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Procuradora general de Nicaragua, Wendy Carolina Morales. Foto: Tomada de medios oficialistas.

Wendy Morales, Procuradora General de la República, al servicio del régimen. Foto: Presidencia

PGR justifica confiscaciones y asegura que bienes robados provienen del narcotráfico

La institución justificó el robo de bienes asegurando que se trata de recuperaciones legales derivadas de procesos por narcotráfico y delitos de seguridad ciudadana

La Procuraduría General de la República de Nicaragua (PGR), al servicio de la dictadura orteguista, salió en defensa del régimen asegurando que en el país centroamericano no hay confiscación, con base en lo establecido en el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que prohíbe esta medida.

La Procuraduría se pronunció luego de la publicación de una investigación presentada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción y Hagamos Democracia en la que se cuantificó en 246.29 millones de dólares una parte de las pérdidas a raíz de la confiscación a una muestra de 36 personas, entre los 222 nicaragüenses que la dictadura desterró el 9 de febrero de 2023, los 94 a los que despojó de su nacionalidad el 14 del mismo mes, empresarios, Iglesia Católica, medios de comunicación y organizaciones sin fines de lucro.

Al respecto, la institución del Estado justificó el robo de bienes asegurando que se trata de recuperaciones legales derivadas de procesos por narcotráfico y delitos de seguridad ciudadana.

Procuraduría General
Edificio de la Procuraduría General de la República. Foto: LA PRENSA/ARCHIVO

“Como es del conocimiento público, al Estado le han sido transferidas, y ha recuperado legalmente para el pueblo nicaragüense, propiedades, derivadas de procesos penales por narcotráfico, lavado de dinero; por la comisión de delitos contra la seguridad ciudadana, soberana, la paz y el buen vivir de las familias nicaragüenses”, señaló la Procuraduría.

Lea también: Nueva etapa de confiscaciones le ha dejado a la dictadura 246 millones de dólares, según estudio

Además, señala que las propiedades robadas provienen de resoluciones que en sede administrativa se emitieron, por incumplimiento a la legislación que regula a los organismos sin fines de lucro.

“En otras situaciones, lo que ha prevalecido es la restitución del Estado, sobre propiedades que particulares usufructuaban indebidamente, mediante subterfugios legales”, señala el comunicado de la Procuraduría.

Bienes transferidos al Estado para garantizar programas del régimen

La Procuraduría señaló que a raíz de la transferencia de propiedades al Estado se han desarrollado más programas especializados de salud y atención de enfermedades degenerativas, mayor atención frente a la discapacidad, más instalaciones deportivas, entre otros programas.

“Con pleno ejercicio de su soberanía, el Estado de Nicaragua restituyó los bienes anteriores a favor del pueblo nicaragüense, por ser los más afectados por las acciones delictivas y de incumplimiento; de algunas personas naturales o jurídicas que transgredieron las normas internas del país”, expuso la Procuraduría.

La investigación presentada este jueves analizó las pérdidas de un grupo de ciudadanos desnacionalizados, de organizaciones no gubernamentales, empresarios y cámaras empresariales, universidades, medios de comunicación e insumos de medios de comunicación.

Lea también: Las nuevas confiscaciones y las inversiones que la dictadura realiza generarán una inmensa deuda pública

En el caso de los datos de los ciudadanos desnacionalizados, la investigación titulada La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo, recopiló información de 36 personas, 24.3 % de la muestra correspondió al grupo de los 222 presos políticos desterrados y 75.7 % a los 94 desnacionalizados.

Vieja práctica desempolvada por el orteguismo

A raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018, el régimen orteguista desempolvó una de las viejas prácticas del sandinismo: la confiscación. Primero contra organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación, pero a partir de 2023 se extendió a personas naturales a las que desnacionalizó y desterró.

En ese lapso, el régimen ha desarrollado una serie de inversiones en las propiedades confiscadas que han pasado a manos del Estado.

El caso más reciente de confiscación a gran escala fue el robo de la Universidad Centroamericana (UCA), en agosto de 2023, luego que el régimen cancelara la personería jurídica de la institución y la acusara de terrorismo. El régimen creó en las instalaciones de la antigua UCA la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro (UNCSM).

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COMENTARIOS

  1. Hace 2 meses

    ¿De que está hablando esta sapa piricuaca de Wendy Morales? Ese cuento ni ella misma se lo cree. Nótese el nombre de esta criada de los Ortega: Wendy. Son enemigos gratuitos de los EE.UU. y se bautizan con nombre ingleses por eso de por si las moscas tienen que huir a la democracia del Norte. Pero esta arrastrada y aduladora está y si no lo está será sancionada. Ahora bien, ¿Porque no confisca al suegro de Ortega jefe de la policía? Sus bienes son de dudosa procedencia.

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