La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) documentó 12 nuevos casos de tortura entre la segunda mitad de 2023 y el primer semestre de 2024, según su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua, publicado el 3 de septiembre.
El informe, que abarca el período del 15 de junio de 2023 al 15 de junio de 2024, se basa en 120 entrevistas, principalmente con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos, reuniones con representantes de la sociedad civil y de la comunidad internacional, así como en el análisis de documentos gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales.
Entre los nuevos casos de tortura se incluyen descargas eléctricas, abusos sexuales y violaciones.
“Tres hombres detenidos denunciaron haber sido violados; además, se denunciaron dos casos de ablación y tres de estrangulamiento de testículos. Los sobrevivientes entrevistados por el Acnudh mostraban signos visibles de trastorno de estrés postraumático”, señala el informe.
La Oficina también indicó que a algunos de los presos de conciencia y a sus familiares se les advirtió que no denunciaran la tortura o las condiciones de detención, bajo la amenaza de perder el derecho a recibir visitas. Según el informe, estas amenazas provenían de las autoridades penitenciarias tras las visitas de familiares.
El informe señala que las condiciones infrahumanas en prisión provocaron que al menos tres personas detenidas sufrieran depresión grave, incluyendo pensamientos suicidas, y que ninguna recibió tratamiento psicológico adecuado.
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Según un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, presentado en abril de 2023, el régimen Ortega Murillo implementa más de 40 métodos de tortura identificados en 158 casos de personas detenidas desde las protestas de 2018.
Más separación de menores de edad
La Oficina documentó al menos dos casos en los que las autoridades separaron a bebés de dos y tres meses de sus madres debido a arrestos arbitrarios, lo que provocó el cese abrupto de la lactancia materna.
Asimismo, expuso que la práctica de las autoridades penitenciarias incluye negar visitas familiares, incluso de menores de edad, a personas detenidas en relación con la crisis de derechos humanos derivada de las protestas de abril de 2018.
“Durante el período que abarca el informe, niños y niñas siguieron siendo separados de sus padres, a quienes se les prohibió arbitrariamente entrar en el país después de viajar al extranjero”, refiere el informe.
Persecución contra la Iglesia católica
El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también documentó más restricciones a la libertad religiosa, entre ellas, la cancelación de la personería jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA) en agosto de 2023.
La ONU detalló que, hasta mayo de 2024, el régimen canceló al menos 392 organizaciones religiosas desde 2018.
Las autoridades detuvieron arbitrariamente a al menos 27 sacerdotes y seminaristas católicos entre octubre de 2023 y enero de 2024. Además, expulsaron del país a un grupo de 31 clérigos después de haberlos mantenido detenidos durante varios períodos.
También destacó el arresto de 11 dirigentes del ministerio religioso Puerta de la Montaña, a quienes el régimen acusó de lavado de dinero, condenándolos a penas de entre 12 y 15 años de prisión.
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“Las 11 personas se encuentran incomunicadas, sin ningún contacto con sus familias ni con sus abogados. La pastora no pudo recibir la visita de sus hijos, que al momento de su detención tenían dos meses y un año, respectivamente. Como consecuencia de las detenciones, las comunidades religiosas dirigidas por estas 11 personas perdieron a sus pastores”, refiere el informe.
Situación de derechos humanos se deteriora aún más
En las conclusiones, el informe señala que la situación de derechos humanos continúa deteriorándose y que el régimen Ortega Murillo ha ampliado e intensificado la persecución contra opositores o personas percibidas como tales.
“La arbitrariedad de la privación de libertad, la duración de las penas de prisión y la crueldad de los malos tratos, incluida la tortura, infligidos a las personas perseguidas por su presunta oposición al Gobierno, siguen siendo motivo de grave preocupación”, señala el informe.
