La Asamblea Nacional de la dictadura de Daniel Ortega aprobó este jueves 23 de mayo las reformas a las leyes judiciales que le arrebatan un fondo de ahorro a los funcionarios del poder judicial, en un contexto de embestida y sometimiento total de ese poder del Estado.
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Las reformas a la Ley de Carrera Judicial (Ley 501) y a la Ley orgánica del poder judicial (Ley 260), enviadas por Ortega la semana pasada, fueron aprobadas por unanimidad por los 91 diputados del Legislativo, donde el oficialismo tiene una bancada de 70 legisladores y el resto son considerados colaboradores de la dictadura, porque no se oponen ni cuestionan las iniciativas del orteguismo.
La enmienda anula el Fondo de beneficio de los funcionarios en retiro de la carrera judicial (Fondo), con el cual los magistrados sumaban dos jubilaciones, ya que también reciben su jubilación regular del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS).
Promete regresar sus aportes a los funcionarios
La reforma promete que será entregado a los funcionarios judiciales “el saldo que hubiese a su favor de los aportes que hayan realizado al llamado Fondo”.
A la vez, la reforma establece que “los fondos: provenientes de los certificados de depósito a plazo, así como los intereses por inversiones, préstamos, recursos provenientes de aranceles, cualquier título, sea inversión, participación o dividendos y por servicios prestados, existentes o que tengan al momento de aprobación de esta ley, del Fondo de Beneficios de los Funcionarios en retiro de la Carrera Judicial, serán transferidos al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para los fines propios y específicos del mismo”.
Para los críticos, esta medida también persigue oxigenar al INSS, una institución bajo crisis financiera por el despilfarro de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
“Lo que motiva esta reforma es oxigenar al INSS, un agujero negro sin fondo, que básicamente está chupando de todo lo que pueda conseguir la dictadura para alimentar el INSS, esta vez le tocó a los ahorros de los funcionarios del poder judicial”, manifestó el opositor y ex preso político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, la semana pasada al conocer las reformas.
El Ejército y la Policía también tienen un fondo adicional como lo tenía el poder judicial, sin embargo, estas instituciones armadas son las que sostienen a la dictadura Ortega Murillo, mientras que el poder judicial se ha convertido en una institución que el régimen ha despojado totalmente de autonomía en los últimos meses.
CSJ intervenida por la Policía
Desde octubre de 2023, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue intervenida por la Policía orteguista, lo que implicó poner bajo investigación a trabajadores y altos funcionarios judiciales, incluyendo a la presidenta Alba Luz Ramos y a todos los demás magistrados. Diferentes fuentes estrechamente ligadas al poder judicial aseguran que Ramos está totalmente separada de su cargo y permanece en su casa bajo vigilancia policial.
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Tras la separación de Ramos de su cargo, decenas de empleados, secretarias, asistentes y técnicos han sido despedidos de diferentes dependencias judiciales del país. Más de 700 trabajadores del poder judicial fueron despedidos, según las fuentes más conservadoras.
La crisis del poder judicial se ha ido confirmando tras diferentes reformas, para quitarle funciones y poder a la CSJ. En noviembre de 2023, Ortega mandó a reformar la Constitución Política para quitarle al poder judicial el 4 por ciento fijo de asignación presupuestaria por ley y también le quitó el control sobre el Registro de la Propiedad, lo que confirmó que ese poder del Estado cayó en desgracia ante la dictadura Ortega Murillo.