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CONTENIDO EXCLUSIVO.Por primera vez desde 2013 cuando empezó su declive, las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) achicaron el hueco financiero que arrastran, y que tocó fondo en 2018 cuando acumularon el déficit más alto de su historia: 4,739 millones de córdobas. En 2023, la meta oficial era que sus gastos e inversiones superaran en 3,571.7 millones de córdobas los ingresos. Sin embargo, después de cubrir sus obligaciones le quedó un superávit de 137.4 millones de córdobas. El problema es que no lo consiguió porque mejoró su desempeño, sino por las millonarias transferencias estatales que recibió.
A pesar de que la quiebra financiera del INSS es una realidad y que desde el 2021 las reservas técnicas se agotaron, desde 2019 cuando entró en vigencia la más reciente reforma, Daniel Ortega no ha promovido otra que le ponga fin a esta crisis. Prefirió optar por oxigenar las finanzas de la institución a través del Presupuesto General de la República.
Según los Informes de Liquidación de los Presupuestos, entre 2013 y 2023 Ortega le pagó al INSS los 500 millones de dólares de la llamada deuda histórica que el Estado mantenía con la entidad. En 2014 la Asamblea Nacional aprobó una Ley que estableció que esa deuda se pagaría con bonos de la República, sin intereses, a un plazo de 50 años, con pagos anuales de 10 millones de dólares. Sin embargo, la crisis aceleró los pagos y la deuda se canceló en nueve años. Adicionalmente, en el mismo periodo el Estado oxigenó las finanzas del INSS con otros 500 millones de dólares en concepto de: aporte estatal, pago de pensiones especiales, servicio de la deuda interna y apoyo presupuestario.
C$4,150 millones en apoyo presupuestario
El apoyo presupuestario comenzó en 2022, año en que se canceló la deuda histórica. La primera fue una partida de 800 millones de córdobas; y el año pasado subió a 3,350 millones de córdobas. “En apoyo presupuestario se destinan 800 millones de córdobas, para cubrir brecha financiera y de esta manera garantizar el pago de pensiones a los jubilados y gasto de prestaciones médicas”, dice el informe de Liquidación del Presupuesto 2022.
El año pasado la justificación fue la misma. “También es relevante en la ejecución del gasto social… el apoyo presupuestario al INSS con 3,350 millones de córdobas, o sea el 4.9 por ciento del gasto social, para garantizar el pago de las pensiones a los jubilados y sus prestaciones médicas”, dice el informe de 2023.
El superávit registrado al cierre de 2023 es el más bajo desde 2006 cuando, tras retornar al poder, Daniel Ortega recibió la institución con superávits superiores a los mil millones de córdobas anuales. Además, no surgió por el buen desempeño, sino por los 5,724 millones de córdobas (unos 156 millones de dólares al cambio oficial) que el Estado le inyectó al INSS el año pasado.
Estos recursos entraron a través de cuatro partidas del Presupuesto General de la República, distribuidas en: 2,249 millones de córdobas en concepto de aporte estatal; 123 millones para el pago de las pensiones especiales; 3,350 millones en concepto de apoyo presupuestario; y 1.03 millones de córdobas en concepto de pago por deuda interna.
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Sistema está agotado, no aguanta más reformas
Para el economista y exreo político desterrado, Juan Sebastián Chamorro, la crisis estructural que enfrenta el INSS demandará que los montos que el Estado le transfiere crezcan cada año y esto no es sostenible, ya que el modelo de reparto que funciona en Nicaragua está diseñado para recaudar recursos de los cotizantes activos para cubrir la creciente demanda de los jubilados.
A esto se suma la alta informalidad laboral y la cantidad de asegurados que han abandonado el sistema; de hecho en febrero tenía 804,668 afiliados, es decir 109,528 menos en relación a los 914,196 que tenía antes del estallido de la crisis sociopolítica de 2018. Mientras tanto, por el envejecimiento de la población, la demanda de los jubilados crece a mayor ritmo.
“Entonces esto hace que el INSS, como todo sistema de reparto, termine eventualmente en quiebra. Esto no es un tema de opinión. Es básicamente ciencia actuarial y es un error de diseño de los sistemas de reparto que cuando se fundaron, en el caso de Nicaragua en los años 50, la cantidad de jubilados era cero y la población era muy joven, pero estructuralmente la población va cambiando”, señala Chamorro.
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INSS ya agotó las posibles reformas
El también economista y exdiputado opositor desterrado, Enrique Sáenz, coincide con Chamorro en que la crisis del INSS es estructural. Pero considera que esto se agrava por el modelo económico impulsado por Ortega, que tras 17 años en el poder demostró su incapacidad para generar empleos formales. “Aunque es un dato que no suele mencionarse, desde el 2017, antes de la crisis de abril 2018, el INSS había comenzado a perder afiliados a causa precisamente de la incapacidad de la economía para generar empleos formales”, manifiesta Sáenz.
Además, Sáenz recuerda que el principal indicador de este problema estructural es la relación entre el número de afiliados y el de pensionados. En 2007 cuando Ortega retornó al poder, la relación era de 5.52 afiliados por cada pensionado; pero esta relación se ha reducido a 2.70 afiliados por cada pensionado. “Cada vez son más pensionados, cuyas pensiones descansan en cada vez menos afiliados. Esa situación es insostenible y es externa al INSS. En conclusión, con Ortega en el poder y con la economía cristiana, socialista y solidaria, lisa y llanamente el INSS no tiene solución de fondo”, sentencia Sáenz.
Además, el exdiputado recuerda que con la reforma que entró en vigencia en 2014 se dijo que garantizaría el equilibrio financiero de la institución hasta 2034. “Pero en 2018 estaba de nuevo haciendo aguas; y la segunda tanda de reformas de 2019 tampoco dieron resultado ya que el déficit sigue creciendo”.
Es por ello que Chamorro considera que el sistema ya agotó las reformas que podían hacerse: “Disminuyó la fórmula de cálculo de las pensiones nuevas, algo que es sumamente impopular; subió la tasa de cotización del régimen general y del facultativo. ¿Entonces qué queda?”, pregunta.
Eliminar la corrupción del INSS
Para Sáenz la corrupción, el despilfarro y la ineficiencia impactan en las finanzas del INSS y eliminar esas prácticas contribuiría a mitigar la crisis. Pero admite que “esto significaría afectar los intereses de la mafia en el poder que parasita los recursos de la institución”, por tanto, es algo que no ocurrirá.
Chamorro considera que una nueva reforma paramétrica compraría tiempo, pero tarde o temprano una nueva ola actuarial hundiría nuevamente las finanzas de la institución, ya que el proceso de envejecimiento incrementa las demandas de los jubilados a una velocidad mayor que el aporte de los cotizantes.
Por tanto, lo poco que queda por hacer es una nueva reforma, sería aumentar la edad de jubilación. “Pero eso no lo hará nunca Ortega porque es una de las medidas más impopulares en este tipo de reformas. Entonces lo que está haciendo es tapando el hueco financiero a través de la vía del Presupuesto General de la República, y así va a seguir haciéndolo hasta que vaya consumiendo una mayor proporción de los recursos y eso no es sostenible”, advierte Chamorro.