A lo largo del siglo XX, existieron numerosos regímenes autoritarios, y no todos sus responsables rindieron cuentas ante la justicia por sus crímenes. Solo en Latinoamérica se contabilizan al menos 13 dictadores desde la segunda mitad del siglo pasado.
Los regímenes autocráticos se caracterizan por la supresión de los derechos humanos, civiles y políticos de los ciudadanos, la censura, el control de los demás poderes del Estado y un proyecto de perpetuidad en el poder.
Los crímenes de lesa humanidad son de especial gravedad y consisten en asesinatos, exterminios, esclavitud, deportación, desplazamiento forzado de la población, privación grave de la libertad o la tortura. Estos delitos los cometen los dictadores como parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
En la mayoría de los casos, la justicia llega hasta donde los dictadores lo permiten
En la mayoría de los casos de dictadores que fueron condenados de una u otra manera, esto se dio luego de que cedieran algo de su poder, a través de procesos electorales, renuncias, o procesos de democratización y justicia. Esto en contraste con regímenes autoritarios como el castrismo en Cuba, el de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua o el de Nicolás Maduro en Venezuela, que no parecen dispuestos a ceder, al menos por ahora.
«Yo creo que la justicia universal puede ayudar mucho. El problema es que nuestras democracias son frágiles y se necesitan democracias más sólidas. Con democracias frágiles, es difícil consolidar un poder judicial independiente que puede emprender con éxito la aplicación de la justicia universal», señaló el especialista en derechos humanos, Uriel Pineda, en declaraciones a LA PRENSA.
En la mayoría de los casos en que se juzga a exmandatarios responsables de violaciones a los derechos humanos, los procesos suelen atravesar «vaivenes» y dificultades: anulaciones de penas, condenas con beneficios como la «prisión domiciliaria», privilegios de los que no disfrutan otros privados de libertad, rectificación de sentencias e, incluso, impunidad.
«Ni la impunidad ni la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad son la norma; estos procesos dependen de numerosos factores, tanto internos como externos», dijo Pineda.
¿Habrá rendición de cuentas en Nicaragua por los crímenes de los actuales dictadores?
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas señala al régimen Ortega-Murillo de cometer crímenes de lesa humanidad.
La mayoría de los procesos de justicia contra perpetradores de violaciones a los derechos humanos suelen ser lentos. Por esta razón, según el especialista en derechos humanos Uriel Pineda, en Nicaragua también podría tardar décadas en alcanzarse la justicia y reparación para las víctimas del régimen una vez que haya un cambio democrático en el país.
En otras palabras, el proceso iniciaría una vez que se restablezca la democracia en Nicaragua, pero Ortega en noviembre cumplirá 79 años y Murillo tiene 73. Evidentemente, un proceso por delitos de lesa humanidad que dure décadas a ellos no les preocupa mucho.
«A medida que un régimen se perpetúa en el poder, más difícil es el proceso de rendición de cuentas, y eso es en parte lo que está ocurriendo en Nicaragua», dijo Pineda.
Estos son cuatro de los dictadores que enfrentaron procesos judiciales y condenas por crímenes de lesa humanidad:
1. Alberto Fujimori
El dictador peruano Alberto Fujimori es uno de los casos más emblemáticos de las dictaduras latinoamericanas del siglo XX. Falleció el miércoles 11 de septiembre en su casa en Lima, Perú, a los 86 años debido a un cáncer, tras salir de prisión en diciembre de 2023, mientras cumplía parte de una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad.
Fujimori dio un golpe de Estado el 5 de abril de 1992 y asumió todos los poderes. Durante su mandato, entre 1990 y 2000, se cometieron graves violaciones a los derechos humanos y se gestó la mayor red de corrupción en la historia peruana, liderada por su asesor en la sombra, Vladimiro Montesinos, quien también está preso.
Su primera condena ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Perú en 2007 y fue de seis años por usurpación de funciones. En abril de 2009 recibió de la Sala Penal Especial de Perú una condena histórica de 25 años por crímenes de lesa humanidad. Se le declaró culpable de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.
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Investigaciones posteriores al indulto que le otorgó el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski en 2017 y que la justicia peruana anuló 11 meses después, apuntaron que este se le concedió como resultado de un aparente acuerdo político con su hijo, el legislador Kenji Fujimori.
Pese a haber estado en prisión, defensores consideran que Fujimori murió en la impunidad, ya que su fallecimiento interrumpió otros juicios abiertos en su contra, por los que las víctimas aún esperan reparación.
«El ejemplo más claro de cómo un proyecto autoritario viola derechos humanos y posteriormente hay rendición de cuentas es el de Fujimori. Hay una gran cantidad de dictadores que mueren en impunidad, como Franco y Pinochet», señaló Pineda.
Pero además de Franco y Augusto Pinochet, otros dictadores como Fidel Castro (Cuba), Haji Mohammad Suharto (Indonesia) o Kim Il Sung (Corea del Norte) quedaron impunes.
2. Luis García Meza
Luis García Meza Tejada fue un militar boliviano que asumió la presidencia de facto en Bolivia, en un régimen dictatorial, desde el 17 de julio de 1980 hasta el 4 de agosto de 1981, cuando renunció.
En 1980, García Meza lideró un golpe de Estado que impidió que el presidente electo Hernán Siles Zuazo tomara posesión. Su régimen, que carecía de apoyo político o social, utilizó el terrorismo a través del Ministerio del Interior, implementando desapariciones forzadas, torturas y persecuciones.
García Meza renunció en 1981 debido a fracturas internas dentro de su régimen. En febrero de 1986, el entonces Congreso Nacional de Bolivia determinó que existían indicios de culpabilidad por desapariciones forzadas y otras acciones criminales.
Por esta razón, la Corte Suprema de Justicia de Bolivia inició un juicio en su contra, acusándolo de delitos contra la Constitución Política, genocidio, masacre, entre otros cargos relacionados con corrupción. El 21 de abril de 1993, la Corte lo sentenció a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad, junto a su exministro del Interior.
García Meza se fugó a Brasil, donde vivió clandestinamente, hasta que las autoridades brasileñas lo capturaron el 11 de marzo de 1994. Tras un largo proceso, se logró su extradición a Bolivia el 15 de marzo de 1995.
Permaneció en prisión alrededor de 13 años. A partir de 2008, cumplió su condena en un hospital militar hasta su fallecimiento en 2018, sin haber completado la pena que debía concluir el 15 de marzo de 2025.
3. Augusto Pinochet
El dictador chileno Augusto Pinochet es quizás uno de los ejemplos más emblemáticos de autoritarismo. En 1973, tras el derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, asumió como presidente de la Junta Militar de Gobierno y se proclamó jefe supremo de la nación el 27 de junio de 1974.
Pinochet restringió los derechos civiles y políticos, estableció el estado de sitio y el toque de queda, además de suprimir el Congreso Nacional y establecer la censura en los medios de comunicación.
Durante la dictadura de Pinochet, se llevaron a cabo persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos de opositores.
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Pinochet salió del poder luego del referendo que él mismo llevó a cabo el 5 de octubre de 1988 con la intención de validar su gobierno de facto y extenderlo por otros ocho años. El régimen de facto incrementaba su descontento entre la ciudadanía por la persecución política, la sistemática violación de los derechos humanos, la crisis económica que se acentuó en el país desde 2983, un fallido atentado en contra de Pinochet en 1986 el fracaso de un diálogo mediado por la Iglesia católica chilena.
Según recoge Amnistía Internacional en una cronología sobre el caso de Pinochet, las primeras denuncias penales contra el dictador chileno se presentaron en la Audiencia Nacional de España en julio de 1996 por los cargos de genocidio y terrorismo.
Al año siguiente se iniciaron las investigaciones y en 1998, el juez Baltasar Garzón dictó una orden internacional de detención contra Pinochet y se anuncian procedimientos penales en Italia, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Estados Unidos. Además, se iniciaron procesos penales en Bélgica, Francia y Suiza.
Luego, Reino Unido, a través de la Cámara de los Lores, la principal instancia judicial británica , resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad procesal. Sin embargo, el proceso se empantanó y finalmente en 1999, el Ministerio del Interior británico autorizó, por segunda vez, que se de curso a la solicitud de extradición.
En septiembre de 1999, se presentaron 40 demandas contra pinochet en los tribunales chilenos. Sin embargo, mientras el proceso de extradición de Reino Unido a España continuaba estancado, las autoridades chilenas pidieron a los jueces británicos que realizaran pruebas médicas a Pinochet para estudiar su posible liberación por motivos humanitarios.
En 2000, Pincochet regresó a Chile después que el ministro del interior británico, Jack Straw detuvo los procedimientos de extradición del dictador a España alegando motivos de salud. No obstante, el mismo día de su regreso a Chile, siete abogados de derechos humanos presentaron una petición judicial para que el sistema de justicia inicie procedimientos para levantar la inmunidad procesal de Pinochet como senador vitalicio.
En 2004 la Corte de Apelaciones de Chile revocó su sobreseimiento y fue procesado por violaciones a los derechos humanos. Debido a esto, fue puesto bajo arresto domiciliario el 5 de enero de 2005, pero una semana después salió en libertad tras pagar una fianza de 3,570 dólares. A partir de ese año, se abrieron varios procesos judiciales en su contra, hasta su muerte el 3 de diciembre de 2006.
4. Efraín Ríos Montt
El dictador guatemalteco José Efraín Ríos Montt fue jefe de Estado entre 1982 y 1983 en Guatemala. Es considerado uno de los dictadores más brutales en Centroamérica durante esa época.
El 10 de mayo de 2013 fue juzgado en Guatemala, declarado culpable y condenado a 80 años de prisión por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia el 20 de mayo de 2013. Enfrentó procesos en España por cargos presentados por la guatemalteca y premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú.
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En 2013 fue condenado por el Tribunal Mayor Riesgo «A» de Guatemala por genocidio contra el pueblo ixil, en la región de Ixcán, durante su gobierno dictatorial entre 1982 y 1983. No obstante, su sentencia fue anulada por la Corte de Constitucionalidad diez días después tras considerarse que el tribunal no resolvió una recusación planteada en contra de dos de sus miembros, lo que provocó que todas las actuaciones judiciales del día de la sentencia tuvieran que repetirse.
Sin embargo, el caso de genocidio fue transferido a un nuevo tribunal que inició el juicio en 2015. Ríos Montt fue declarado incompetente mentalmente, lo cual llevó al tribunal a tomar la decisión de que el juicio se realizaría a puerta cerrada, y, de declararse culpable a Ríos Montt, no sería aplicable una sentencia. Falleció el 1 de abril de 2018, a los 91 años.
