CONTENIDO EXCLUSIVO.
CONTENIDO EXCLUSIVO.A raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril 2018, el régimen orteguista desempolvó una de las viejas prácticas del sandinismo: la confiscación. Primero contra organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación, pero a partir de 2023 se extendió a personas naturales a las que desnacionalizó y desterró.
En ese lapso, el régimen ha desarrollado una serie de inversiones en las propiedades confiscadas que han pasado a manos del Estado.
El caso más reciente de confiscación a gran escala fue el robo de la Universidad Centroamericana (UCA), en agosto de 2023, luego que el régimen cancelara la personería jurídica de la institución y la acusara de terrorismo. El régimen creó en las instalaciones de la antigua UCA la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro (UNCSM).
Aunque el régimen no es muy transparente en cuanto a las inversiones para mejoras a las instalaciones confiscadas, imposibilitando hacer un recuento del total de inversiones en estos bienes, se pueden conocer algunas de las que han realizado.
En 2023, según el informe de liquidación del Presupuesto General de la República de ese año, la dictadura gastó 315.7 millones de córdobas —unos 8.6 millones de dólares al cambio oficial— en el edificio robado a LA PRENSA. La inversión fue destinada al mejoramiento y equipamiento del Centro Cultural y Politécnico José Coronel Urtecho en Managua.
El informe de liquidación de 2022 refleja que el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec) invirtió en mejoramiento y equipamiento del Centro Tecnológico Padre Rafael María Fabretto en San José de Cusmapa, Madriz, una ejecución de 12.7 millones de córdobas —unos 346,764 dólares— y las obras se encuentran finalizadas física y financieramente. Además, destinó 38.5 millones de córdobas para el instituto en Managua, poco más de un millón de dólares.
Y en 2023, el Inatec volvió a invertir 800 mil córdobas en mejoramiento y equipamiento del instituto en San José de Cusmapa, Madriz y 5.8 millones en el de Managua.
El 16 de febrero de 2022, el entonces Ministerio de Gobernación canceló Fabretto Children’s Foundation, lnc y confiscó sus instalaciones.
¿Quién responderá por las propiedades confiscadas?
El artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua prohíbe la confiscación y establece que quienes infrinjan esta disposición deberán responder con sus bienes en todo tiempo por los daños inferidos. Sin embargo, la dictadura apuesta a que será el Estado el que indemnice a las víctimas.
El artículo 627 del Código Civil de Nicaragua establece que lo edificado, plantado o sembrado en predios ajenos y las mejoras o reparaciones hechas en ellos, pertenecen al dueño de estos. Es decir, que, en una eventual transición, el Estado nicaragüense perderá las inversiones realizadas en propiedades confiscadas por el régimen orteguista cuando estas sean devueltas a sus legítimos dueños.
Esto lo remarca el Código Civil en el artículo 632, en el que señala que “el que edifica, planta o siembra de mala fe en terreno ajeno, pierde lo edificado, plantado o sembrado, sin derecho a indemnización”.
Además, en un cambio de Administración en el país, los legítimos dueños de propiedades confiscadas podrán exigir la demolición de la obra o plantaciones si estas se han hecho “con mala fe”.
El Código Civil señala que hay mala fe de parte del edificador, plantador o sembrador, cuando hace la edificación, plantación o siembra, o permite, sin reclamar, que con material suyo las haga otro, en terreno que sabe que es ajeno, no pidiendo previamente al dueño su consentimiento por escrito.
Lo ordenado por la Constitución es difícil aplicarlo
De darse un cambio democrático, los legítimos dueños sin duda reclamarán la devolución de sus propiedades, y en el caso de que el Estado haya invertido en ellas, tal como lo establece el Código Civil, esas inversiones las perdería el Estado.
Sin embargo, un jurista consultado bajo condición de anonimato dijo que, de darse el caso en que la inversión superase el valor original del bien confiscado, el Estado podría negociar la entrega de un bien con un valor similar al confiscado. En cualquier caso, el Estado estaría asumiendo una pérdida o una deuda.
Otro jurista dijo a LA PRENSA, también bajo condición de anonimato, que el cumplimiento al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua en cuanto a la responsabilidad individual de funcionarios que implementen la confiscación, es de difícil aplicación debido a que los funcionarios no podrán asumir los costos de la confiscación, que finalmente lo soportarán los nicaragüenses a través del Estado.
La realidad es que aún si se lograra confiscar todas las propiedades y dineros de la familia Ortega Murillo y sus allegados y estos se liquidaran, difícilmente alcanzaría para cubrir todo lo injustamente confiscado.
Leer además: Represión transnacional entre temas significativos de Nicaragua en informe de DD.HH. de EE.UU.
“Esos son artículos que muy poco se aplican, aun en sistemas democráticos”, aseguró, pero eso, agregó el especialista, lo determinará una nueva administración democrática, “que decidirá de qué forma se asumirá la pérdida o si el pago del bien, en caso de no poder devolverlo, el pago sea incorporado como deuda pública. Es una situación realmente incierta”.
En otras palabras, la dictadura está generando una nueva inmensa deuda pública que tendría que ser pagada con los impuestos de los nicaragüenses, tal como la generada en los años 80 por 2,200 millones de dólares y que fue cancelada hace pocos años.
Que las nuevas confiscaciones estén en manos del Estado “facilitaría” las cosas
“No hay una respuesta única (a lo que podría pasar). Sin embargo, las personas o instituciones afectadas tienen el legítimo derecho a que se compense su pérdida”, dijo el economista y exdiputado Enrique Sáenz, quien fue desnacionalizado y confiscado por el régimen.
Sáenz explicó que a diferencia de la década de 1980, en esta nueva etapa de confiscaciones, la dictadura ha destinado los bienes al Estado y no a personas naturales, como ocurrió en el pasado.
“Esas propiedades confiscadas ahí están. A diferencia de 1990, que se entregaron a otras personas, en este caso, el Estado se las ha apropiado, lo que facilitaría la situación (para devolverlas)”, resaltó Sáenz.
Lecciones no aprendidas de las décadas de 1980 y 1990
El 11 de mayo de 1990, la entonces presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, emitió un decreto de ley de revisión de confiscaciones asegurando que para la construcción de una democracia basada en la justicia era necesario revisar los actos que produjeron grandes violaciones al derecho de propiedad, sobre participaciones, derechos, bienes muebles e inmuebles y patrimonio de particulares por vía de confiscación, expropiación, ocupación de bienes presuntamente abandonados, invasiones e intervenciones. A través de ese decreto se creó la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones, integrada por el procurador general de justicia y cuatro personas más designadas por la Presidencia.
El artículo 12 del decreto señalaba que “la Ley establecerá la indemnización que debe reconocer el notado a toda persona natural o jurídica que obtenga resolución favorable y cuyos bienes no puedan ser devueltos por razones de reforma agraria o porque estén ocupados por parceleros o por cooperativas que cumplan su función social y económica, o que hayan sido repartidas por el Estado para resolver los problemas de viviendas a personas de escasos recursos o porque materialmente resulte imposible su devolución”.
En la década de 1980, el régimen sandinista emitió decretos confiscatorios de propiedades y bienes de amigos o allegados a la dictadura somocista, que fueron asignados a jefes sandinistas, militares y políticos. Asimismo, fueron confiscadas grandes extensiones de tierra, empresas y fábricas en lo que pasó a llamarse “Área Propiedad del Pueblo”.
Le puede interesar: Por qué el INSS sigue teniendo los días contados, pese a que Ortega le ha inyectado más de US$1,000 millones
No obstante, cuando el sandinismo salió del poder, regresaron a Nicaragua los verdaderos dueños de las propiedades. La revisión de estas confiscaciones, en su mayoría injustificadas, originó una deuda interna de 2,200 millones de dólares que fue pagada por los impuestos de los nicaragüenses a través del Estado.
Las propiedades fueron indemnizadas con bonos
Un exfuncionario público que solicitó el anonimato refirió que la reparación a los dueños originales en la década de 1980 en la inmensa mayoría de los casos fue una fracción del valor de las propiedades.
“Fue una restitución con bonos, no con efectivo. Entonces, no restituían el valor original de la propiedad y al cambiar los bonos para hacerlos líquidos antes de su vencimiento (que era a 25 años), les aplicaban un descuento”, dijo el exfuncionario público.
Los indemnizados no podían o no querían esperar a la maduración de los bonos para recibir su dinero por lo que se veían forzados a liquidarlos al 20, 30 o 40 por ciento de su valor. Esto generó un mercado de bonos que generalmente benefició a jerarcas sandinistas y a personas de alto poder adquisitivo.
No solo los sandinistas piñatearon
Por su parte, Sáenz dijo que se deben evitar errores cometidos en el pasado, cuando, a su parecer, hubo personas que reclamaron bienes hasta dos veces, o propiedades que ya habían perdido ante entidades bancarias.
“Hay que evitar que se repita lo de 1990 que, con las confiscaciones de la década anterior, se produjo una segunda piñata con personas que reclamaron hasta dos veces el valor de sus propiedades”, puntualizó Sáenz.
Lo único claro con esta nueva ola de confiscaciones es que la dictadura Ortega Murillo está generando una nueva deuda pública de inmensas proporciones y que serán de nuevo los nicaragüenses los que tendrán que cargar con el pago de estos abusos cuando, y si alguna vez, la dictadura abandone el poder.