El dictador Daniel Ortega envió a la Asamblea Nacional una ley para crear un Consejo Presidencial que tenga bajo su control todo lo relativo al crimen organizado en Nicaragua.
La iniciativa denominada “Ley de Creación del Consejo Presidencial de Coordinación, Cooperación e Intercambio para la prevención, enfrentamiento y judicialización de los delitos de crimen organizado, narcotráfico, lavado de activos, financiamiento al terrorismo, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y otros delitos conexos” fue presentada este jueves 23 de mayo ante el plenario del Legislativo y se le dio el trámite correspondiente, enviándola a “consulta” a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.
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La exposición de motivos manifiesta que “este Consejo tendrá dentro de sus funciones identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado, narcotráfico y otros delitos establecidos, así como coordinar la elaboración de propuestas de políticas públicas y estrategias nacionales para que sean presentadas al Presidente de la República para su aprobación”.
El Consejo estará integrado por los titulares de las siguientes instituciones:
1. Unidad de Análisis Financiero, quien lo coordinará.
2. Poder Judicial.
3. Procuraduría General de la República.
4. Banco Central de Nicaragua.
5. Ministerio Público.
6. Ministerio del Interior.
7. Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras.
8. Dirección General de Ingresos.
9. Dirección General de Servicios Aduaneros.
Las autoridades que conforman el Consejo “quedan sujetas al ámbito de aplicación de la ley, con el alcance que ella prescribe”, según el artículo 2 de la Ley enviada por Ortega.
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El nuevo marco legal establece que “a través del coordinador, (el Consejo) se podrá convocar a otras instituciones cuando se estime necesario para el cumplimiento de sus funciones”.
También establece que el “Consejo sesionará de forma ordinaria dos veces al año y de forma extraordinaria cuando lo soliciten sus miembros”.
15 funciones
El Consejo tendrá 15 funciones y atribuciones, entre estas: identificar y evaluar periódicamente los riesgos nacionales relacionados con delitos provenientes del crimen organizado; coordinar y cooperar con las autoridades competentes que conforman el Sistema Nacional Anti-Lavado de Activos; coordinar con las autoridades competentes los planes y acciones de cooperación e intercambio de información en la lucha contra los delitos, entre otros.
Quieren salir de lista gris
Una fuente experta en el poder judicial, que habló con LA PRENSA bajo condición de anonimato, no ve en esta nueva legislación una motivación represiva, sino para dar una apariencia de que están cumpliendo con los convenios internacionales de Naciones Unidos, sobre el combate al lavado de dinero.
“Es como para decir que Nicaragua está firme en el lavado de dinero, el narcotráfico y todo eso y para ver también si logran salir de la famosa lista gris por no cumplir con muchos requisitos, pero no la veo que sea esta para la represión interna, para eso tienen otro montón de leyes que han aprobado desde 2021”, explicó la fuente.