El opositor y ex preso político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, manifestó que lo más destacable de las nuevas reformas a las leyes del poder judicial «es el robo del que son objeto los funcionarios públicos», porque lo que harán es pasar sus ahorros al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), una institución bajo crisis financiera por el despilfarro de la dictadura de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
«Se había establecido un fondo de pensiones dentro del sistema, así como se hizo para el Ejército y para la Policía, y se los quita. Se pasan estos fondos al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Muy probablemente, casi por seguro, los funcionarios judiciales no van a ver el fruto de sus ahorros, que por años han venido contribuyendo a este fondo, que además les daba préstamos a los funcionarios del poder judicial a tasas preferenciales», dijo Chamorro.
«De tal manera que esta medida no solo está diseñada para quitarle poder al judicial, para quitarle los ahorros a los funcionarios públicos, trasladarlos al INSS, donde se lo siguen robando y, por lo tanto, comprometer la sostenibilidad, el futuro financiero de los funcionarios públicos, pero es que además lo que motiva esta reforma a la ley es oxigenar al INSS, un agujero negro sin fondo, que básicamente está chupando de todo lo que pueda conseguir la dictadura para alimentar el INSS, esta vez le tocó a los ahorros de los funcionarios del poder judicial», agregó el opositor.
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Ortega mandó a reformar la Ley de Carrera Judicial (Ley 501) y la Ley orgánica del poder judicial (Ley 260) para anular el Fondo de beneficio de los funcionarios en retiro de la carrera judicial, con el cual los magistrados sumaban doble jubilación, ya que también reciben su jubilación regular del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Aunque este nuevo mandato sigue siendo una iniciativa de ley es inminente su aprobación en la Asamblea Nacional, otro poder estatal bajo el control de la dictadura.
Para los críticos, las nuevas reformas a las leyes del poder judicial también son un golpe a la independencia financiera que le quedaba a este poder del Estado, en medio del sometimiento absoluto del que viene siendo objeto desde octubre de 2023, que fue intervenida por la Policía orteguista, lo que implicó poner bajo investigación a trabajadores y altos funcionarios judiciales, incluyendo a la presidenta Alba Luz Ramos y a todos los demás magistrados. También más de 700 trabajadores del poder judicial fueron despedidos en todo el país, según las fuentes más conservadoras.
Plan complementario de jubilación
El abogado exiliado y experto en administración de justicia, Yader Morazán, valoró que «ese fondo servía como plan complementario de jubilación para los funcionarios de Carrera Judicial adscrito a la CSJ».
«Tal complemento se daba mientras estaba en vida el funcionario beneficiado, y en caso de muerte o incapacidad total y permanente a un funcionario judicial que aún no ha llegado al momento de su jubilación», explicó Morazán.
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🧵 La dictadura de los #OrtMu se sigue comiendo a sus hij@s del Aparato Judicial que los llevó y mantiene en el poder. Ahora lo hacen a través de la reforma que elimina el “fondo complementario de ahorro y préstamo para el retiro de los funcionarios de la carrera judicial.” 👇
— Yader Morazán ⚖️ 🇳🇮 (@YaderMorazan) May 19, 2024
En ese sentido, el abogado calificó las reformas como un «nuevo atentado a la fuerza laboral del país», en este caso particular al aparto judicial al que «le quitaron la única autonomía e independencia que le quedaba (la financiera), y que al día de hoy no ha vuelto a operar con regularidad».
Sin seguridad jurídica
Morazán señaló que «la reforma habla de la devolución y transferencia de los fondos y bienes recaudados», pero destacó que «lo cierto es que no hay garantías ni medios de fiscalización que confirme el destino material de ese dinero que era recaudado como lo hacía el ISSDHU de la Policía e IPSM del Ejército».
También explicó que «el Fondo otorgaba una prestación económica por una sola vez a los beneficiarios que él haya instituido, por un monto de acuerdo a los años de servicio».
La crisis del poder judicial se ha ido confirmando tras diferentes reformas, para quitarle funciones y poder al CSJ. En noviembre de 2023, Ortega mandó a reformar la Constitución Política, para quitarle al poder judicial el 4 por ciento fijo de asignación presupuestaria por ley y también le quitó el control sobre el Registro de la Propiedad, lo que confirmó que ese poder del Estado cayó en desgracia ante la dictadura Ortega Murillo.
