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CONTENIDO EXCLUSIVO.Con más de un año de atraso, el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) publicó esta semana el anuario estadístico 2021. El documento revela que como se temía, en ese año las reservas técnicas de la institución se agotaron y ahora lo que hay es deuda y a partir del 2022 el INSS estaría insolvente.
Esto a criterio de especialistas significa que no hay recursos para atender las obligaciones con los asegurados. Por tanto, puede ser el preludio de una nueva reforma que eleve aún más el monto de las cotizaciones de trabajadores y empleadores, y reduzca los beneficios de asegurados y jubilados.
Según los especialistas, las reservas técnicas son “las previsiones que las instituciones determinan a través de estudios y cálculos actuariales, para garantizar el otorgamiento de las prestaciones diferidas que están obligados a proporcionar” en el futuro.
Deuda sustituyó reservas
En 2014 el INSS tenía 10,464 millones de córdobas en reservas técnicas, pero a partir de ese año comenzaron a reducirse. El anuario estadístico 2021 revela que en lugar de reservas técnicas ahora el INSS tiene una deuda de 2,697 millones de córdobas. De ese monto, 2,563 millones de córdobas corresponden a la rama de invalidez, vejez y muerte, y los restantes 134 millones a riesgos profesionales.
La deuda que sustituyó las reservas técnicas surge de los 2,905 millones de córdobas en déficit que acumuló la institución durante el 2021, menos los 273 millones en reservas técnicas con los que cerró el 2020. Hasta ahora las autoridades no se pronuncian sobre la gravedad de la crisis que enfrenta desde 2021 la seguridad social nicaragüense de la que dependen más de un millón de nicaragüenses, entre pensionados y casi 800 mil trabajadores que actualmente cotizan a la entidad.
En diciembre del 2020, el régimen de Daniel Ortega se vio forzado a tomar 2,084.6 millones de córdobas (alrededor de 73.3 millones de dólares), de un préstamo que consiguió del FMI para inyectárselos al INSS, que no tenía fondos para garantizar la cobertura de sus gastos, sobre todo el pago de las pensiones a los jubilados y los servicios médicos de cara al 2021.
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Estado deberá cubrir los déficits
Especialistas en seguridad social, que por temor a represalias piden anonimato, explican que desde el 2013 cuando la entidad comenzó a registrar déficits, porque sus gastos empezaron a ser superiores a sus ingresos, se advirtió que las reservas se agotarían, ya que con ellas se cubrían estos déficits.
Lo anterior implicó que a partir de 2022 al no contar con reservas, el INSS dependiera del apoyo estatal para cubrir sus déficits. En los últimos años se han garantizado transferencias presupuestarias al INSS para garantizar su operatividad; lo que meterá más presión a las finanzas públicas que enfrentan un entorno adverso.
La insolvencia que finalmente se concretó se venía advirtiendo desde hace varios años. Los estudios actuariales que se realizaron entre 1995 y 2017 pronosticaron que ocurriría entre 2019 y 2024. En 2016 el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que las reservas se agotarían en 2024, pero en 2017 actualizó la fecha y aseguró que estas desaparecerían en 2019. Dichos cálculos fallaron por dos años, ya que finalmente en 2021 lo temido ocurrió.
Junto con la advertencia de que el INSS caería en insolvencia, especialistas nacionales y extranjeros recomendaron reformas profundas que nunca se aplicaron. Las de 2014 y 2019 se limitaron, según los especialistas, a colocar parches a través del incremento del monto de los aportes por cotización, pero no redujeron los gastos administrativos que se consideraban demasiado elevados y una de las causas de los déficits, aunque no la única.
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Especialistas lo advirtieron
En los últimos años economistas advirtieron que además de la disparidad entre ingresos y gastos de la institución, otros factores que encaminaban a la insolvencia al INSS eran la precariedad del mercado laboral, en el que alrededor del 60 por ciento del empleo es de muy baja productividad e ingresos.
Otro factor que influyó fue el acelerado proceso de envejecimiento de la sociedad nicaragüense, en la que cada año hay más adultos mayores en relación con las población económicamente activa. Esto para el INSS se traduce en un aumento acelerado de la cantidad de pensionados en relación con el número de cotizantes
Esta situación se agudizó con el éxodo masivo de nicaragüenses que abandonaron el país desde el estallido de la crisis sociopolítica de 2018, surgida tras la aprobación de una fallida reforma a la seguridad social que, entre otras cosas, tasaba las pensiones y elevaba el monto de las cotizaciones. En general la crisis provocó la pérdida de unos 250 mil cotizantes que el INSS aún no recupera totalmente. Y en 2019 la reforma se aplicó sin que empleadores y trabajadores, afectados por el incremento del monto de las cotizaciones y la reducción de beneficios, pudieran oponerse.
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¿Qué pasará con el INSS?
A criterio de los especialistas, la situación de insolvencia que enfrenta el INSS solo puede revertirse con una reforma profunda que, entre otras medidas, tendría que separar el pago de pensiones especiales y reducidas, que debería asumir el Estado. Pero también incrementar las tasas de cotización laboral y patronal, que ya figuran entre las más altas de la región e incluso elevar la edad de jubilación. Es decir, “exprimir al máximo a trabajadores y empleadores”, dice uno de los especialistas.
No obstante, ellos advierten que en las actuales condiciones económicas y sociales que el país enfrenta, una decisión de este tipo puede traducirse en despidos masivos y cierre de empresas. Incluso de transnacionales que podrían trasladarse a otros países donde encuentren cargas impositivas más bajas y un ambiente empresarial menos hostil que el que actualmente ofrece Nicaragua.
“Esto podría mandar mensajes de desaliento. Decirle a los empleados usted va morir trabajando. A los empresarios, es mejor invertir en otros países. Y al trabajador joven váyase de Nicaragua a cotizar a otro país porque aquí la seguridad social no tiene solución”, dice uno de los especialistas.
Ellos consideran que en las actuales condiciones del país el problema es más grave, porque para enfrentar el problema del INSS deben haber empresas que generen empleos y para que estas funcionen, se instalen en el país, se requieren grandes inyecciones de capital, que solo se hacen en países donde impera el Estado de derecho, algo que en Nicaragua no existe, por tanto, no llegarán las grandes inversiones que se requieren para salvar al INSS.
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