Una investigación presentada por el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Hagamos Democracia cuantificó en 246.29 millones de dólares una parte de las pérdidas a raíz de la confiscación a una muestra de 36 personas, entre los 222 nicaragüenses que la dictadura desterró el 9 de febrero de 2023 y los 94 a los que despojó de su nacionalidad el 14 del mismo mes.
La investigación analizó las pérdidas de un grupo de ciudadanos desnacionalizados, de organizaciones no gubernamentales, empresarios y cámaras empresariales, universidades, medios de comunicación e insumos de medios de comunicación.
En el caso de los datos de los ciudadanos desnacionalizados, la investigación titulada La punta del iceberg de la nueva piñata Ortega-Murillo, recopiló información de 36 personas, 24.3 % de la muestra correspondió al grupo de los 222 presos políticos desterrados y 75.7 % a los 94 desnacionalizados.
El 51.4 por ciento de los confiscados tenían solo una vivienda, 27 por ciento dos inmuebles; 8.1 por ciento tres y 8 por ciento cuatro. Y apenas el 5.1 por ciento dijo poseer más de cinco propiedades. De acuerdo con el valor de mercado de las 78 propiedades sistematizadas todas suman un total de 17.22 millones de dólares.
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Según el procesamiento de datos, el 86.5 por ciento se trata de propiedades consideradas como “viviendas personales” y un 19 por ciento a inmuebles vacacionales. Además, entre las confiscaciones hay terrenos, fincas y módulos comerciales.
La mayoría de las propiedades confiscadas se concentran en Managua, seguido de Masaya, Carazo, León y Granada.
Además, más de la mitad de los propietarios confiscados aseguraron que la confiscación ya fue ejecutada cabalmente por agentes gubernamentales. Pero solo un pequeño grupo afirmó que los inmuebles ya pasaron legalmente a propiedad del Estado.
“Tuvimos información de que algunos inmuebles fueron pasados a nombre del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Instituto Tecnológico Nacional (Inatec) y el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia)”, señala la investigación.
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Además, los inmuebles traspasados al Estado presentan las facturas eléctricas pagadas al día, al contrario de las que no lo han sido, en las cuales el servicio de energía se encuentra “dado de baja” o suspendido.
ONG, universidades y empresas
El estudio cuenta con una muestra de 30 organizaciones no gubernamentales, de las más de tres mil que la dictadura ha cancelado y confiscado. De esta forma, identificó 41 propiedades confiscadas, con un valor de 8.40 millones de dólares.
En el caso de las empresas, registra el cierre de 35 cámaras y asociaciones empresariales, señalando el estudio que consultó con varias fuentes del sector privado. En la cuantificación que realizó el estudio elevó a 163.47 millones de dólares las pérdidas en el sector privado por las confiscaciones.
“Sin embargo, hay que señalar que este es un número mínimo, apenas la punta del iceberg, de las confiscaciones en el plano empresarial”, detalló.
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En el caso de las universidades, de los 21 centros de educación superior la investigación solo logró acceder a información del valor de dos propiedades confiscadas a la Universidad Paulo Freire, que ascienden a 565 mil dólares y del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (Incae), valorado en 30 millones de dólares.
Es decir, que solo logró cuantificar 30.56 millones de dólares en pérdidas por confiscación a universidades.
Y en el caso de la Iglesia católica, asegura que el régimen orteguista ha confiscado15 propiedades, de nueve asociaciones religiosas.