, Medardo Mairena, Miguel Mora, Félix Maradiaga, Cristiana Chamorro y Noel Vidaurre. Todos ellos se vieron imposibilitados, entre otras cosas, de ejercer su derecho político a ser electos.
El Estatuto de Roma señala que “la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad”, es considerada “persecución”, lo cual es un delito de lesa humanidad.